Aunque el Gobierno va a recurrir la aprobación de la ley del referéndum y
otras cuestiones no creo que sea suficiente. Y lo digo, porque los
independentistas no parecen detenerse ante nada. La Diada de este
próximo lunes día 11 de septiembre es otro reto para los partidos
constitucionalistas y una fecha de exaltación de la nación catalana
independiente.
Aunque Rajoy y Pedro Sánchez están de acuerdo en la proporcionalidad y
la firmeza ante el desafío independentista no se ven resultados que avalen
el optimismo, sino más bien todo lo contrario. Porque los dirigentes de los
partidos que apoyan la consulta siguen firmes en sus propósitos a pesar de
las advertencias de las autoridades y de los tribunales. Y no parece que
hagan mucho caso de las sentencias.
Además, por si fuera poco, lo referido a la decisión judicial que ordena
que paguen de su bolsillo los aproximadamente cinco millones de euros
que costó el anterior referéndum o que sean embargados determinados
altos dirigentes catalanes por una consulta popular que tampoco se iba a
celebrar y se celebró está, a mi juicio, muy bien, pero ya han dicho que
van a realizar una colecta para reunir la citada cantidad. Todo esto suena a
burla a la democracia y al Estado de Derecho. Y digo más, lo es realmente
y no hace falta ser jurista para afirmarlo.
El Gobierno ha dicho que va a reunirse en Consejo de Ministros
extraordinario. Ahora bien, o toma medidas inmediatas y muy
contundentes o me temo que el tema de la independencia de Cataluña se
le está yendo de las manos poco a poco. Espero que no sea así.
La fuerza, de momento, la está demostrando la Generalitat y el Parlament
con la energía de los políticos independentistas que hacen y deshacen a su
antojo. Y, si siguen así, está claro lo que puede ocurrir. En política, a veces,
sobran las palabras y hacen falta hechos.
Si se espera más la unidad de España puede romperse para siempre.
Puede que estemos viviendo un momento histórico por su trascendencia y
significación para todos los españoles. España se juega mucho en todos los
sentidos. Se puede dar un margen de confianza al ejecutivo para que
solucione el tremendo enredo secesionista.
Si tienen que intervenir la Policía Nacional y la Guardia Civil no pasaría
nada, ya que sería para hacer cumplir las leyes, las sentencias y los
principios constitucionales y legales del Estado español. Y el fin justifica el
uso de estos medios.
Los Mossos tienen la obligación de cumplir y respetar el ordenamiento
jurídico vigente de España y si no lo hicieran se supone que deberían
hacerlo las otras fuerzas de seguridad españolas existentes. Parece un
escenario apocalíptico, pero es posible, por desgracia, que se produzca.
Si el independentismo no obedece las sentencias y se salta las leyes es
evidente que debe aplicarse la fuerza coercitiva para que esto no siga
sucediendo de modo continuo e imparable. En cualquier estado
democrático se aplica la coerción, si no existe otra solución ante el
incumplimiento de la ley y al cometerse delitos. La sedición es delito y está
recogida en el Código Penal. Es necesario actuar ya.