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La subida del IRPF del gobierno sigue la línea de las medidas del gobierno anterior

La subida de impuestos o cómo Zapatero ganó las elecciones del 20-N

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Los fundamentos de la doctrina jurídica nos dicen que no existe obligación tributaria si no existe una ley que establezca los elementos constitutivos del impuesto de manera explícita. Esta ley ha de especificar, para cada tipo de impuesto, su “causa generadora” (el hecho imponible), los presupuestos de “producción” de esta causa, los sujetos obligados al pago y el método exacto de cálculo de la base imponible. Por supuesto, también debe regular el tratamiento de las infracciones, el calendario tributario y la estructura pública de recaudación (es decir, los órganos competentes para exigir y recaudar tributos).

Las leyes tributarias

Dentro del marco jurídico de cualquier país, las leyes tributarias forman siempre un tipo aparte. Aunque, como para toda ley, su fin haya de ser el bien común, su incidencia en la sociedad es más directa. Las leyes tributarias, en general, están destinadas a sufragar el gasto público en Educación, Sanidad, Seguridad, Defensa, etc., es decir, en primera instancia, a sufragar las necesidades básicas de un Estado.

De cualquier modo, pagar impuestos resulta siempre doloroso, por mucha conciencia cívica que haya en la sociedad. No solo por la disminución del patrimonio del que paga, sino también por la dificultad de un conocimiento técnico adecuado de las leyes tributarias. Este conocimiento técnico es el que, en muchas ocasiones, es contratado por las rentas más altas para eludir el pago, o al menos un pago proporcionado al porcentaje de las clases medias, de los impuestos.

Adónde irán a parar mis impuestos

Es un hecho que la mayor parte de al población desconoce las leyes tributarias. Y es un hecho que, para la mayor parte de la población, una hipotética lectura de la Ley General Tributaria o de las leyes tributarias de su ámbito territorial, tampoco serviría de mucho, debido a esa complejidad técnica.

A esto, hay que sumar la superpoblación de leyes tributarias, la carga impositiva cada vez mayor sobre las rentas del trabajo (y sobre lo que, un día, fueron las “clases medias”), la continua “situación de emergencia” que justifica cualquier barbaridad, los decretos del gobierno que desconocen los principios básicos de la justicia y que deforman a sus antojo los hechos imponibles o añaden recargos ilegales e injustos. Y, aun más, el grado de corrupción política, permitida y chalaneada por los dos grandes partidos, y la consiguiente incertidumbre y la consiguiente desconfianza sobre adónde irán a parar nuestros impuestos.

La justicia de las leyes

Ya enseñaba Santo Tomás de Aquino que una ley (o un decreto, que tanto vale), será justa en las siguientes condiciones:

- en razón a su fin, cuando se ordene al bien común;

- en razón a su autor, cuando la ley no exceda su potestad;

- en razón de su forma, cuando se impongan las cargas, a los súbditos, con igualdad proporcional.

O, dicho al contrario, una ley (o un decreto) será injusta si su fin es distinto del bien común, si hay un “exceso de potestad” por parte de su autor (si legisla un órgano que no está autorizado para ello) o, por último, si el reparto de las cargas que se imponen es proporcionalmente desigual.

La justicia de los impuestos

Más de tres siglos después de Santo Tomás, el jesuita español Francisco Suárez (conocido por ser considerado el creador del Derecho Internacional), recoge las tesis del Aquinate para analizar las leyes tributarias.

En primer lugar, Suárez destaca que, para ser justa, la ley tributaria debe ser creada y promulgada por la máxima autoridad legislativa, no solo para dictar leyes, sino también para imponerlas. Es decir, la autoridad que imponga un impuesto no ha de tener autoridad superior en su esfera. En el caso de la España actual estaríamos hablando del Parlamento (no del gobierno).

En segundo lugar, el tributo debe ser “justo en su fin”. Pero, para que esto sea así, el fin del tributo ha de ser conocido, si no por todo el pueblo, al menos por todos los “consejeros y procuradores del reino” (nuestros actuales diputados).

