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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

El juez Garzón y el Estado de Derecho

José Manuel Onivea
Lectores
@DiarioSigloXXI
lunes, 13 de febrero de 2012, 13:52 h (CET)
En relación con la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que, por unanimidad de sus siete Magistrados, ha condenado al juez Garzón por prevaricación, determinados sectores políticos, jurídicos y mediáticos han realizado unos vergonzosos ataques a nuestra máxima instancia judicial que no debieran quedar impunes. Son lamentables, y dejan bien a las claras el carácter intolerante, totalitario y antidemocrático de quienes los han protagonizado. ¿Qué tipo de instrucción defienden Llamazares, Lara o Verdejo, acaso la de los jueces de la extinta Unión Soviética o de Cuba, sin garantías procesales algunas? ¿Todo vale para obtener resultados? La argumentación del Tribunal es tan contundente y se reprueba tan duramente la actuación del juez que, en mi personal opinión, no cabe duda alguna del delito cometido ni, en consecuencia, de lo conforme a derecho que es  la sentencia.

 ¿Se pueden imaginar los lectores el peligro que entraña un juez que instruye una causa sin respetar las leyes y procedimientos establecidos? Al más elemental sentido común repugna que el instructor y, por orden suya, el fiscal y la policía  puedan “pinchar de forma indiscriminada y general” ni más ni menos que las conversaciones de los abogados con sus defendidos y, además que, amparados por el secreto del sumario, puedan utilizar la información así obtenida en contra de los mismos. De ahí a aplicar la tortura para obtener confesiones sólo hay un paso. Nadie ni nada debe estar por encima de la ley. Actualmente en España, sólo en casos de terrorismo y con autorización judicial, se pueden interceptar las comunicaciones entre abogado y cliente. Garzón prevarica porque, conociendo su ilegalidad, ordena las escuchas  y, por otra parte, al acceder a ellas, viola las garantías constitucionales de acusados y letrados defensores.

 Investido de una especie de “complejo de superioridad” casi enfermizo, no admite límite alguno a su actuación jurisdiccional, guiada siempre por el “yo creí o yo pensé que”. Sin prejuzgar nada, en el caso del otro juicio, el de la Memoria Histórica, tampoco admitió las indicaciones que la fiscalía de la Audiencia Nacional le hizo sobre su no competencia para actuar. En definitiva, lo peor que le puede suceder a un juez, no ajustarse al principio de legalidad. Felicitémonos todos y demos las gracias al letrado Ignacio Peláez que, sin apoyo del Consejo General de la Abogacía ni de su Colegio Profesional, algo inaudito, ha obtenido del Supremo una sentencia con la que los ciudadanos y los abogados nos sentimos a cubierto de actuaciones semejantes. Es el Estado de derecho.
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