Definitivamente, deberemos reconocer que, los ciudadanos suelen ser los últimos que se enteran de aquellas decisiones de los políticos que, no obstante, al fin y al cabo, suelen ser los destinatarios directos de las consecuencias de aquellas. Y, una vez más, cuando parecía que el separatismo catalán había entrado en franca crisis, como consecuencia de los recientes acontecimientos producidos a partir de esta equívoca declaración de independencia, con la creación de una república catalana, la más efímera de la historia, debido a que, en unos segundos, fue abortada por el mismo Puigdemont cuando pidió al Parlament catalán la inmediata suspensión de la misma, para dar tiempo a que, el Estado, reconsiderase su postura e iniciase conversaciones, como aclaró más tarde el señor Junqueras: “sin condiciones previas”, pero que era fácil colegir que, con el telón de fondo de la premisa sine qua non de que, aquello de qué se tratase, debería estar relacionado con las medidas y los plazos dentro de los cuales se deberían acordar los términos en los que, de común acuerdo, se debiera llegar a una hipotética separación de Cataluña de España.

Si ya sospechábamos que, el acuerdo al que llegaron P. Sánchez y Rajoy, por el que, el primero, se prestaba a apoyar a Rajoy, juntamente con Ciudadanos, para oponerse al intento de los separatistas catalanes de declarar, de forma ilegal e inconstitucional (como decidió el TC), la constitución unilateral de la república catalana independiente, en la sede del Parlament Catalá; escondía algún truco o engaño. No tardamos en averiguar el secreto de “tanta magnanimidad” por parte del correoso líder socialista, cuando supimos que, a cambio, Rajoy había aceptado que se constituyera la comisión que Sánchez llevaba tiempo pidiendo para tratar, entre otros temas, del asunto catalán y la reforma constitucional. En efecto, don Mariano parece que, en su afán de no tener que asumir la responsabilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, sin más apoyo que el de Albert Rivera, de Ciudadanos; aceptó cambiar cromos con el señor Sánchez, dejándose arrastrar a otra de las trampas en las que, a pesar de su inteligencia, va cayendo con más frecuencia que la que sería deseable nuestro presidente. Es fácil deducir que, quienes saldrían más beneficiados, en principio, de una pretendida modificación de la Constitución, en la que los socialistas pretenden introducir la conversión de España en un país federalista, serían estos separatistas que, con un sistema federal les sería más fácil dar el paso siguiente para separase de España.

Ya comentamos, en otra ocasión, el peligro que entraña para la España democrática el abrir el melón constitucional, sin antes condicionar qué parte de la Constitución fuera la que se debería modificar, en qué sentido y con qué limitaciones. Lo contrario sería abrir una etapa en la que, si antes no se llevaran a cabo unas nuevas legislativas que aclararan el panorama político del país y se aseguraba el compromiso de una mayoría constitucionalista, que garantizase que la reforma propuesta no acabara llevándonos a un caos, algo muy probable teniendo en cuenta la clase de izquierda, mejor dicho extrema izquierda, que se ha hecho dueña de una parte importante del voto ciudadano y que, como es evidente, se ha constituido, en un avalista del movimiento separatista catalán, seguramente con la intención, como ya se ha visto en las manifestaciones en otras ciudades españolas, de que les sirviera de cabeza de puente y ejemplo para sucesivos intentos de trocear el país por métodos revolucionarios6.

