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Y aumentar hasta el 3% del PIB la inversión en I+D+i para 2030

El Senado pide un pacto por la ciencia

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La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de PNV, una moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un Acuerdo por la ciencia que incorpore a todas las fuerzas políticas y a todos los agentes del Sistema, en el que se garantice la estabilidad presupuestaria destinada a la I+D+i.


La incitativa, presentada por el PSOE, es resultado de una transaccional que pide además incrementar progresivamente los recursos dirigidos a innovación en I+D, recuperando como objetivo estratégico alcanzar una inversión total, pública y privada, de el 2% del PIB para 2020 y el 3% para 2030.

La iniciativa también contempla analizar los primeros pasos de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y tomar las medidas que sean necesarias para consolidar y alcanzar una gestión óptima de sus recursos y actuaciones; y fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del sistema, eliminando barreras normativas y procedimentales.

Igualmente, insta a garantizar la suficiencia y regularidad de las convocatorias de proyectos, ampliando la dotación del Fondo Nacional y uniendo a la evaluación 'ex ante', para la concesión de los proyectos, la rendición de cuentas 'ex post', de modo que el rendimiento y grado de consecución de objetivos sea una variable para la concesión de proyectos futuros; analizar y reforzar el mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares aprobado por todas las Comunidades Autónomas en 2014; y coordinar las instalaciones nacionales con las internacionales para promover la participación española en los centros más relevantes.

ALIGERAR TRÁMITES BUROCRÁTICOS
Asimismo, se exige revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en materia de I+D, aligerando sustancialmente los trámites burocráticos que ha de realizar el personal investigador.

Del mismo modo, se pide elaborar y desarrollar un plan de difusión, comunicación y cultura científicas que, en colaboración con las comunidades autónomas, municipios, universidades, OPIs y otras instituciones, favorezca la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para ello, la FECYT actuaría como catalizador de la propuesta a través de su Plan de actuación.

Finalmente, se reclama al Gobierno potenciar y reforzar los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la Innovación Tecnológica existentes, y apostar por la conexión y movilidad entre los agentes públicos y privados, de forma que se consoliden las relaciones estratégicas y duraderas entre empresas, universidades y centros públicos de investigación, así como incentivar y cofinanciar los proyectos realizados en colaboración público-privada, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de nuevos productos y servicios.

Por otro lado, la Comisión ha rechazado, con los votos del PP una moción de Nueva Canarias por la que se instaba a iniciar los contactos necesarios de cara a suscribir un convenio entre Economía, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de cogestión del Banco Español de Algas (BEA), que garantice el mantenimiento de la colección de microalgas y cianobacterias.

El Senado pide un pacto por la ciencia

Y aumentar hasta el 3% del PIB la inversión en I+D+i para 2030
Redacción
jueves, 19 de octubre de 2017, 19:02 h (CET)

La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de PNV, una moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un Acuerdo por la ciencia que incorpore a todas las fuerzas políticas y a todos los agentes del Sistema, en el que se garantice la estabilidad presupuestaria destinada a la I+D+i.


La incitativa, presentada por el PSOE, es resultado de una transaccional que pide además incrementar progresivamente los recursos dirigidos a innovación en I+D, recuperando como objetivo estratégico alcanzar una inversión total, pública y privada, de el 2% del PIB para 2020 y el 3% para 2030.

La iniciativa también contempla analizar los primeros pasos de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y tomar las medidas que sean necesarias para consolidar y alcanzar una gestión óptima de sus recursos y actuaciones; y fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del sistema, eliminando barreras normativas y procedimentales.

Igualmente, insta a garantizar la suficiencia y regularidad de las convocatorias de proyectos, ampliando la dotación del Fondo Nacional y uniendo a la evaluación 'ex ante', para la concesión de los proyectos, la rendición de cuentas 'ex post', de modo que el rendimiento y grado de consecución de objetivos sea una variable para la concesión de proyectos futuros; analizar y reforzar el mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares aprobado por todas las Comunidades Autónomas en 2014; y coordinar las instalaciones nacionales con las internacionales para promover la participación española en los centros más relevantes.

ALIGERAR TRÁMITES BUROCRÁTICOS
Asimismo, se exige revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en materia de I+D, aligerando sustancialmente los trámites burocráticos que ha de realizar el personal investigador.

Del mismo modo, se pide elaborar y desarrollar un plan de difusión, comunicación y cultura científicas que, en colaboración con las comunidades autónomas, municipios, universidades, OPIs y otras instituciones, favorezca la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para ello, la FECYT actuaría como catalizador de la propuesta a través de su Plan de actuación.

Finalmente, se reclama al Gobierno potenciar y reforzar los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la Innovación Tecnológica existentes, y apostar por la conexión y movilidad entre los agentes públicos y privados, de forma que se consoliden las relaciones estratégicas y duraderas entre empresas, universidades y centros públicos de investigación, así como incentivar y cofinanciar los proyectos realizados en colaboración público-privada, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de nuevos productos y servicios.

Por otro lado, la Comisión ha rechazado, con los votos del PP una moción de Nueva Canarias por la que se instaba a iniciar los contactos necesarios de cara a suscribir un convenio entre Economía, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de cogestión del Banco Español de Algas (BEA), que garantice el mantenimiento de la colección de microalgas y cianobacterias.

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