El mes de julio pasado, ante la evidencia del avance del proceso independentista en Cataluña y en contestación a una carta de la eurodiputada Beatriz Becerra, el presidente de la Comisión europea Jean Claude Junker se manifestó en los siguientes términos: “España forma parte de la UE. Si Cataluña se independizase creando un nuevo estado, esto tendría consecuencias”, concluyendo “Los países, en este caso España, son los que pertenecen al club comunitario. Y si se deja de formar parte de uno de ellos, se toma la puerta de salida de la Unión.”. Curiosamente los defensores de la independencia de Cataluña parecen ignorar lo que ha sido denominado como la “doctrina Prodi”, la que estableció en 2004 el entonces presidente de la Comisión Europea al afirmar que “una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio”.

Sin embargo, la claridad con la que, la totalidad de representantes de las distintas naciones pertenecientes a la UE, se han pronunciado, usando semejantes términos cada vez que han sido consultados sobre este tema, no deja lugar a duda alguna en cuanto a la imposibilidad de que, una Cataluña independiente, no tendría posibilidad alguna de permanecer en la UE. Tampoco los distintos intentos de Puigdemont y del resto de su equipo, que han querido entrevistarse con los mandatarios europeos, han conseguido ser recibidos por ellos y siempre se han tenido que limitar a entrevistarse con personajes de tercera categoría, escaso predicamento y esto, en las contadas ocasiones en las que lo han conseguido.

Sin embargo, en un ejercicio de falta de seriedad y rigor, los líderes de la insurrección catalana, Puigdemont y Junqueras, se han cansado de repetir que lo que buscan es una Cataluña europea que llegaría a ser uno de los “países más ricos de Europa”. Es obvio que, en la forma torticera con la que han llevado a cabo su gestión de caza de adictos a la causa, no han escatimado mala fe, engaños, falsedades y todos los medios a su alcance, entre ellos la mentira y la deformación de la realidad, como medios para influir sentimentalmente en los ciudadanos catalanes que, muchos de buena fe, se han dejado arrastrar por la gran falsedad y artería respecto a la independencia; en el sentido de que redundaría en una mejora de vida del pueblo catalán que, una vez independizados de España, serían autosuficientes para poder atender al pago de las pensiones, de la Seguridad Social, de la Sanidad pública, de los empleados públicos, de las medicinas, de un Ejército etc.; cuando la evidencia es que están endeudados y que, sin el apoyo del Estado español y las garantías que ha dado para apoyar la deuda pública catalana, el país ya habría entrado en situación de quiebra.

El grupo de los Liberales y Demócratas en el Parlamento Europeo ha expresado este viernes su apoyo a la defensa del Estado de derecho y el orden constitucional en los Estados miembros, en un mensaje que Cs ha aplaudido como un claro mensaje "proceso antidemocrático" del independentismo en Cataluña. También los grupos del Partido Popular Europeo (PPE) y de Socialistas y Demócratas (S&D) han mostrado su apoyo al orden constitucional español. Y por si faltara una muestra más de la posición de Europa respecto al intento secesionista de la comunidad catalana, aquí tenemos las recientes declaraciones del señor presidente del Parlamento Europeo, el conservador Antonio Tajani, quien ha reiterado, por carta, a la europarlamentaria Beatriz Becerra, cuál es la posición oficial europea, repetida sistemáticamente por los presidentes de la Comisión Europea: “Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de formar parte de ese Estado por convertirse en un nuevo Estado independiente, los tratados [el ordenamiento jurídico que rige la UE] ya no se aplicarían en ese territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría, por su propia independencia, en un tercer Estado en relación a la Unión Europea”. Tajani añade: "Cualquier acción contra la Constitución de un país va contra la UE".

Ante tanta evidencia cuesta creer que todavía quede, en Cataluña, alguna persona que se deje engañar por quienes insisten en sostener lo contrario. Lo cierto es que, si llegara un momento en el que, desde el punto de vista meramente teórico, la comunidad catalana consiguiera su independencia, su situación respecto a la UE sería de “tercer país”, lo que significa que Cataluña no podría recibir ninguno de los beneficios que actualmente viene recibiendo de Europa. Desaparecería la libre circulación de ciudadanos por todo el continente europeo (Schengen), no tendría derecho a los créditos de los bancos europeos, sus compras y ventas a algún país de la CE estarían sujetas a los aranceles aduaneros; no podrían recibir subvenciones al campo o ayudas para el sector ganadero etc.

