La asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL), que agrupa a cerca de 15.000 jueces y fiscales pertenecientes a los países comunitarios, presentará este viernes al Ministerio de Justicia una petición de indulto a favor de Baltasar Garzón al considerar de una "severidad desproporcionada, indiscriminada y extraordinaria" la condena a 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo en la causa de las 'escuchas del caso Gürtel'.

La organización remitirá un escrito al titular del departamento Alberto Ruiz-Gallardón para que proponga la concesión del indulto total de la pena de inhabilitación y el reingreso del exmagistrado de la Audiencia Nacional en la Carrera Judicial.

La iniciativa ha sido aprobada, sin ningún voto en contra, por las asociaciones que conforman MEDEL, entre ellas las españolas Unión Progresista de Fiscales --que ha apoyado el texto-- y Jueces para la Democracia --que se ha abstenido--.

Además de la desproporción y de la "severísima" sentencia condenatoria, los juristas argumentan que la orden de Garzón de autorizar la intervención de las conversaciones de la trama 'Gürtel' no obedeció a ninguna "perversión ética ni a móviles extrajurídicos".

MEDEL también alude a la "abrumadora" actividad al servicio de la Justicia del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia económica, los crímenes de lesa humanidad o la defensa de los derechos humanos.

Para exponer sus "ingentes servicios prestados" al "prestigio internacional" de la Justicia española, la organización cita que la actividad del exjuez de la Audiencia Nacional superó "los 1.000 casos con más de 8.000 imputados" y la coordinación de unos "2.500 funcionarios en cooperación con autoridades judiciales y policiales" del extranjero.

APOYO DEL EXFISCAL MENA
Durante un acto celebrado en el Club Internacional de Prensa, el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena ha explicado este jueves que la petición se efectúa en nombre de Garzón, con su consentimiento y en su beneficio pero no en su representación. "Es decir, tiene que quedar claro que Garzón no pide el indulto. No ha habido diálogo personal con él, sino a través de terceras personas", ha añadido.

La solicitud de la medida de gracia gira en torno a la "desproporción" de la pena impuesta, la "insuficiencia" e "imprecisión" de las normas en las que se apoyó el tribunal y la "inexistencia de perjuicios" ocasionados con la actuación del que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, así como a sus circunstancias personales.

El exfiscal Mena ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a indemnizar al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por considerar que su pena fue "desproporcionada". "Si privarle de tres o cuatro años del derecho a ser elegido es desproporcionado, es razonable argumentar que privar a Garzón del derecho a ser juez es todavía más desproporcionado", ha apostillado.

"Estamos en una actuación que no tiene ningún elemento de reproche moral ni de rechazo jurídico", ha indicado Mena para resaltar que la orden de Garzón no provocó ninguna ventaja para el Ministerio Fiscal ni para las defensas en el curso de las investigaciones.

A su juicio, la condena podría haber sido "más benigna". Acto seguido, ha aludido al precedente del indulto concedido al juez Javier Gómez de Liaño mientras que ha tildado de "escandalosos" otros casos, al ser preguntado sobre la aplicación de la medida de gracia para los dos condenados en el caso del Yak-42 y para el consejero delegado del banco Santander Alfredo Sáenz.

Antes de que Mena condenara el "lujo de persecución" y la "hostilidad" hacia Garzón, el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, ha defendido que la organización ha decidido intervenir para defender la "libertad interpretativa del juez".

"No es un asunto interno de España, es un juez que es un paradigma que ha influido en la manera de trabajar de muchos países y ha proporcionado avances significativos en materia de derechos humanos", ha concluido.