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Etiquetas:   Educación   Recortes   -   Sección:   España

La Seguridad Social devuelve al colegio Santa Illa los bienes que le embargaron ayer

El lunes volverá a haber clase
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
viernes, 24 de febrero de 2012, 16:10 h (CET)
La Tesorería General de la Seguridad Social acordó este viernes nombrar al centro Santa Illa de Madrid depositario de los bienes que se le han embargado, y así permitir su uso con el fin de garantizar la continuidad de sus actividades. El colegio podrá hacer uso y se encargará de la gestión ordinaria de los bienes de “forma temporal”.

Según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la actuación iniciada ayer por la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería es consecuencia del procedimiento administrativo de apremio por deudas pendientes del centro con la Seguridad Social, que se remontan a los años noventa.

Desde el Ministerio indicaron que “pese a los reiterados esfuerzos de la Administración por solventar el problema de deuda”, la sociedad anónima Santa Illa “ha venido rechazando sistemáticamente las soluciones” ofrecidas por la Seguridad Social.

Entre las posibilidades, indicaron desde Empleo, se les ofreció el pago fraccionado de la deuda. Asimismo, indicaron, “el centro hizo caso omiso a la petición de entregar una relación de bienes de su propiedad por si su embargo pudiera servir como garantía de pago”.

El departamento de Fátima Báñez explicó que tras estos intentos de diálogo la sociedad negó en 2010 el acceso a sus instalaciones a técnicos de la Administración, motivo por el que la Seguridad Social solicitó autorización judicial para acceder a las dependencias y embargar los bienes.

El 23 de enero de 2012, el Juzgado competente autorizó el embargo y concedió un mes para la entrada al centro de los agentes judiciales, plazo que se cumplió ayer y del que la dirección del centro estaba al corriente, quiso dejar claro el Ejecutivo.

La Seguridad Social subrayó que “reiterará al centro la necesidad de adoptar soluciones que permitan evitar actuaciones administrativas que puedan perjudicar a terceros, víctimas directas de la gestión defectuosa de la sociedad anónima”.

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