El fallo del Tribunal Supremo por el que se condena al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón a cumplir once años de inhabilitación profesional, ha provocado un aluvión de consideraciones por parte de los grupos políticos.

Uno de los primeros en salir a la palestra ha sido el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón quien ha declinado hacer valoraciones sobre el dictamen del Tribunal Supremo.

El dirigente popular ha manifestado que “"el Gobierno, en este, como en todos los casos en los que haya un pronunciamiento del poder judicial, no hará ningún tipo de valoración política".

El ministro ha remachado a los periodistas que “existe una valoración única y exclusiva de respeto absoluto hacia las decisiones de los magistrados”.

En sintonía con las declaraciones del ministro de justicia, su compañera de partido y Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha expuesto que  “los fines no pueden justificar los medios, y esa es la esencia del Estado de Derecho".

Esta consideración la ha vertido tras una cuestión formulada por el dirigente de IU-Madrid, Gregorio Gordo quien replicaba que “hoy era un día triste para la democracia”.

Esperanza Aguirre, en un arrebato de euforia ha replicado que no cree que “IU esté a favor de la impunidad, cualquiera que incumple la ley debe ser condenado. La imputación a Garzón por tres delitos graves la han hecho 15 magistrados del Supremo por unanimidad, así que yo creo que es un día muy alegre para la democracia y no muy triste"

El flamante secretario general de la bancada socialista, Alfredo Rubalcaba ha declarado a través de la red social Twitter que respeta todas las sentencias pero que “algunas me entristecen. Hoy me acuerdo de la lucha que hicimos juntos contra ETA", ha escrito.

En sentido amplio, los diversos dirigentes socialistas que se han pronunciado sobre el caso han manifestado una profunda contrariedad ante la sentencia que inhabilita a un antiguo compañero de filas. Sin embargo, han manifestado una postura diplomática al “respetar todas y cada una de las sentencias que desarrollan las instituciones judiciales”.

El exministro socialista, Francisco Caamaño ha recalcado que no conocía el pronunciamiento judicial por lo que sólo podía expresar su "respeto". "Hasta que no salga la sentencia tampoco puedo hacer ningún tipo de valoración" ha comentado.

Izquierda Unida por su parte ha exhibido una línea argumental mucho más crítica que sus colegas en el Congreso.

El líder federal de la formación, Cayo Lara ha  sido contundente en su declaración sobre el fallo del Supremo: “nos llama poderosamente la atención la celeridad del Supremo para condenar a un juez que persigue delitos de presunta corrupción mientras los presuntos corruptos todavía no se han sentado en el banquillo".  

El portavoz en la Cámara Baja ha añadido que a partir de ahora “vamos a tener dificultades para explicarles a nuestros hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo".

Su compañero de partido, el dirigente asturiano Gaspar Llamazares ha representado una de las voces más discrepantes contra la sentencia judicial. El exportavoz de IU  en el Congreso de los diputados ha manifestado que “es una injusticia monstruosa”. “Es un linchamiento y un escándalo que no respeto ni acato” ha respondido ante las preguntas formuladas por los periodistas parlamentarios.