Si el presidente de la Generalitat da una respuesta ambigua la próxima semana al requerimiento de Rajoy pueden pasar varias cosas.

Una de ellas es que el presidente del Ejecutivo interprete que no se ha declarado la independencia, aunque es evidente que si se declaró en la sesión del Parlament catalán. Con leer o escuchar la grabación de lo que dijo Puigdemont es suficiente para darse cuenta de su proclamación de un estado independiente en Cataluña. Diversos expertos en Derecho y periodistas de prestigio, como Carlos Alsina, también han afirmado que ha habido una declaración de independencia explícita. Y no hace falta ser un gran hermeneuta para darse cuenta de ello.

Si Rajoy cree que no se ha declarado la independencia no hará nada, aunque, en realidad, se esté conformando la estructura política y administrativa de una república catalana en los próximas semanas y meses.

Y, si Cataluña entra en una recesión económica, debido a la actitud testaruda de los dirigentes independentistas extremistas y anárquicos puede arrastrar al resto de España a una gran crisis económica.

Lo que habría que hacer, a mi juicio, es destituir a Puigdemont y a otros altos cargos del Govern catalán y obligar por la fuerza a que se recuperara la legalidad constitucional. De este modo, todo quedaría en orden.

Y, si es necesario utilizar el Ejército, habría que ordenar que apoyara a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en las labores en las que fuera indispensable para hacer frente al desafío a las leyes, al Gobierno central y a las sentencias de los tribunales.

Que Pedro Sánchez pretenda limitar el uso del artículo 155 a la convocatoria de elecciones me parece insuficiente y erróneo. Porque es, como si diera por seguro, que no ha habido declaración de independencia. Y los dirigentes de la Generalitat han reiterado por activa y por pasiva que la república catalana es algo irrenunciable y ya la han proclamado. Y no van a renunciar de ninguna manera a lo que han logrado.

El famoso referéndum pactado que parece ser el gran remedio para el conflicto político catalán ya es innecesario para los independentistas. No quieren un sistema estatal federal en el que no sean un Estado respecto a España. Y esto no es comprendido por algunos dirigentes políticos del PSOE.

Se pueden dar todas las vueltas que se quieran a las frases y a los discursos, pero el federalismo o el plurinacionalismo no son aceptados por la CUP y, en general, por las otras formaciones políticas secesionistas.

Un Estado de Derecho como España está absolutamente legitimado para enviar a las Fuerzas Armadas a Cataluña, con el claro propósito de que se obedezcan las leyes y el ordenamiento legal vigente. Lo que no puede ser, en mi opinión, es que por miedo a la reacción de, por ejemplo, 900.000 independentistas, si detienen a Puigdemont o lo destituyen, no se haga nada y se esté a la espera de más acontecimientos.

Lo que ya ha pasado políticamente en Cataluña es, a mi juicio, muy grave. Me pregunto ¿Qué más tiene que ocurrir? Es la demostración de la falta de autoridad del Gobierno respecto a la Generalitat que incumple sentencias de los altos tribunales del Estado, se salta las leyes a capricho y también los procedimientos legales y reglamentarios en el Parlament.

Siento tener que decirlo, pero es así. Y no se toman decisiones al respecto. De este modo, impera la impunidad en muchos casos y situaciones. El tiempo de reacción del Gobierno español se está acabando muy rápidamente.

Si dentro de unos meses o un año la república catalana está estructurada como un Estado, ya no habrá soluciones y habrá que aceptar la fuerza de los hechos y de la realidad. No servirán las lamentaciones sobre lo que haya sucedido.