Hace unos días los medios se hacían eco de un perfil falso de Twitter, en el que se suplantaba al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y que la presidenta del TSJCV denunció por usurpación, injurias y calumnias. Alejandro Sanz también vio cómo en su nombre escribían contra el Gobierno venezolano. Tommasso Debenedetti, el famoso periodista italiano que se dedica a suplantar identidades en Twitter o a inventar entrevistas, la semana pasada repitió su especialidad, esta vez lo tildó de “experimento” con cinco ministros del Gobierno español: Cristóbal Montoro, Luis de Guindos, José Manuel García-Margallo, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz. Suplantó sus identidades y se dedicó a lanzar tweets anunciando medidas falsas, cifras de déficit, viajes de los titulares de Interior y Exteriores... Llegando el propio Ministerio de Hacienda a desmentir los mensajes enviados por dicho personaje y advirtiendo de que se trataba de una cuenta falsa.
Pero éstos son sólo algunos de los últimos casos más mediáticos, lo cierto es que el mal uso que se hace de las redes sociales va en aumento debido a la posibilidad de anonimato que ofrecen, a las dificultades a la hora de detectar quién vulnera la ley, a la falta de consecuencias, de jurisprudencia de los Tribunales y sobre todo de conciencia de los usuarios sobre los delitos en los que pueden estar incurriendo.
Es cierto que en las redes sociales e Internet en general es fácil engañar. Todos estamos expuestos y podemos ser víctimas de actuaciones ilícitas. Ocurre diariamente. Cada vez son más los usuarios que con cobardía se esconden bajo seudónimos y difaman, injurian, calumnian, provocan, vulneran el derecho al honor o a la propia imagen e, incluso, difunden noticias sobre personas a sabiendas de que son falsas. Víctimas de rumores falsos son continuamente políticos de primera fila, que sufren la aparición de un perfil en Twitter o Facebook, cuyo usuario lleva su nombre (con alguna leve e inapreciable modificación), se hacen pasar por ellos sobrepasando la línea de lo cómico y diciendo verdaderas salvajadas que son intolerables. Quizá esta sea una de las mayores batallas que queda por librar, las compañías de redes sociales deben aumentar la seguridad y aún pueden hacer mucho por evitar la creación de perfiles de este tipo. La Brigada de Delitos Tecnológicos o autoridades policiales tienen el deber de perseguir estas conductas y detectar quién vulnera la ley. Los jueces tendrán que afrontar cada vez un mayor número de denuncias y comenzar a crear jurisprudencia en un campo con un enorme impacto en la sociedad. Además, los propios ciudadanos debemos comenzar a denunciar estos comportamientos y a actuar con responsabilidad. En Internet nadie está por encima de la ley, es la única forma de otorgarle credibilidad y fiabilidad a un espacio donde rige la libertad de expresión y también debe hacerlo el respeto al resto y fundamentalmente a sus derechos.
