Los recortes y la falta de liquidez no solo los sufren los colegios de carácter público. El colegio privado Santa Illa, situado en el distrito Chamartín de Madrid, fue embargado durante horario escolar.

El embargo se efectuó mientras los escolares se encontraban recibiendo clases en las aulas del centro privado.

El colegio capitalino recibió una notificación de embargo el miércoles, es decir, un día antes de que se procediera con el desmantelamiento de todas las pertenencias.

El centro educativo, con 160 estudiantes de tres a 17 años, arrastraba una deuda con la Seguridad Social que ascendía hasta los 992.236 euros, según el auto del Juzgado Contencioso Administrativo que aprobó el embargo el pasado 31 de diciembre.

Pese a la advertencia recibida, los profesores se asombraron porque el embargo se ejecutara tan solo una jornada después de recibir la notificación. Sin embargo, el grueso de la resignación se produjo cuando observaron como los operarios se llevaban los enseres de la escuela mientras los alumnos se encontraban en horario escolar.

Durante todo el día, salieron operarios por la pequeña puerta de acceso metálica rodeada de yedra con estanterías vacías, pupitres, sillas, pizarras, el potro, los marcos con dibujos...

Los encargados del embargo se llevaron también las torres del ordenador, que según el director del centro, contenía datos de los alumnos inscritos en el colegio.

Los operarios recibieron la orden de llevarse todo el material del centro. No les quepa la menor duda de que el trabajo lo llevaron a la práctica de manera literal.

Se llevaron, incluso, la centralita de teléfonos, lo que obligó a los profesores y personal de dirección a avisar a los padres vía móvil con el objetivo de convocar una reunión de urgencia con el fin de tratar lo ocurrido.

Los profesores y padres decidieron de manera conjunta que durante todo el día de hoy los alumnos no acudirán a las aulas debido a que el embargo todavía no ha finalizado.

Los padres confirmaron que sus hijos sí asistirán al colegio el próximo lunes, “aunque sea con muebles alquilados” sentenciaba una madre.

Según cuentan varios padres reunidos en la puerta principal desde que se enteraron de lo ocurrido, los operarios llegaron a primera hora de la mañana y primero entraron en las aulas de los de bachillerato.

Uno de los padres afirmaba que durante ese momento uno de los encargados del embargo se encaró con los alumnos y les llamo “pijos”.

Otro grupo de padres que esperaban para recoger a sus hijos mostraban su irritación ante lo ocurrido. “Se han llevado hasta las tizas”, decía Juan Manuel Muñoz, uno de los padres. “Esto es una animalada”, bramaba a las puertas del centro ya anocheciendo Lola Izquierdo, madre de una alumna de ocho años.

Uno de los padres acodado sobre la valla bramaba de forma gráfica: “No me importa nada la deuda del centro ni sus problemas con la Seguridad Social, es como si un barco tiene deudas y tiran a los pasajeros por la borda”.

Los padres pagaban una tarifa de 400 euros al mes por llevar a sus hijos al colegio privado Santa Illa.

Los operarios iban acompañados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y con responsables de la Seguridad Social. Un portavoz del Ministerio de Empleo y Seguridad Social señala que “no se ha actuado discrecionalmente y se le han hecho muchas notificaciones previas al director del colegio”.

El director, Iñaki Santa, admite que arrastra impagos con la Seguridad Social desde principios de los años noventa. Asegura que cerró “un acuerdo verbal” de aplazamiento “para ir pagando durante estos años”.

Pero en 2009, prosigue, le rogaron que debía pagar “15.000 euros mensuales de deuda” y que adelantara el “20% del total” que, según sus cálculos, ascendía entonces a unos 160.000 euros. “Con la crisis encima es imposible pagar así y con este embargo no van a cobrar nunca”, señala Santa.

La ley permite embargos como el ocurrido

La legislación española permite a la Seguridad Social, como ente público, embargar a aquellos que no le paguen y sitúa sus deudas por delante de casi todas las deudas de una empresa con problemas económicos a la hora de cobrar.

En plena crisis económica, la tasa de morosidad con la Seguridad Social apenas asciende hasta el 3%. Un dato irrisorio comparado con las pequeñas y medianas empresas que proveen a las administraciones públicas.

La queja de los afectados se centra en argumentar que el centro educativo no es una empresa cualquiera y que por encima de todo está la educación de los menores de edad.