Los mentideros anejos a la sede del PP en la calle Génova de Madrid apuntan a la mujer de Josep Piqué para ocupar la presidencia de RTVE. Mientras, Soraya Sáenz de Santamaría anunció tras el Consejo de Ministros del pasado viernes que la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales quedaba descartada.

Gloria Lomana, ¿de Antena 3 a RTVE?

Una tarea aún pendiente para el gobierno de Mariano Rajoy es decidir quién se pondrá al frente de la corporación RTVE. Alberto Oliart dimitió como presidente durante el verano de 2011, asumiendo el Consejo de Administración de RTVE el control ejecutivo del grupo y designando un presidente interino rotatorio mensual entre sus vocales a efectos de funcionamiento interno.

Actualmente los rumores sobre la designación de este cargo apuntan hacia Gloria Lomana, directora de informativos de Antena 3. Javier Arenas y Pedro Arriola serían los artífices de su encumbramiento, dispuestos a tener un aliado en la televisión y radio públicas. Gloria Lomana, además de su trayectoria profesional en la televisión, es la esposa de Josep Piqué, ex ministro durante el gobierno de José María Aznar e íntimo amigo de Javier Arenas. La periodista, entre otros apoyos, también cuenta con la amistad de Elvira Fernández, la mujer del actual presidente de gobierno.

Entre las acciones urgentes que habría de acometer el futuro presidente de RTVE se encuentra la drástica reducción de gastos para asumir el recorte de 200 millones que pretende imponer el gobierno. El Consejo de Administración de la Corporación aún tiene esperanzas de renegociar esta suma y reducirla a 80 millones de euros, sobre todo porque actualmente ya tiene comprometido el 80% de los 1.200 millones de los que creía disponer. Por otro lado habrá de lidiar con las televisiones privadas, que han amenazado al gobierno con no pagar su canon si la publicidad vuelve a TVE, recurso que se ha barajado para solventar los números rojos en los que caería la corporación pública.

Los recortes también se llevan por delante al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales

El presupuesto que se barajaba para el CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) se cifraba en aproximadamente seis millones y medio de euros. Desde la Vicepresidencia del Gobierno se ha considerado que otros organismos independientes pueden hacer frente a las labores que se iban a asignar a este consejo, y ahorrar de dicha manera la millonaria cantidad.

El órgano en el cual se ha pensado es la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), regida por la Ley General de Telecomunicaciones del 3 de noviembre de 2003. En el artículo 48 de dicha ley se recoge que “tendrá por objeto el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales”. Dicha descripción ha sido lo suficientemente amplia para que se interpretara como una posible sustituta al CEMA.

En realidad el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales recogía de manera mucho más concreta la necesidad de regular la radio y televisión y sus contenidos para su adecuación al marco legal, naciendo además desde las directrices que la Comisión Europea recomendaba en 1999. En la Ley General de la Comunicación Audiovisual del 31 de marzo de 2010 se afirmaba que su finalidad sería velar y garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a.    El libre ejercicio de la comunicación audiovisual en materia de radio, televisión y servicios conexos e interactivos en las condiciones previstas en la presente Ley.

b.    La plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley: en especial todo lo referente al menor.

c.    La transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual.

d.    La independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la misión de servicio público que le sea encomendada.
Los espectadores y el sector, de nuevo a la espera

El nuevo gobierno habrá de reformar la legislación para poder llevar a cabo esta sustitución, algo que dada su mayoría absoluta no será más que un mero trámite. A la espera de que se resuelva esta situación se quedarán la Asociación de Telespectadores y Radioyentes, la Academia de la Televisión y otras organizaciones, como los consejos audiovisuales de las distintas autonomías que habían creado dicho órgano en su territorio. Todos ellos habían pregonado la necesidad de un organismo que controlara el audiovisual en España, tal y como ocurre en otros países, con Francia como claro referente.