Un total de 28.230 proveedores recibirán el último día de este mes los más de 16.980 millones de euros por las facturas pendientes de abonar por parte de las 14 comunidades autónomas que se han adherido al plan de pago a proveedores que el Gobierno puso en marcha el pasado marzo.

Según ha explicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros, el número de facturas presentadas por las comunidades autónomas asciende a más de 3,7 millones. De los casi 17.000 millones de euros que deben estas administraciones, 10.000 millones serán para grandes empresas, 6.400 millones para pequeñas y medianas empresas (pymes) y 227.000 euros para autónomos.

Sáenz de Santamaría ha indicado que estos son los datos recabados hasta este jueves, por lo que, dado que este viernes termina el plazo para que las comunidades autónomas comuniquen al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las cifras definitivas de proveedores y facturas, ha remarcado que pueden variar un poco, si bien ha dejado claro que el Gobierno no prevé variaciones importantes.

Una vez que el Consejo de Ministros y los órganos competentes de las respectivas comunidades autónomas autoricen la suscripción de los préstamos con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, los abonos se realizarán a finales de junio directamente a los proveedores a través de las entidades de crédito colaboradoras a las cuentas corrientes facilitadas por las empresas.

En total, han sido 14 las comunidades que finalmente se han acogido a este mecanismo de pago para poner sus "contadores a cero", ha explicado la vicepresidenta. País Vasco, Navarra y Galicia declinaron esta opción en su momento, las dos primeras por sus particulares características fiscales y la última porque, según ha asegurado Sáenz de Santamaría, porque está "al corriente de pago" en sus facturas, que abona "en un periodo muy breve".

PRÓRROGA PARA LOS MUNICIPIOS
Por otro lado, la vicepresidenta ha recordado que los pasados días 30 y 31 de mayo se efectuaron las transferencias de pago de las facturas que las entidades locales tenían pendientes con proveedores. En total, se abonaron más de 1,7 millones de facturas a un total de 106.283 proveedores por un importe total de más de 9.000 millones de euros.

No obstante, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha abierto un plazo adicional para un máximo de 1.478 entidades locales que quedaron excluidas del plan y a las que se les iba a retener una participación de ingresos del Estado por un importe de 1.296 millones de euros.

Así, se podrán acoger a este programa los municipios que antes del 31 de marzo elevaron al Pleno municipal el plan de ajuste, aunque luego aquí fuera rechazado por falta de mayoría. También los que sí lo aprobaron, pero a los que luego se lo rechazó Hacienda (315 casos). Un tercer grupo lo forman los que tienen un plan de ajuste aceptado por el Gobierno, pero que no pudieron firmar el crédito con los bancos por falta de mayoría suficiente o aquellos que lo firmaron, pero por importe o plazo de amortización distintos de los que debieron suscribir.

Los consistorios en estas circunstancias disponen hasta el próximo 15 de junio para hacer los ajustes y remitir a Hacienda la documentación en la que acreditan que cumplen estas nuevas condiciones.

A partir de entonces, Administraciones Públicas elaborará la relación de entidades locales que podrían formalizar la operación de préstamo y la enviará al ICO el 5 de julio, con el fin de que a lo largo de ese mes se suscriban los contratos de préstamo entre los municipios y las entidades financieras y los proveedores empiecen a cobrar ese mismo mes.