El control de los gastos del Estado

Por lo demás, continúa Suárez, si el tributo guarda estrecha relación con un fin específico, la medida del mismo no puede sobrepasar lo requerido para ese fin: lo necesario para “solventar la justa causa”. Y, dada la incidencia del tributo sobre estos fines sociales, será deseable, siempre, que existan mecanismos de control sobre la utilización del dinero recaudado para dichos bienes comunes, de modo que se pueda comprobar la proporción del impuesto a la causa que lo generó y si se consigue o se acerca la “justicia conmutativa” (es decir, que cada cual reciba, al menos, lo que ha dado).

Si no hay proporción, la cantidad del tributo que excede al fin para el que fue recaudado no tendrá causa justa y hará que la imposición resulte injusta por completo. No importa si había causa para imponerlo antes, si después, en el empleo del mismo, no se respeta esta causa final. El resultado es equivalente: “Fraude e injusticia”.

La distribución de la carga

Finalmente, en cuanto a la distribución de cargas, Francisco Suárez opta por una sana prudencia: “¿Cómo es posible que todos los súbditos lleguen a tener información y conocimiento sobre si en un tributo se da alguna desigualdad debida a la desproporción o a una injusta distribución, cuando esto apenas pueden juzgarlo los sabios y depende de innumerables circunstancias?”.

Qué es el nuevo gobierno

En fin, como hemos visto, nuestro técnicamente “muy preparado” gobierno, no ha resultado ser liberal, contra lo que algunos ingenuos esperaban. Un equipo de gobierno liberal nunca habría inventado un “recargo de solidaridad” vía impuestos: habría ahorrado en gastos y solo en gastos. Tampoco aplica la doctrina social de la Iglesia en cuanto a tributos, que hemos expuesto, y según la cual el decreto de subida del IRPF es radicalmente injusto, por no ser promulgado por el Parlamento y por no distribuir proporcionalmente las cargas. Es decir, tampoco son, pues, conservadores (en política económica).

Zapatero ganó las elecciones

Finalmente, ironías del destino, Zapatero ganó las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Y las ganó ya en 2008, cuando Rajoy decidió que tenía que convertirse en Zapatero para ganar las elecciones. Resultó, por fin, que el “núcleo duro” del Partido Popular era un núcleo de socialdemócratas (ya lo sabíamos de Gallardón, pero en De Guindos es una sorpresa), que no sabe cuadrar las cuentas más que subiendo impuestos. Y que, lo único que hemos ganado con el cambio de gobierno es una mejora de la competencia técnica de los ministros. Nos siguen mintiendo igual y nos siguen tratando como igual de idiotas (o más).

PP y PSOE están juntos en esto

No es creíble que el PP desconociera las cifras de déficit; ni tampoco que estuviera deseando llegar al poder para fastidiar a los trabajadores. La única explicación coherente, dado que nadie ha llevado a los tribunales a ningún presidente por el agujero en las finanzas del país o de la Autonomía correspondiente, la única explicación realista es que PP y PSOE han estado jugando a una distribución, no de las cargas impositivas, sino de los esfuerzos electorales.

Muchos dirán que no les importa si el gobierno es comunista o neoliberal, con tal de que nos saque de la crisis. Pero, en realidad, un gobierno no saca de una crisis económica a un país: acelera o ralentiza los cambios. Alemania en record de empleo y España en record de paro. De todas formas, las crisis económicas pasa, incluso a pesar de los gobiernos. Y lo que sí importa, al final, es que el gobierno tenga algún principio. El que sea, pero alguno. Porque la crisis no es sólo económica.

En mi humilde opinión, el Ministro de Economía miente: las medidas de ajuste sí vienen impuestas desde fuera. Aunque Merkel no haya llamado a Rajoy. Lo saben perfectamente y dicen lo contrario: mienten. A eso, ya estábamos jugando antes. Y nunca mentirán como Zapatero.

