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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

Otra manifestación encabezada por el PP

Sergio González García

jueves, 16 de junio de 2005, 23:07 h (CET)
La manifestación celebrada el pasado sábado en Salamanca contra la devolución de los documentos que fueron expoliados durante la Guerra Civil por las tropas franquistas a la Generalitat de Cataluña y al pueblo catalán, contó con el respaldo de una multitud de manifestantes, que no sólo defendieron el mantenimiento intacto del actual Archivo de la Guerra Civil, sino que profirieron injurias contra los actuales gobernantes del país, empezando por el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y terminando por un político catalán que desde hace algún tiempo no para de ser un objeto de atención constante para las cámaras, el Presidente de Esquerra Republicana de Cataluña y ex Conseller en Cap, Josep Lluis Carod Rovira. En la reunión en la Plaza principal de la ciudad helmántica, estuvo presente la mayor parte de la cúpula directiva del principal partido de la Oposición, Partido Popular, donde el timón lo cogieron el Secretario General del partido y ex Ministro de Interior, Ángel Acebes, la Presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que antaño, al frente del Ministerio de Cultura, defendiera la devolución de lo que fue requisado por el Gobierno Central, el Presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y el actual Alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, que está empeñado desde hace tiempo en “poner barricadas” para evitar la marcha de esta documentación.

Esta manifestación se produce tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la devolución de los llamados “Papeles de Salamanca”, tras un dictamen apoyado por un Comité de Expertos, dirigido por el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y entre los que se encontraba el historiador ya fallecido Javier Tusell. La polémica producida en esta ocasión, que muchos achacan a los préstamos con intereses que debe pagar el ejecutivo progresista a los independentistas de Esquerra para sustentar su gobierno, no es algo reciente. En 1986 ya el Gobierno de Felipe González puso sobre la mesa esta cuestión defendiendo la posibilidad de trasladar los sumarios y cartas, e incluirlos en el Registro de la Generalitat de Cataluña. Del mismo modo ocurrió en 1995, que supuso una manifestación en toda regla en la misma ciudad castellano-leonesa contra la decisión que se preveía iban a tomar el Presidente del Ejecutivo socialista y la entonces Ministra de Cultura, Carmen Alborch. En 1996, con la entrada al poder del Partido Popular, la recién elegida Ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, objetó a favor de la ´repatriación´ de estos documentos a sus legítimos dueños, aunque finalmente, la presión ejercida por el gobierno regional, encabezado por el ex Presidente del Senado, Juan José Lucas, impidió que se pusiera en marcha esta iniciativa, que contaba con el respaldo del aliado del Gobierno, Convergencia i Unió.

El martes se produjo la anulación de las leyes que protegían a los dictadores que se mantuvieron en el poder durante el régimen totalitario argentino. La decisión ha sido tomada por la Corte Suprema de Justicia que declaraba inconstitucionales el conjunto de normas aplicadas por el gobierno encabezado a finales de los ochenta por Raúl Alfonsín, según las cuales se daba ´carpetazo´ a los juicios contra los máximos dirigentes de la dictadura militar. Las leyes que van a ser derogadas, las conocidas como “Punto final” y “Obediencia debida”, permitirá juzgar a los principales dirigentes de la represión sudamericana, destacando los antiguos líderes, Adolfo Videla y Leopoldo Galtieri.

La decisión es el producto de tres años de constante labor por parte de los familiares de los asesinados y represaliados por la propia Dictadura, partiendo de un caso de desaparición familiar y de apropiación de la hija de esta familia, que probablemente tuvo un destino en los orfanatos creados para hijos de represaliados por el régimen de la época debido a sus tendencias ideológicas. Las polémicas leyes, que ahora han sido declaradas inconstitucionales, sirvieron para “pasar página” tras el final de la dictadura que sumió al país del cono sur americano que se mantuvo en el poder desde 1976 hasta 1983. Para la mayor parte de la población, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y asociaciones de desaparecidos, siempre las consideraron una amnistía para estos autores de los Crímenes contra la Humanidad.

Al mismo tiempo, en territorio nacional, se anunciaba la posible excarcelación de unos de los dirigentes etarras que tiene un historial más sanguinario. Se trataba de José Ignacio de Juana Chaos, que ya intentó salir de las cárcel el pasado mes de febrero, cuenta en su debe con más de veinticinco muertes por atentado por los que ha cumplido escasamente dieciocho años, al verse beneficiado por el acogimiento al Código Penal de 1982, por la que podría salir de cárcel una vez cumplidos dos tercios de la condena máxima que puede alcanzar (treinta años). Éste fue condenado a más de tres mil años de prisión por una multitud de actos delictivos, hechos que aún hoy defiende sin ningún tipo de resquemor. La sentencia en la que se declaraba al dirigente etarra como inocente cargos, como los de amenazas e injurias, fue decretada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechazando así la propuesta de la Fiscalía y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que proponían cumplir la máxima pena posible por pertenencia a banda armada, y proferir amenazas contra altos cargos del Gobierno en diarios vascos.
Un día más tarde continuó la negociación de los presupuestos comunitarios, donde las posturas parecen cada vez más distanciadas entre el Reino Unido y el eje franco-alemán. La negativa del Primer Ministro británico, Tony Blair, de aceptar la congelación del denominado “cheque británico”, por el que el país anglosajón recibe más de la mitad de lo que aporta en fondos económicos al presupuesto de la Unión Europea, ya que para negociar este apartado, obligan a eliminar una parte del dinero que se destina a la Política Agraria Común (PAC). En cambio Francia, principal estado beneficiario de los fondos, se opone tajantemente a dejar de percibir el 40% del dinero europeo al sector agrícola, que se constituye como el esencial dentro del país galo, lo que supondría una restricción y supresión de miles de puestos de trabajos, con las consiguientes huelgas de muchos de ellos que tienen como único futuro la agricultura.

Por tanto, la labor que está siendo realizada por el Presidente de turno del Consejo Europeo y al mismo tiempo Primer Ministro de Luxemburgo, Jean Claude Juncker, está siendo decisiva, ya que tiene que intentar conciliar opiniones encontradas entre los principales estados de la UE, principales contribuyentes netos del presupuesto comunitario. Entre tanto la postura de España se concibe como intermedia entre lo defendido por el país inglés y lo aportado por el ´motor de Europa´, centrándose exclusivamente en defender los intereses y el mantenimiento de los fondos estructurales para evitar la supresión total del dinero europeo destinado al estado español.

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