El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana comparecerán este viernes en la Audiencia Nacional investigados por un delito de sedición por el dispositivo que se montó ante la Conselleria de Economía para proteger la seguridad mientras actuaba la Guardia Civil en un operativo para impedir el referéndum.

Los Mossos han asegurado que los dos mandos aportarán "toda la información sobre las actuaciones que el cuerpo realizó en el dispositivo" del 20 de septiembre para mantener el perímetro de seguridad en el edificio del Govern mientras duraba la actuación del Instituto Armado.

Tras conocerse esta citación, la jefatura de los Mossos se dirigió a sus agentes a través de una circular interna asegurándoles que han cumplido instrucciones y órdenes judiciales con "el máximo rigor y profesionalidad".

También este viernes comparecerán el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tras ser citados en calidad de investigados por un presunto delito de sedición, aunque ambos han solicitado suspender su citación judicial.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de ambas entidades, al margen de que luego se acojan a su derecho a no declarar ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

"FALSEDADES", DICE CUIXART
El mismo Cuixart aseguró este miércoles que el escrito de Fiscalía que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite está "lleno de imprecisiones y falsedades", y que no reconoce el delito de sedición por el que quieren que vaya a declarar.

En un correo interno de la ANC, al que ha tenido acceso Europa Press, manifiestan que Sànchez tiene todo el apoyo del Secretariado Nacional y que, como en otras ocasiones, una delegación de personas le acompañará a la capital española.

Desde ambas entidades se ha defendido que, en ningún caso, se llamó a utilizar la violencia y estuvieron en constante comunicación con los Mossos d'Esquadra y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar cualquier tipo de altercado y aislar cualquier elemento que perturbara el orden público.