Por el bien de todos se requieren servidores auténticos, con compromiso hacia ese bien colectivo, que cultiven la honradez y el sentido de Estado, ejemplarizando sus actuaciones. Los españoles, precisamente, estamos viviendo ahora momentos muy graves para nuestra vida democrática, en parte porque los poderes del Estado caminan como aletargados. Debiéramos saber que las normas nos obligan a todos y están hechas para cumplirlas y hacerlas cumplir. La pasividad nunca fue buena, pues aunque la legislación pueda parecernos enérgica, más poderosa es su necesidad en el océano de nuestra existencia.
Miremos los muros de la patria mía, que diría el poeta. Volvamos los ojos a nuestra Madre Patria, donde predecía ya Machado en su época, que de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Indudablemente, determinadas autoridades de Cataluña, como ha dicho el Rey en su impecable discurso reciente para tratar el conflicto de Cataluña, consciente y deliberadamente, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía. Bajo esta manera de obrar, totalmente irrespetuosa y desleal con los poderes del Estado, no cabe diálogo alguno. Para dialogar es menester asentar otro espíritu, cuando menos de autenticidad de comportamientos, despojarse de intereses e ir al encuentro unos de otros. Lo cierto es que hoy la sociedad catalana está tan dividida como revuelta, tan enfrentada como fracturada, tan desconocida como reinventada. Urge, por tanto, reflexionar y ver la manera de que en las instituciones estén aquellos ciudadanos más cualificados y con mejores dotes de servicio. Lo que demandamos, en consecuencia, es la existencia de una clase dirigente apta para su mandato y, por ello, dotada de sentido ético e insobornable, además de poseer una clara visión de las cosas.
Reconozcamos que palabras claves como la Autoridad o el Estado de Derecho han entrado en crisis, apenas tienen valor y su noción misma ha desaparecido del horizonte humano, para dar paso al desprestigio y a conductas irresponsables. La ineptitud de algunos líderes es pública y notoria. Lo único que hacen es oponernos entre nosotros. Subsiguientemente, va siendo hora de que aquellos cabecillas, con poder o sin poder, que actúen al margen del derecho y de la democracia, sean detenidos y juzgados. Lo decía también el Rey de todos los españoles, en su memorable discurso institucional, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Ante este panorama no cabe la ambigüedad. Con firmeza hay que actuar, desde los diversos poderes constituyentes, para que gane el Estado Social y Democrático de Derecho, o sea, para que ganemos todos en definitiva.
En ocasiones relegamos del sentido común, de que una auténtica democracia es una confluencia de valores y de respeto formal a las reglas que, entre todos, nos hemos dado para poder convivir. De ahí, que cualquier desafío a la Constitución, como ha sucedido con el referéndum catalán, sea un ataque frontal a la libertad y al sosiego. Contraponer una presunta legitimidad a la legalidad constitucional, como ha dicho en septiembre el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España ante la ONU, desemboca inexorablemente en la vulneración de derechos fundamentales de millones de ciudadanos y es incompatible con la democracia. Naturalmente, ha llegado la ocasión para que los mandatarios unan y no fraccionen, demuestren que se preocupan por toda la ciudadanía, sin distinción alguna, y de que la comunidad internacional analice con más cautela los acontecimientos, sobre todo para no aumentar las crisis. Pensemos en la cuestión catalana, donde se ha mentido descaradamente y se ha manipulado hasta la extenuación datos y escenas, aprovechando el momento de la debilidad y de la falta de consenso parlamentario.
Jamás olvidemos lo más virtuoso del juego democrático: que para poder dialogar hace falta antes cumplir con la ley, que nos hemos injertado como abecedario de claridad para exponer los problemas, y así, poder resolverlos de modo transparente y de manera fiel a una ley que, hasta este preciso momento, es ley de leyes. Hablo de la consensuada Constitución de 1978, que tanto nos ha ayudado a fortalecer nuestras relaciones de manera pacífica y cooperante entre todos los pueblos de España.
