El Estado ingresaría unos 1.818 millones de euros anuales con el cobro de un peaje a todos los vehículos que realicen viajes de larga distancia por las carreteras de alta capacidad, según un estudio de la patronal de grandes constructoras Seopan.

Este importe podría elevarse hasta un máximo de 2.250 millones de euros si la demanda fuera "insensible" al peaje, esto es, en caso de que la intensidad de tráfico no cayera tras la articulación de la tasa.

En cuanto al importe básico de ingresos calculado por esta organización, dos terceras partes del monto total, unos 1.205 millones de euros, procederían de la circulación de vehículos ligeros.

El 33% restante (613,5 millones de euros) provendría del cobro de la tasa a camiones y otros vehículos pesados que circulen por estas vías, según los datos del estudio de Seopan que recoge Europa Press.

Por tipo de vías, la red de autovías de primera generación dependientes del Ministerio de Fomento son las que más recaudarían, unos 898 millones de euros al año. El resto de la red de carreteras estatal aportaría 673 millones y las dependientes de las comunidades autónomas, otros 247 millones.

SISTEMA "MENOS SEVERO".
En su estudio de viabilidad sobre tarificación por uso en infraestructuras de carreteras, realizado el pasado año y que incluye en su informe anual, Seopan propone cobrar sólo peaje por los tráficos de larga distancia, el sistema "menos severo de cuantos se pueden formular", según apunta.

El cobro de los peajes se realizaría en las fronteras de las provincias, en las que, a partir de sus cálculos, se instalarían unos 67 puntos de cobro.

En su análisis, la patronal constructora defiende la articulación de este peaje al considerar que "supondría poner en valor una parte importante del 'stock' de capital público", además de "iniciar un proceso de convergencia hacia la representatividad que las autopistas de peaje tienen en la red de alta capacidad de otros países europeos".

Asimismo, considera que los ingresos extrapresupuestarios que generaría este peaje permitiría "recuperar y estabilizar el peso de la inversión pública respecto al PIB", actualmente en mínimos históricos de entre el 1,4% y el 1,7%.