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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Iguales ante la Ley

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
miércoles, 1 de junio de 2005, 23:29 h (CET)
Hace tiempo que vengo observando las actuaciones del CGPJ, siendo altamente positivas a mi entender las deliberaciones y actuaciones de su presidente, Francisco José Hernando Santiago. En sede institucional tuve la ocasión de felicitarle a través del portavoz del CGPJ, Enrique López, con motivo de las declaraciones en materia de denuncias de maltrato, que podían ser susceptibles de obtención de ventajas en los procesos de separación y divorcio.

Como también presidente del Tribunal Supremo, por mandato constitucional, no puede estar más acertado en activar al Consejo, en la observancia de los Estatutos de Autonomía. Concretamente en lo que afecta a las materias judiciales, que trocean el Estado y son susceptibles de vulnerar la Constitución. Los poderes autonómicos a costa de arrancar competencias al Estado, los amplían aldeanamente, perdiendo la ciudadanía las garantías de unidad e igualdad que de manera efectiva procura la soberanía conjunta del pueblo español.

La tutela judicial efectiva (art. 24 CE) podrá realizarse cuando la aplicación de la ley se realiza por igual en cada una de las regiones o nacionalidades, por lo que la instancia última corresponde al Tribunal Supremo como unificador de doctrina. Digo bien, unificador de doctrina no como argumento ornamental, puesto que la "praxis" es la única forma aplicarla. Los manuales doctrinales valen para los casos mayoritariamente comunes, no para el problema específico del ciudadano. En materia civil ya incluso nos sorprende el Código civil catalán que realiza la casación en su comunidad, donde un exconyuge se traslada a esta comunidad, ya tiene distinto tratamiento que en el origen. Espita abierta, de legislación desigual, cuya verificación constitucional dependen de intereses de partidos políticos y coyunturas gubernamentales, maniatando al ciudadano.

El ejemplo vivo competencial se vislumbra a la perfección en materia de urbanismo y vivienda. Las competencias residen en exclusiva en la Autonomías, poco o ningún control efectivo, tendrá en esta materia un Ministerio de Vivienda o Urbanismo, como desgraciadamente estamos comprobando. Libre circulación de personas y capitales comandan los principios de unidad europea; inversamente en España se pretende urbanizar o parcelar la justicia, garante de libertad en el cumplimiento de estos dos conceptos.

La Constitución es clara en cuanto a las estructura fundamental del Estado garantía de igualdad ante la ley de todos los españoles. La delegación de poderes de la soberanía nacional en las Autonomías y sus Estatutos, no es otra que la que marca la Carta Magna, como acertadamente avisa el presidente del CGPJ. Prevenir antes que curar.

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