La subida de impuestos o cómo Zapatero ganó las elecciones del 20-N

La subida del IRPF del gobierno sigue la línea de las medidas del gobierno anterior
Felipe Muñoz
martes, 3 de enero de 2012, 08:00 h (CET)
Los fundamentos de la doctrina jurídica nos dicen que no existe obligación tributaria si no existe una ley que establezca los elementos constitutivos del impuesto de manera explícita. Esta ley ha de especificar, para cada tipo de impuesto, su “causa generadora” (el hecho imponible), los presupuestos de “producción” de esta causa, los sujetos obligados al pago y el método exacto de cálculo de la base imponible. Por supuesto, también debe regular el tratamiento de las infracciones, el calendario tributario y la estructura pública de recaudación (es decir, los órganos competentes para exigir y recaudar tributos).

Las leyes tributarias

Dentro del marco jurídico de cualquier país, las leyes tributarias forman siempre un tipo aparte. Aunque, como para toda ley, su fin haya de ser el bien común, su incidencia en la sociedad es más directa. Las leyes tributarias, en general, están destinadas a sufragar el gasto público en Educación, Sanidad, Seguridad, Defensa, etc., es decir, en primera instancia, a sufragar las necesidades básicas de un Estado.

De cualquier modo, pagar impuestos resulta siempre doloroso, por mucha conciencia cívica que haya en la sociedad. No solo por la disminución del patrimonio del que paga, sino también por la dificultad de un conocimiento técnico adecuado de las leyes tributarias. Este conocimiento técnico es el que, en muchas ocasiones, es contratado por las rentas más altas para eludir el pago, o al menos un pago proporcionado al porcentaje de las clases medias, de los impuestos.

Adónde irán a parar mis impuestos

Es un hecho que la mayor parte de al población desconoce las leyes tributarias. Y es un hecho que, para la mayor parte de la población, una hipotética lectura de la Ley General Tributaria o de las leyes tributarias de su ámbito territorial, tampoco serviría de mucho, debido a esa complejidad técnica.

A esto, hay que sumar la superpoblación de leyes tributarias, la carga impositiva cada vez mayor sobre las rentas del trabajo (y sobre lo que, un día, fueron las “clases medias”), la continua “situación de emergencia” que justifica cualquier barbaridad, los decretos del gobierno que desconocen los principios básicos de la justicia y que deforman a sus antojo los hechos imponibles o añaden recargos ilegales e injustos. Y, aun más, el grado de corrupción política, permitida y chalaneada por los dos grandes partidos, y la consiguiente incertidumbre y la consiguiente desconfianza sobre adónde irán a parar nuestros impuestos.

La justicia de las leyes

Ya enseñaba Santo Tomás de Aquino que una ley (o un decreto, que tanto vale), será justa en las siguientes condiciones:

- en razón a su fin, cuando se ordene al bien común;

- en razón a su autor, cuando la ley no exceda su potestad;

- en razón de su forma, cuando se impongan las cargas, a los súbditos, con igualdad proporcional.

O, dicho al contrario, una ley (o un decreto) será injusta si su fin es distinto del bien común, si hay un “exceso de potestad” por parte de su autor (si legisla un órgano que no está autorizado para ello) o, por último, si el reparto de las cargas que se imponen es proporcionalmente desigual.

La justicia de los impuestos

Más de tres siglos después de Santo Tomás, el jesuita español Francisco Suárez (conocido por ser considerado el creador del Derecho Internacional), recoge las tesis del Aquinate para analizar las leyes tributarias.

En primer lugar, Suárez destaca que, para ser justa, la ley tributaria debe ser creada y promulgada por la máxima autoridad legislativa, no solo para dictar leyes, sino también para imponerlas. Es decir, la autoridad que imponga un impuesto no ha de tener autoridad superior en su esfera. En el caso de la España actual estaríamos hablando del Parlamento (no del gobierno).

En segundo lugar, el tributo debe ser “justo en su fin”. Pero, para que esto sea así, el fin del tributo ha de ser conocido, si no por todo el pueblo, al menos por todos los “consejeros y procuradores del reino” (nuestros actuales diputados).

