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Los excesos de unas autonomías desbocadas II

Carlos Sánchez Ponz
Redacción
domingo, 12 de junio de 2005, 03:04 h (CET)
Artículo 133 de la Constitución Española de 1978: “La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”.

Continuamos asistiendo a golpe de declaraciones de buen talante (y alguna que otra sumisión desvergonzada), a la evolución paulatina de lo que será la nueva financiación autonómica en España. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que a lo sumo para 2007 veremos una nueva realidad en lo que a este asunto se refiere, aunque para el curso que viene se desarrollarán gran parte del grueso de medidas que conformarán este novedoso sistema de financiación que entrará en vigor para el final de la legislatura del Ejecutivo, es decir, para 2008 como muy tarde.

De esta manera, las Autonomías de primer nivel (esas que la propia Constitución reconoce que se encuentran un peldaño por encima del resto, y son, básicamente, Galicia, País Vasco y Cataluña), lograrán alcanzar otra de sus ansiadas demandas en este absurda carrera en la que llevan años enzarzadas y que parece que el único fin posible es la independencia y el desmembramiento de España.

Quizá por todo esto, es importante de vez en cuando acudir a nuestro texto constitucional, aquel que nació, se aprobó y se ratificó por medio del consenso de todas las fuerzas, etnias, ideologías y culturas de ese conglomerado plurinacional que algunos (¿anticuados?) tendemos a llamar España. Si la semana pasada escogíamos el 138 que versaba sobre el principio de solidaridad entre las diferentes Autonomías, para esta ocasión hemos elegido el artículo 133, que atribuye al Estado la competencia exclusiva de establecer los tributos que se producen en su territorio.

Aunque es cierto que por norma y costumbre hay una gran excepción a este enunciado, y que se produce por la foralidad de la que gozan las Autonomías de Navarra y el País Vasco, para el resto de regiones no debería haber ningún tipo de problema respecto a qué organismos mantienen según qué competencias en materia de financiación autonómica. Por lo que el debate actual respecto a este tema debería ser inmediatamente obviado, por el simple hecho de que es totalmente artificial e interesado.

Muchos nacionalistas argumentan toda una serie de justificaciones de carácter histórico más o menos aceptables (la historia no deja de ser un prisma que cambia de color según la intención del que lo mira), además de factores que aseguran que unos aportan injustamente más que otros a la ‘caja’ del Estado, pero esto no deja de ser un motivo más para criticar este tipo de posturas, porque cualquier comunidad de personas u organización que pretenda alcanzar ciertos de niveles de prosperidad, deben estar dispuestos sus miembros a dar en un unos temas para poder recibir en otros por el bien de la propia colectividad. No merecemos más por ser más ricos, y menos cuando estamos hablando de asuntos autonómicos de un país como es España, en el que se supone que no hay ningún tipo de frontera entre regiones, ni física, ni económica ni moral.

No pensemos en negociaciones bilaterales de ningún tipo, sería injusto para la inmensa mayoría de los ciudadanos que vivimos en nuestro país, por más que una pequeña minoría se sienta perjudicada y amenace, proteste y se haga oír en los medios de comunicación. Si algo se quiere cambiar, reunámonos todos, hay suficientes órganos y mecanismos en nuestra Democracia para poder hacerlo, y de ahí obtengamos las conclusiones que necesitemos, pero no creemos regiones de primera y segunda clase que sólo pueden llevar al colapso de nuestra economía, y lo que es peor, de nuestra realidad actual como país.

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