El proyecto de reforma de la Ley Audiovisual que flexibiliza la gestión de las televisiones públicas autonómicas y permite su privatización será aprobado hoy de forma definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El texto ha tenido que regresar a la Cámara Baja al haberse introducido en el Senado una enmienda transaccional pactada por todos los grupos, relativa a la regulación de la emisión en televisión de pornografía, violencia y escenas de maltrato.

El proyecto, tramitado por vía de urgencia, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril. Cuando la norma se publique en el BOE y posteriormente entre en vigor, los gobiernos autonómicos con canales públicos podrán decidir si continúan o no con la gestión de estos, y si quieren optar por acuerdos con terceros para la producción, edición o emisión conjunta de contenidos. La ley también establece que, a partir de ahora, los canales autonómicos públicos tendrán fijado un techo de gasto que no podrán rebasar. Los Ejecutivos regionales de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ya han expresado su intención de permitir la entrada de capital privado en sus operadores.

Según el ministro de Industria, José Manuel Soria, la ley busca "ampliar la posibilidad de las comunidades para decidir libremente" sobre la gestión de unos canales que han acumulado una importante deuda en los últimos años. En cambio, para la oposición, la norma quiebra el modelo público de televisión y supone una "invasión" en las competencias autonómicas.

Con motivo de la tramitación parlamentaria de la ley, el PP ha recabado las previsiones presupuestarias de doce televisiones regionales (no está incluida la extremeña) y le sale una estimación de gasto de 858 millones de euros, según el ponente popular de la ley en el Senado, Alejandro Muñoz-Alonso.

“Pero los expertos calculan que serán necesarias aportaciones de fondos extraordinarios para cubrir los déficits de explotación que se producirán con toda probabilidad por la caída de la publicidad”, señala el senador.

Los datos que maneja el PP reflejan que las televisiones públicas autonómicas tenían empleadas en 2010 a un total de 7.260 personas, con un coste en personal de 410 millones de euros, el 48% del total de gastos de ese ejercicio. “Eso para cualquier empresa privada se consideraría insostenible y ruinoso y quebraría indefectiblemente”, afirma Muñoz-Alonso.

La catalana TV3 es la que tenía en 2010 una plantilla más voluminosa (1.959 trabajadores), seguida de Canal 9 (1.291), Canal Sur (1.016) y Telemadrid (990). “Compárese esto con las cerca de 500 o 600 empleados que tienen las grandes cadenas privadas de alcance nacional", afirma Muñoz-Alonso.

La autonómica más cara es la vasca (ETB), con 50,8 euros por habitante y año. En el medio de la tabla se encuentran TV3 (35,9) y la gallega (TVG) con 31 euros. Telemadrid es la más barata, con 14,42 euros.