Resulta infantil y absurdo que los que sostienen que Cataluña no iba a dejar de pertenecer a la UE argumenten que, a pesar de las leyes existentes y de todo lo que se viene argumentando en cuanto a la exclusión de pertenencia a la UE, sigan afirmando que “Cataluña es demasiado importante para que se pueda prescindir de ella”, una boutade que resulta insostenible si se contempla la valoración de las agencias de rating como Moody’s, Standard and Poor´s o Fitch, hacen de la deuda catalana, coincidiendo todas ellas en considerarla como “deuda basura”, lo que es lo mismo que decir que, sin el apoyo de la nación española, nadie, ningún inversor de fuera de la comunidad catalana, se atrevería en invertir un euro en la deuda de una nación que se encuentra al borde de la suspensión de pagos.

Y es que, señores, ha llegado el momento en que este sainete de la independencia catalana ha entrado en la categoría de drama y, lo que se podría considerar como un juego inofensivo en el que los sentimientos identitarios del pueblo catalán siempre quedaban calmados y diluidos ante la realidad de su pertenencia a la nación española y su dependencia de la Constitución, la misma que ellos habían aprobado en 1978 con un 92% de los votos, casi diez puntos por encima del resto del país español. La ruptura expresa que, estos días, se ha producido en el seno del Parlament catalán, ya no es una broma de mal gusto ni permite que se le apliquen paños caliente porque, sin duda, ha entrado en la categoría de un intento claro de secesión, con todas las connotaciones que semejante desafío suponen para el resto de los españoles que no han sido consultados sobre este drástico paso y la desobediencia expresa y sin paliativos al contenido de nuestra Carta Magna y a las sucesivas advertencias que, el TC, había hecho a quienes seguían empeñados en llevar adelante el proceso de desconexión de España.

Tenemos ante nosotros dos incógnitas respecto a lo que puede suceder en los días venideros, dos supuestos que, sin duda, entrañan peligros que nunca, en toda la transición y en los pasados años de democracia, habían puesta a España en un trance tan peligroso, en el que se pone en cuestión la unidad del pueblo español y, de paso, sus posibilidades de seguir la senda de la recuperación que, con tanto éxito, se iba consiguiendo en todos los frentes, entre los cuales estaban la mejora del empleo, las exportaciones al resto de la CE, la revitalización de nuestro comercio e industrias y la recuperación de la confianza del pueblo español en su futuro, algo que se ha evidenciado en la cantidad de personas que se han ido de vacaciones este verano, algo que resulta insólito cuando en años pasados, nos referimos a los de la dureza de la crisis, había quedado reducido a minorías afortunadas.

La primera preocupación no es tanto si las urnas se podrán sacar a la calle o si se abren colegios electorales (ya se sabe que, estando anulada la convocatoria, todos los actos subsiguientes quedan deslegitimados), sino lo que puede suceder en las calles de las ciudades catalanas como consecuencia de la deslegitimación del intento de consulta electoral. Ya los de la CUP y, muy posiblemente, los del PDEcat y los comunistas han anunciado movilizaciones y los propios sindicatos obreros ya han empezado a dar muestras de aumentar sus reivindicaciones laborales, aprovechando que las aguas revueltas del independentismo parece que favorecen sus aspiraciones de crear problemas en las principales ciudades de la comunidad catalana. La segunda preocupación es ¿quién va a asumir el control de Cataluña si, como es previsible, los actuales dirigentes de la autonomía quedan privados de sus privilegios y cargos, como consecuencia de las acusaciones que se han concretado contra todos ellos por la fiscalía nacional?

Cuesta admitir que, ante las perspectivas que se les presentan a los defensores de la independencia y la evidencia de que las posibilidades de permanecer y negociar con Europa se entiende que van a ser más dificultosas y, sin duda, mucho más gravosas para los catalanes; pueda existir un empecinamiento semejante por parte de quienes llevan las riendas de este proceso sin ninguna posibilidad de éxito ( reconocido por los asesores jurídicos del Parlamento y por el Consejo Consultivo ( un remedo de lo que sería el TC), como se deduce de todos los informes que han sido emitidos por aquellos expertos que han sido consultados, tanto de uno como del otro bando en cuestión.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos cuesta creer que pueda haber tanta cerrazón en unas personas que, seguramente, en su actividad privada son consideradas sensatas, razonables y respetables. Esperamos que lo que queda aún de todo este absurdo proceso, quede reducido a la intervención del Estado de Derecho poniendo freno a tanto fanatismo y reconduciendo la situación, de modo que quienes han intentado atentar contra la unidad nacional, queden desactivados y fuera de circulación de modo que nunca más puedan intentar quebrar la paz y unidad de todos los españoles. Todo ello en bien de España y de los españoles.