El Ministerio de Hacienda ha dado la orden a los bancos para que paguen las nóminas a los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El pago se ha empezado a realizar ya con cargo a las cuentas del Ejecutivo catalán que están bloqueadas por el Gobierno y que sólo pueden realizar pagos cuando el Ministerio de Hacienda da la orden.

El montante asciende a 340 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat consultadas por Europa Press, quienes afirman que los pagos han comenzado a hacerse efectivos este jueves y probablemente terminen de pagarse mañana viernes.

La decisión del departamento de Montoro de pagar las nóminas se ha producido tras recibir las certificaciones de la Interventora General de la Generalitat de Cataluña, en las que se asegura que no se está empleando público en actividades ilegales como el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre y que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

En esas certificaciones se avala la legalidad de los gastos en nóminas, alquileres, impuestos y otros servicios esenciales. Tras las oportunas comprobaciones, el Ministerio de Hacienda ha ordenado a las entidades financieras que liberen los fondos para pagar a los funcionarios con cargo a las cuentas de la Generalitat.

Las fuentes consultadas explican que las nóminas se han pagado con el remanente que tiene el Ejecutivo catalán en esas cuentas y que, para próximos meses, si no existe ese remanente se pagará con cargo a los 1.400 millones que el Gobierno central enviaba cada mes a Cataluña, hasta que se ha producido la intervención de las cuentas de las Generalitat.

Precisamente este mediodía, el Ministro de Hacienda garantizaba que las nóminas de los funcionarios catalanes se pagarían "en plazo".

Esta situación se extenderá de manera indefinida, según Cristóbal Montoro, y durará hasta que se normalicen las cosas con la Generalitat, que insiste en hacer el referéndum ilegal a pesar de las operaciones policiales y judiciales de esta semana que se han saldado con 14 detenidos y la intervención de las cartas para constituir las mesas electorales y casi 10 millones de papeletas de votación, así como el sistema informático para el recuento de votos.