El Gobierno que preside Mariano Rajoy se ha salido con la suya. El Ejecutivo ha conseguido cerrar el debate en torno a la posibilidad de flexibilizar los objetivos de déficit a ciertas comunidades tal y como había proyectado la Administración central en su propio beneficio. Esta decisión, fue una medida contraria a las exigencias dictaminadas desde Bruselas.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunido ayer, divulgó que las comunidades autónomas han aceptado reducir el déficit desde el 2,9% del PIB registrado al cierre de 2011 al 1,5% que les ha marcado el Gobierno con la única oposición de Andalucía.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que presidía la reunión, advirtió que la oposición andaluza a la flamante regla de déficit podría ocasionar que dicha comunidad no tenga legitimidad futura para acceder al plan especial de financiación destinado al pago de proveedores.

Cristóbal Montoro ha manifestado que el “Gobierno de España lamenta” la resistencia andaluza porque hay que entender que “me están votando contra la austeridad y de esta manera no se “evitará la destrucción de puestos de trabajo” y no se podrá “salir de la crisis”.

La Junta de Andalucía ya había mostrado, horas antes de la celebración del Consejo, su oposición a una bajada tan radical del objetivo de déficit. En palabras de su presidente, José Antonio Griñán, se debe “decir al Estado que abusa, que tiene un objetivo de déficit desmesurado, que el que tiene que recortar gastos es el Estado, que tiene partidas donde puede recortar y que lo que no es coincidente con la voluntad mayoritaria del pueblo español es que los recortes sean en la educación y la sanidad”.

Al término del CPFF,la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, criticaba la actitud de un Gobierno "que lamentablemente no ha mostrado ninguna flexibilidad a la hora de plantear un reparto diferente del objetivo de déficit entre los diferentes agentes" y que lo ha fijado para las administraciones regionales en el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

La dirigente socialista habría la puerta a la posibilidad de implantar el copago en aquellas comunidades donde tienen más dificultades para alcanzar la cifra del 1,5%.

Las autonomías, como la andaluza, que habían testificado su intención de solicitar una flexibilización en la rebaja deficitaria, lo argumentaban sobre la base de que las CCAA son las principales gestoras (60%) de los servicios sociales.

Este hecho, según las comunidades no gobernadas por los populares, podría poner en cuestión la viabilidad y la eficacia del Estado del Bienestar. Especialmente, los servicios referidos a la sanidad y la educación.

A preguntas de los periodistas, el ministro ha rechazado en todo momento entrar ese debate y ha insistido en que las comunidades fueron también las responsables de la mayor parte de la desviación del objetivo de déficit del año pasado, y que tampoco cumplieron en 2010.

Montoro ha defendido que "nadie debe tener pereza en corregir su desviación, porque es un pésimo mensaje" para los ciudadanos y los inversores. "Que nadie desvíe el debate sobre el desvío del déficit", ha llegado a decir para resumir la argumentación del Ejecutivo.

Votaciones de las CCAA
El ministro ha atribuido la actitud beligerante de Andalucía a la cercanía de las elecciones del próximo 25 de marzo.

En lo que se refiere a la abstención de Cataluña, Montoro ha recalcado que se ha debido a que quería más detalles de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, aunque ha recordado que de momento se ha seguido el procedimiento habitual. No ha hecho ningún comentario sobre la decisión de Canarias (gobernada por CC) de abstenerse.

Además, Montoro ha precisado que el País Vasco no ha votado por una cuestión formal, aunque acepta las cifras, y lo plasmará en un acuerdo bilateral de acuerdo a su foralidad, como Navarra, aunque esta ya ha votado a favor este martes.

De esta forma, las comunidades tendrán que reducir al 1,5% el déficit autonómico este año, un dato con el que el Gobierno pretende reducir el déficit del conjunto de las administraciones del 8,5% de 2011 al 5,8%.

Cristóbal Montoro ha afirmado que el objetivo de la nueva cifra de déficit se sustenta sobre la posibilidad de que “garanticemos servicios iguales para todos, en igualdad de oportunidades”.

Esta referencia ministerial se presenta contraria a las consignas exhortadas desde las comunidades. Algunas, como la andaluza, han manifestado que los servicios sociales correrán peligro con esta nueva legislación al aplicarse unos recortes más severos en unos territorios que en otros.

A pesar de las opiniones desfavorables sobre la decisión tomada por el Ejecutivo, la nueva cifra de déficit es de obligado cumplimiento. Su ejecución estará regulada por la administración de carácter central.

Financiar las deudas pendientes con proveedores
Por otro lado, el CPFF ha aceptado el mecanismo para financiar las deudas pendientes con proveedores. Según Montoro, se trata del mecanismo "más ambicioso" que se ha puesto en marcha en España para cubrir deudas comerciales derivadas de ejercicios anteriores.

Este mecanismo se ha aprobado por unanimidad y es "muy parecido" al que se diseñó para los ayuntamientos, de forma que también estará condicionado a los planes de saneamiento que diseñen las diferentes comunidades autónomas, aunque empezará a funcionar un poco más tarde, a mediados de mayo.

En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado que cada comunidad transformará la deuda pendiente en deuda financiera, de forma que no computará a efectos de endeudamiento que financia el déficit, sino como deuda (lo que relaja su presión a corto plazo).