Que el PP iba a derogar el canon digital no puede sorprender a nadie. Desde 2008 lo llevaba anunciando en su programa electoral. Lo abracadabrante ha sido la decisión de sustituir el convoluto digital, expoliado a PYMES, autónomos y ciudadanos y decretado ilegal en varias sentencias, por el expolio de toda la sociedad en forma de la denominada “compensación por copia privada”. Y es que ahora las entidades de gestión de derechos de autor, que están encantadas de la vida porque el PP les ha solucionado de golpe y plumazo la impopular papeleta y no han devuelto aún que se sepa lo indebidamente cobrado, seguirán llenando sus arcas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. O sea, que mientras que se recorta la productividad a los funcionarios, se machaca a las clases medias que trabajan gravando hasta niveles confiscatorios el IRPF, se penaliza el ahorro y se expolia a los pequeños propietarios en forma de IBI para mantener el despilfarro municipal, los de la SGAE seguirán engrosando sus cuentas bancarias a costa de todos los ciudadanos.

Como si no sólo esto fuera suficiente para escandalizar al personal, José María Lasalle, defensor de un curioso liberalismo apellidado “simpático” (ya se sabe qué hay de cierto cuando se adjetiva un sustantivo) nombrado Secretario de Estado de Cultura, presidirá la temida Sección Segunda creada por Ángeles González-Sinde para ganar aquello que la Justicia iba denegando y que decidirá, con mínima intervención judicial y siempre limitada a la ejecución de la medida decidida por los comisarios políticos, qué webs tienen derecho a existir y cuáles no. Todo un canto al totalitarismo que desde la Asociación de Internautas, advierten, será denunciado ante el Tribunal Constitucional –como si éste fuera garante de algo; ilusos-. ¡Qué fácil tenían arrinconar la aberración socialista para ponerse a redactar una nueva Ley de Propiedad Intelectual que, conjugando los intereses en juego y respetando las reglas del juego democrático, fuera acorde al siglo XXI! Sin embargo, han elegido quedarse atrás. E intentar que el resto tampoco avance.

Queda en el aire si se perseguirán las páginas que contengan enlaces, aunque me temo lo peor. Esta gente no entiende lo que es la Red: un gigantesco enlace. La policía del pensamiento 2.0 ha sido creada por el gobierno de Mariano Rajoy al tiempo que deja desprotegidos a los autores que deciden publicar libremente sus obras. Genios.

Además de ineficaz, no se enteran que no se le pueden poner puertas al campo, la legislación recién aprobada desincentivará uno de los sectores con mayor futuro, que es el tecnológico. Varapalo pues, a los emprendedores. En Estados Unidos, en donde la sociedad civil está mucho más organizada y los emprendedores sienten menos temor ante el poder político, las grandes compañías de internet, de Facebook a Linkedin pasando por Wikipedia, Twitter o la mismísima Google, podrían ir al a huelga el próximo 23 de enero para protestar contra la SOPA, que no es otra cosa más que la Ley Sinde-Wert en versión useña.

Quizá, sólo quizá, cuando ese día José Ignacio Wert y José María Lasalle intenten acceder a la Web y les falle casi todo se darán cuenta de la barbarie cometida. Google, el gigante portal de enlaces, no hubiera podido nacer en España con esta injusta ley. Debido a gentes como ellos. Menuda tropa.