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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Las instituciones españolas puestas en cuestión

Miguel Massanet
miércoles, 6 de junio de 2012, 06:52 h (CET)
Si quisiéramos utilizar la figura retórica de pensamiento, expresada mediante el vocablo adinaton, para poner en clave de paradoja la situación de algunas instituciones de nuestro país, tradicionalmente consideradas como “intocables”, enumerando todas aquellas prácticas o comportamientos que se están poniendo en evidencia a medida que, la verdad, asoma a través del cieno que la ha venido encubriendo desde hace años; desde que se hacen públicas aquellas conductas o usos atribuibles a ciertas personas, grupos o entes jurídicos, que siempre habían merecido la máxima consideración y respeto por parte de la ciudadanía española, y que nunca se hubiera podido imaginar que pudieran tener lugar, considerándolas como descartables por inimaginables e imposibles; podríamos llegar a la decepcionante conclusión de que, en España, esta nación sometida a las más duras pruebas a las que nos han llevado unos gobernantes incapacitados y sectarios, que se creyeron que dirigir una nación era como un juego de Monopolio donde los dados son los que marchan la suerte de sus jugadores; es evidente que son señales de la conclusión de un ciclo histórico que empezó con la restauración de la democracia y que parece que, si Dios no lo remedia, va a concluir con la puesta en cuestión de toda una serie de instituciones que se ha demostrado que no han sido capaces de solucionar el problema español.

Basta consultar las más recientes encuestas llevadas a cabo en este país, para percatarse del deterioro del concepto sobre la valoración de la clase política que se ha producido en la mayor parte de la ciudadanía española. El hecho, incuestionable, de que aquellos antiguos políticos de raza, surgidos de las más preclaras instituciones de épocas de la Iª República y la Restauración, gentes de gran cultura y preparación para sumir los cargos relevantes en el gobierno y la cortes generales, ya sólo son historia; esta moda de que, para ocupar un escaño en el Parlamento o en el Senado basta que un partido político incluya en sus listas electorales a cualquier persona, sólo porque profese unas determinadas ideas, aunque su perfil académico, profesional, humano e intelectual sea tan plano como el electrocardiograma de un fallecido; ha convertido, al máximo órgano de representación de la nación, en una especie de asilo de desocupados, iletrados, arribistas y paniaguados, cuyo único objetivo es asegurarse una sustanciosa retribución y votar lo que les diga el jefe de su grupo. La ciudadanía ha tomado conciencia de que, esta casta de políticos, en lugar de garantizar un mejor gobierno de la nación se ha convertido en una carga económica insoportable, que intenta mantenerse en su poltrona.

Es obvio que se hace preciso suprimir, o al menos reformar de forma radical, el sistema y, en especial, esta especie de juego de partidos políticos que es evidente que, en lugar de preocuparse por el progreso de la nación, el trabajo de los ciudadanos, la bonanza económica y la paz social, pretenden ser ellos los que impongan sus ideas, su sistema de gobierno y su interferencia en las libertades individuales de los españoles. Es imprescindible que los gobernantes tomen nota de la necesidad de modificar  la ley electoral y el sistema de listas cerradas para que sea el pueblo el que, verdaderamente, escoja a las personas honradas y capacitadas que desea que le gobierne.

Otro de los temas que los ciudadanos consideran que no cumple con las expectativas que el pueblo ha puesto en él, es el caso del Poder Judicial. Durante años la Justicia (y los encargados de administrarla), ha sido la institución más respetada del país. El hecho incuestionable de que hayan accedido a ella miembros procedentes de comunidades extremadamente contagiadas por el populismo y el más rancio izquierdismo, ha dado lugar a que haya establecido – algo que nunca debió permitirse que sucediera – dos clases de miembros de la carrera fiscal y la judicatura: los llamados conservadores y los que anteponen su ideario de izquierdas  a la aplicación estricta de la norma, los progresistas, influidos por el concepto relativista de que la ley debe ser flexible y aplicarla según sea la persona o la circunstancia que concurre en una determinada situación de enfrentamiento de derechos. La policitación de la Justicia y la presencia de jueces estrella, más caracterizados por sus puntos de vista políticos que por el respeto a los procedimientos legales, han convertido, sin duda, a los fiscales y la judicatura en una peligrosa mezcolanza de ley y política de la que, los ciudadanos, nada bueno esperan.

Casos como los del presidente del CGPJ y del TS, por mucho que jurídicamente no puedan considerarse como delito, sin embargo, es evidente que, en la ciudadanía, causan impacto porque la duda, por mucho que los organismos oficiales hayan pretendido disimular y quitar importancia a los gastos ¡vaya gastos!, del señor Divar, pudieran estar justificados; el sentido común y la repetición tan numerosa de viajes a una localidad de veraneo, causan la natural inquietud respecto a un señor que, por otra parte, no da las explicaciones claras que justifiquen que se le exonere de responsabilidades. Antes bien, se tiene la sensación de que, el corporativismo, ha jugado un gran papel en este caso. En derecho existe una máxima que reza así: “Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son” y, en el caso que nos ocupa, parece que se confirma el aserto. El señor Divar, para bien de la Justicia, debiera haber dimitido. No lo hará, allá él.

Y en tercer lugar, no se puede empeñarse en perpetuar una institución decadente, en vías de extinción en todo el mundo civilizado y que, por diversas circunstancias, da la sensación de que está empeñada en autodestruirse, como es la Monarquía española. A nuestra Casa Real parece que, de un tiempo a esta parte, alguien les ha puesto el vudú debido a la serie de “desgracias” que, sin solución de continuidad, se abaten sobre ella. Si la institución se mantiene, cogida por hilos, gracias al apoyo de un pueblo deslumbrado por el efecto de cuento de hadas, ávido de leerse la prensa rosa sobre los vestidos que lleva doña Leticia o las operaciones de cirugía estética que se hace; toda esta magia queda desaparecida desde el momento en que, del Rey para abajo, empiezan a salir a la luz las flaquezas humanas, los rumores de desavenencias; los divorcios y los alejamientos de algunos de sus miembros; las conductas delictuosas o aparentemente  ilegales de un duque y la presunción que una infanta pueda estar involucrada en una de las tramas más sucias de corrupción, compra de favores, evasión de capitales y enriquecimiento injusto, que pudieran darse dentro de nuestra nación.

La casa real, señores, hace aguas por los cuatro costados y aquel halo de admiración y respeto para la familia real se ha desmoronado. Cuando se advierte que son  personas como nosotros, con las mismas tentaciones, los mismos vicios y las mismas flaquezas., la magia desaparece. Si la Monarquía tenía que ser el faro en el que todos nos sintiéramos representados ante el mundo, si debiera ser el símbolo de nuestra unidad y de la familia española., deberemos reconocer que, los últimos acontecimientos de los que tenemos noticia sobre determinados sucesos, achacables tanto al Rey como a su familia, no parecen ser muy ejemplarizantes. La posibilidad de que el príncipe Felipe pueda ser el nuevo Rey está en entredicho y no ayuda en nada el hecho de su matrimonio morganático. Su esposa; una plebeya ilustrada, parece demasiado interesada en intervenir en asuntos de Estado. Un matrimonio del que, malas lenguas, hablan de desavenencias, En todo caso, la historia corre en su contra. O así es como veo yo, señores, la situación del país.

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