Asociaciones de estudiantes se manifestarán este miércoles en varias comunidades autónomas contra los recortes educativos que, según afirman, están acometiendo distintos gobiernos regionales y en "solidaridad" con los jóvenes valencianos involucrados en las cargas policiales registradas las últimas semanas en la cuidad de Valencia.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una jornada de "lucha" con paros, concentraciones y manifestaciones una veintena de ciudades españolas, de la que espera una respuesta "masiva" de los colectivos de alumnos "de izquierdas".

Para este miércoles, la plataforma de estudiantes propone que se realicen asambleas en todos los centros de estudio, se voten resoluciones de apoyo a los estudiantes valencianos, "se exija la dimisión" de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de los mandos policiales implicados.

Además de los actos en Valencia --a las 12.00 horas saldrá de la Facultad de Historia una manifestación que los estudiantes esperan "multitudinaria"-- se han convocado protestas otras ciudades. En Madrid, los estudiantes se concentrarán frente a la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La protesta estudiantil será respaldada por Confederación de STEs-I, que en un comunicado ha mostrado su compromiso "en la lucha por la retirada de los recortes educativos, sin lo cual no es posible una educación pública justa y de calidad". Por ello, insta a la "unidad de acción" de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales para conseguir dichos objetivos.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) ha programado para este miércoles la entrega en todas las consejerías de Educación del manifiesto 'Defiende los público, defiende la educación' para mostrar su "repulsa" a los recortes en los servicios públicos que, a su juicio, "quiebran la cohesión social y la igualdad de oportunidades".

En el texto, esta organización señala que la educación debe ser una "prioridad" para cualquier gobierno y debe ser considerada "como una inversión de futuro y no como un gasto". Por ello, rechaza "cualquier medida" que afecte a la calidad y atención a la diversidad en los centros educativos.

También rechaza la reducción de las ofertas de empleo público y el incremento de horario lectivo del profesorado, la "externalización" de los servicios complementarios educativos, la desaparición de los programas para la formación del profesorado y los recortes retributivos y sociolaborales a los trabajadores de la enseñanza.