No sé si a ustedes también les dan una patada en el estómago cuando les entregan una factura de esas simbólicas al terminar una consulta o prueba médica. No me creo la milonga esa de que lo hacen con el fin de que todos los españoles hagamos un uso más responsable de la sanidad pública, en definitiva, para que uno sea consciente del coste que tiene el tratamiento que se acaba de hacer.
A mi me importa un carajo la dichosa factura. Sólo acudo al médico cuando lo necesito, así que para mi ese papel lo pueden reciclar y utilizar para otros menesteres. El caso es que menos factura simbólica y más control sobre los gestores políticos, que claro está, han dejado la economía de la Comunidad Valenciana en muerte clínica, y también sobre algunos de los profesionales que hacen un abuso de los servicios públicos.
No afirmo que sea una práctica generalizada lo que les relato a continuación, pero igual alguno de ustedes ha vivido una situación similar. El caso es que no hace mucho tiempo necesité un traumatólogo, así que tras una larga lista de espera conseguimos la ansiada cita con el doctor, que nos atendió en el centro hospitalario “público”. El señor muy amable me informa que se necesitarán más pruebas para dar con el tratamiento definitivo, pero que la lista de espera será para un año como pronto, que hay que ir paso a paso, etc. De repente, en un momento de la conversación deja caer de forma sutil que tiene consulta privada y que allí podría dar un diagnóstico más personalizado y detallado sobre el caso.
Desesperado de dolor uno no duda en acudir a la consulta privada con el único fin de encontrar una solución que permita continuar con la vida que uno tenía. La consulta sale por el precio de 90 euros y con la única utilidad de decir que se necesitan unas placas, análisis y unas radiografías, pero que no debemos preocuparnos porque éstas se realizarán en el mismo hospital público en el que el médico tiene consulta, y claro con cargo a mis propios impuestos. Por aclarar, que la consulta sirvió para saltar la lista de espera y obtener una fecha de dos semanas para la realización de las pruebas.
Como he dicho anteriormente no afirmo que la práctica sea generalizada, pero seguramente casos similares se producen en otros hospitales que ustedes conocen. La cuestión es: cómo se exige esfuerzos a los ciudadanos cuando hay profesionales que hacen un uso indebido y abuso de los servicios médicos. El caso se repite también en educación, en el servicio de basuras y del transporte entre otros. Todos intentamos sacar provecho de nuestro lugar de trabajo, pero una cosa es una fotocopia o una llamada de teléfono particular, y otra hacer el agosto con el dolor ajeno.
