El Partido Popular da un giro en su argumentación
El pasado veinte de octubre, un video difundido por la banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada. Las reacciones políticas no se hicieron de rogar.

El partido socialista mostró una actitud de cautela ante la noticia pero se felicitaba por lo conseguido; mientras, el partido popular exhibía, a través de la figura de su líder Mariano Rajoy, un ápice de esperanza futura pero quedaba supeditada a un cierto recelo inculcado desde los sectores más conservadores de la formación.

Las calles, en un primer momento, mostraron una sensación de alegría ante el anuncio, sin embargo, en el transcurso de los días se fue instalando una fuerte desconfianza a tenor de lo que aparecía publicado en algunos medios de comunicación afines a la derecha.

La suposición de que ETA no había abandonado las armas y que podría volver a atentar en cualquier instante provocó un sentimiento de rechazo a aquellos que promovían que la banda independentista había finalizado veridicamente su actividad armada.

A tenor de otros anuncios promulgados, donde las promesas se diluían tras súbitos atentados, la sociedad se distanció de la teoría que defendía que la paz había llegado a nuestro país para instalarse “sin miramientos”.

Esta mañana, populares y socialistas han presentado ante el Congreso de los diputados un texto en el que “constatan que el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA producido el pasado 20 de octubre ha sido la consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo por las libertades”.

El panfleto también recoge que el fin del terrorismo por parte de la banda terrorista se debe a  “la unidad de las fuerzas políticas, la labor ejemplar de las víctimas del terrorismo, la firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la ley, la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la cooperación internacional, todo lo cual constituye la mejor evidencia de la victoria de la democracia sobre la organización terrorista ETA”.

Esta primera parte del escrito reconoce la trascendental aportación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para intentar poner fin al terrorismo vasco que ha ocasionado 857 víctimas mortales.

El texto, elaborado por las dos fuerzas mayoritarias, insta la Gobierno a “mantener el diálogo con el Gobierno vasco, con el Gobierno de Navarra y con las fuerzas democráticas, promoviendo la máxima unidad de acción”

El argumentario, que también ha sido ratificado por el grupo de la izquierda plural (IU-ICV-CHA) o por los catalanes de CIU, entre otros, pretende servir como fuente para “exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional”

El texto reconoce que la banda terrorista se mantiene operativa aunque no parece tener intención de volver a provocar un atentado. Esto ha sido una prédica muy utilizada por el ministro del interior, Jorge Fernández quien ha mantenido en reiteradas ocasiones que  existen "movimientos y actividades" en ETA destinadas a "mantener una estructura larvada en la clandestinidad" y que la banda dispone de armamento y explosivos.

Parte fundamental en el desarrollo del proceso para intentar acabar con el terrorismo de la banda vasca son las víctimas, que siempre han mantenido una postura desigual en torno al proceso iniciado por el Ejecutivo.

Una de los colectivos de víctimas que aglutina a una importante porción de las mismas es la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) que continuamente se ha mostrado reacia a desarrollar acuerdos con los terroristas e incluso recela del fin del terrorismo anunciado en el video del 20-O.

Otras asociaciones se han mostrado más propensas a mantener contactos con los terroristas como paso final para erradicar una violencia que perdura en nuestro país desde 1961.

En este sentido, el flamante texto reza que se deberá “reforzar el compromiso con las victimas del terrorismo para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista.

Supone, por lo tanto, un espaldarazo a los colectivos de víctimas que habían manifestado un cierto distanciamiento hacia sus reivindicaciones por parte del Gobierno tras conocer el anuncio de ETA.

Por último, el escrito  insta al Gobierno a velar por el cumplimiento estricto de la ley y la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Con este documento se pretende constatar la apertura de un tiempo nuevo sin violencia de ETA y que fije las pautas para esa nueva etapa, en la que también se reclama a la banda su disolución.

Ni rastro de mención alguna al conflicto surgido en torno a la política penitenciaria que se debe aplicar a los presos etarras que carecen de delitos de sangre.

¿Por qué se elabora este documento?
La presentación de este significativo texto tiene un precedente cercano. No llega porque de repente los dos partidos más representativos en nuestro país hayan querido aunar sus fuerzas de cara al final de la violencia.

Todo viene porque Rosa Díez presentó el pasado martes una propuesta parlamentaria que solicitaba al flamante Gobierno  que tuviera coraje para ilegalizar Amaiur y Bildu. Esta propuesta será votada esta tarde en sede parlamentaria.

Cuando se hizo público que la líder de UPyD presentaría dicha proposición, la bancada popular personificada en el ministro del interior, Jorge Fernández se opuso y aludió a un tiempo nuevo, algo sobre lo que ya se han pronunciado en distintas declaraciones el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti

Los socialistas han aprovechado el texto de UPyD para promover un texto común alternativo con el PP y el resto de los partidos democráticos que no se limite a oponerse a dicha ilegalización.

Según fuentes consultadas, Díez impedirá hoy en el Congreso la aprobación del documento, presentado como enmienda a su moción.

Este texto supone claramente un giro en el  duro veredicto mantenido por los conservadores sobre la situación de ETA.

El PSOE está dispuesto a ayudar al Ejecutivo del PP a escenificar ese giro con un acuerdo político al que ya se han sumado PNV y CiU.

La cobertura política del acuerdo, que viene reclamando desde hace semanas en Euskadi Antonio Basagoiti, le irá bien al Gobierno del PP para neutralizar las presiones de la derecha más radical y de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, y de posiciones como las de Rosa Díez que se anclan en el inmovilismo en política antiterrorista.

Según Europa Press, El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha apelado a la "responsabilidad" de la líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, para animarla a sumarse y a permitir que este martes el Pleno vote el texto sobre la gestión del fin de ETA que PP y PSOE han promovido como enmienda alternativa a la moción en la que la formación magenta pide la ilegalización de Bildu y Amaiur.

En este contexto, le ha recordado que la unidad de los demócratas ha sido "esencial" para vencer a ETA y lo va a seguir siendo en el futuro.