No entendemos, aunque si lo sospechamos, qué motivos pueda tener el Gobierno español, seguramente empujado por la señora Vicepresidenta ( recordemos que fracasó en sus intentos de convencer a los empresarios para que se mostraran más abiertos a enfrentarse con el señor Puigdemont) para que, después de la declaración del martes a cargo del presidente de la Generalitat catalana, en la que se pretendió presentarle un órdago al Estado español; después del oportuno discurso del Rey en el que no se mencionaba, para nada, la posibilidad de establecer un diálogo y del ultimátum que se le dio a Puigdemont, para que aclarara con un sí o un no, si su intención había sido declarar la república independiente catalana o no; ahora, curiosamente, se hable de nuevos diálogos. Pero de ¿qué nuevos diálogos se puede hablar con esta gente? ¿Este diálogo que tanto se repite sería con los que ya están acusados de sedición, de desobediencia, de malversación de caudales públicos y de prevaricación?, ¿ en qué quedamos y qué clase de juego es este con el que nos están dando gato con liebre, en un momento en el que debería quedar claro que no hay nada de qué hablar con estos sediciosos y, en todo caso, lo que se debería hacer, a posteriori de que se restableciera totalmente la legalidad en Cataluña y hubiese unos nuevos representantes de Cataluña con los que se pudiera tratar; sería acordar, conjuntamente con el resto de comunidades españolas, los términos de un sistema de financiación más equitativo y sin que ello significase que, el resto de autonomías, salieran perjudicadas por una pretendida mejora de la subvención a Cataluña.

Creemos justo que se puedan tratar, en su momento oportuno, de los problemas singulares que pueda tener la comunidad catalana, pero estamos en contra de que, precisamente cuando en España se ha producido una reacción en contra de las pretensiones de los separatistas; cuando el patriotismo español, milagrosamente, ha renacido de un letargo en el que, las izquierdas y los separatistas, se habían encargado de que fuera considerado como un defecto, una sosería, un sentimiento absurdo; nos parece que se podría considerar como una rendición, una falta de respeto para los españoles y, entre ellos, los que vivimos en tierras catalanas que somos los que hemos tenido que sufrir, durante años, las imposiciones absurdas de quienes nos han considerado como enemigos suyos cuando, en la realidad, los que vinimos de fuera hemos sido los que hemos ayudado a que, esta parte de España, progresara y enriqueciera a los oriundos.

Contrariamente a lo que se habían propuesto quienes maquinaron la consulta ilegal del 1.O, su plan ha fracasado y, aunque consiguieron provocar algunas cargas de la Guardia Civil y fueron capaces de engañar, con cifras inventadas de heridos y con fotos trucadas, a una parte, la que más estaba interesada en creérselo del extranjero; la realidad ha sido que no hay nación europea ni las grandes potencias americanas, como ha sido el caso de los EE.UU y Canadá, que no hayan apoyado sin el menor resquicio de duda al Estado español y al régimen constitucional democrático, ante una rebelión que ha sido incapaz de conseguir la simpatía más que la de aquellos que lo que buscan es la anarquía y la aplicación de regímenes dictatoriales en nuestra nación.

Queremos que se solucione, cuanto antes, el problema catalán. Deseamos que la quiebra que se ha producido entre catalanes se pueda solventar dentro del menor tiempo posible pero, estos deseos no pueden ignorar que se ha producido un grave intento de quebrar la legalidad, de incumplir las normas constitucionales que todos debemos obedecer y que se ha producido una grave situación que ha mantenido en vilo a una parte importante de los catalanes, que nos consideramos españoles, y ha producido importantes pérdidas económicas a empresas ubicadas en esta autonomía, que no pueden quedar sin su correspondiente castigo si es que, como se debe ser, estamos en un verdadero Estado de Derecho en el que nadie, por meros intereses políticos, puede ignorar las responsabilidades de los delincuentes,11 en base a unos presuntos acuerdos políticos con la intención de echar tierra sobre unos hechos verdaderamente merecedores de que la Justicia actúe, con toda la contundencia para que, quienes son responsables de ellos, reciban la sanción que les corresponda según el delito o delitos cometidos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, un ciudadano que ya está harto de que le vendan por buenas una serie de decisiones que no son más que arreglos políticos, convenidos por aquellos que no tienen el valor, la honradez, la energía y el pundonor suficientes para asumir que, en política, quienes gobiernan tienen la obligación, por encima de sus intereses partidistas, particulares, económicos y personales, de cumplir con su deber, responder ante sus votantes de las promesas que se les hicieron y asumir, cuando llega el momento, la responsabilidad que le corresponda por muy cuesta arriba e incómoda que le resulte. En caso contrario, que se retire de la política y de paso a quienes reúnan las cualidades precisas para ocupar dignamente el cargo público al que aspire.