La resistencia del Gobierno Alemán, junto con el operativo económico-financiero de la UE, incluido el BCE, a facilitar el acceso al crédito europeo de forma justa y sostenible de España e Italia, hacen que cada vez más se presuma una intervención nacional por parte de la UE de España, y quizá de Italia.

Y ello pese a los desmentidos de líderes políticos españoles, como Cospedal, que junto con la calculada ambigüedad de Rajoy sobre el tema, hacen sospechar que la intervención cada vez está más cerca; pues ya conocemos la escasa credibilidad de afirmaciones y desmentidos que también bajan el valor de la “palabra del político español” –desacreditada como nunca-.

Es de suponer que el presidente Rajoy –que se despidió con un gesto ácido revelador del pesimismo existente actualmente en España al decir “Al que pueda, felíces vacaciones”- esté incrementando los contactos con Alemania y la UE para conocer las auténticas condiciones que impondrían en caso de la hipotética y cada vez más probable intervención, para disponerse a solicitarla, pues “a la fuerza ahorcan”. Y el próximo otoño se teme especialmente caliente en nuestro país, tanto si se interviene como si no se interviene la economía, que ya está teledirigida en Berlín desde hace un par de años.

Ello no obstante, plantea un problema de fondo político en España, pues tal hecho supone necesariamente que se revise el sistema autonómico, se ajuste como lo ajustó Alemania en la época del canciller Schreder, para hacerlo viable política y económicamente, ante los palpables desequilibrios que muestra en la actualidad.

Pero precisamente para acometer esa reforma, como también para aunar los esfuerzos de la Nación española habrán de ponerse de acuerdo las distintas fuerzas políticas representativas del país, especialmente las de Gobierno y Oposición; lo cual pasaría por un “pacto de Estado” –que hace un par de años, debió haberse suscrito, pese a las apetencias políticas de unos y otros, pues el país no está para veleidades-. Si bien, como todo pacto, no se puede imponer unilateralmente, ni mucho menos desde fuera de nuestras fronteras, pues la soberanía nacional no puede ser subvertida en momento alguno. El consenso ha de ser fruto de un amplio, sincero y profundo análisis y debate sobre la situación de crisis, sus soluciones, y finalmente el rumbo que realmente resulte menos incómodo y traumático para la sociedad española.

Cierto es que lo que se debe hay que pagarlo, pero no puede ser a toda costa y por encima de todo. Y así, asumida realistamente la situación de débito, también hay que buscar una salida igualmente realista de pago –con sus plazos e intereses, igualmente realistas y justos, pues no cabe asumir que se tenga que hacer todo ello en uno o dos años, ya que es tanto como asfixiar al Estado y someter a excepcionales sufrimientos a la sociedad española, lo cual en sí mismo es injusto-. Motivo por el que nuestros gobernantes tampoco pueden plegarse sin más a las exigencias de cobro de los acreedores. Ya que si es menester, también cabría las “quitas y esperas” en la negociación seria de la deuda, de una deuda que hace ya un tiempo que está a unos intereses injustos e insostenibles, lo que éticamente legitima por sí mismo las acciones referidas de “quita y espera”.

Y en última instancia, también habría que analizar la tesis expuesta por Gaspar Llamazares, sobre la conveniencia de permanecer en el ámbito del “euro”, en unas condiciones privativas para nuestro país. Tesis sobre la que habría que profundizar, especialmente ante la tozudez de la parte acreedora que evoluciona desde aparentes acercamientos hasta el enfriamiento más distante, que supone un tratamiento intransigente de un problema que no sólo es de España, sino de varios países más, entre los que podría extenderse el pesimismo de unas intransigentes medidas, de unos socios que en los momentos de crisis no muestran su colaboración, sino unas exigencias impropias de cualquier tipo de relación social –que dicho sea de paso, también habría que revisar, llegados a este punto-.

Pues realmente, ¿qué es la UE?, es un constructo político internacional a medio edificar; que temerariamente se lanzó a crear una moneda sin tener los mecanismos de cohesión fiscal, financiera, y política debidamente articulados, arrastrando a países bisoños como España –que nos mostramos más europeístas que los propios europeos centrales- sin las menores garantías, a cambio de ayudas –que condicionaron también nuestra economía, pues cercenaron parte de nuestro sector agropecuario y pesquero- y nos predispusieron hacia un mercado común en que han triunfado habitualmente los productos industriales de otros países, dejando a España como un país meramente de servicios, dejando poco espacio para la decisión soberana española sobre su propio destino; pero se aceptó mientras dio dinero y colocó a parte de la clase política entre los “euroburócratas” bien pagados de Bruselas. Si bien, nos acabamos de “despertar de tan feliz sueño”, y descubrimos la dura realidad en que estamos, constatando realmente dónde reside el poder de decisión de la UE, cada vez más alejado de la ciudadanía, y por supuesto de las fronteras españolas.