El control de los gastos del Estado

Por lo demás, continúa Suárez, si el tributo guarda estrecha relación con un fin específico, la medida del mismo no puede sobrepasar lo requerido para ese fin: lo necesario para “solventar la justa causa”. Y, dada la incidencia del tributo sobre estos fines sociales, será deseable, siempre, que existan mecanismos de control sobre la utilización del dinero recaudado para dichos bienes comunes, de modo que se pueda comprobar la proporción del impuesto a la causa que lo generó y si se consigue o se acerca la “justicia conmutativa” (es decir, que cada cual reciba, al menos, lo que ha dado).

Si no hay proporción, la cantidad del tributo que excede al fin para el que fue recaudado no tendrá causa justa y hará que la imposición resulte injusta por completo. No importa si había causa para imponerlo antes, si después, en el empleo del mismo, no se respeta esta causa final. El resultado es equivalente: “Fraude e injusticia”.

La distribución de la carga

Finalmente, en cuanto a la distribución de cargas, Francisco Suárez opta por una sana prudencia: “¿Cómo es posible que todos los súbditos lleguen a tener información y conocimiento sobre si en un tributo se da alguna desigualdad debida a la desproporción o a una injusta distribución, cuando esto apenas pueden juzgarlo los sabios y depende de innumerables circunstancias?”.

Qué es el nuevo gobierno

En fin, como hemos visto, nuestro técnicamente “muy preparado” gobierno, no ha resultado ser liberal, contra lo que algunos ingenuos esperaban. Un equipo de gobierno liberal nunca habría inventado un “recargo de solidaridad” vía impuestos: habría ahorrado en gastos y solo en gastos. Tampoco aplica la doctrina social de la Iglesia en cuanto a tributos, que hemos expuesto, y según la cual el decreto de subida del IRPF es radicalmente injusto, por no ser promulgado por el Parlamento y por no distribuir proporcionalmente las cargas. Es decir, tampoco son, pues, conservadores (en política económica).

Zapatero ganó las elecciones

Finalmente, ironías del destino, Zapatero ganó las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Y las ganó ya en 2008, cuando Rajoy decidió que tenía que convertirse en Zapatero para ganar las elecciones. Resultó, por fin, que el “núcleo duro” del Partido Popular era un núcleo de socialdemócratas (ya lo sabíamos de Gallardón, pero en De Guindos es una sorpresa), que no sabe cuadrar las cuentas más que subiendo impuestos. Y que, lo único que hemos ganado con el cambio de gobierno es una mejora de la competencia técnica de los ministros. Nos siguen mintiendo igual y nos siguen tratando como igual de idiotas (o más).

PP y PSOE están juntos en esto

No es creíble que el PP desconociera las cifras de déficit; ni tampoco que estuviera deseando llegar al poder para fastidiar a los trabajadores. La única explicación coherente, dado que nadie ha llevado a los tribunales a ningún presidente por el agujero en las finanzas del país o de la Autonomía correspondiente, la única explicación realista es que PP y PSOE han estado jugando a una distribución, no de las cargas impositivas, sino de los esfuerzos electorales.

Muchos dirán que no les importa si el gobierno es comunista o neoliberal, con tal de que nos saque de la crisis. Pero, en realidad, un gobierno no saca de una crisis económica a un país: acelera o ralentiza los cambios. Alemania en record de empleo y España en record de paro. De todas formas, las crisis económicas pasa, incluso a pesar de los gobiernos. Y lo que sí importa, al final, es que el gobierno tenga algún principio. El que sea, pero alguno. Porque la crisis no es sólo económica.

En mi humilde opinión, el Ministro de Economía miente: las medidas de ajuste sí vienen impuestas desde fuera. Aunque Merkel no haya llamado a Rajoy. Lo saben perfectamente y dicen lo contrario: mienten. A eso, ya estábamos jugando antes. Y nunca mentirán como Zapatero.

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Gladio (espada en latín), fue el nombre que se le dio a la "red de agentes durmientes desplegados por la OTAN en Italia y preparados para entrar en acción en caso de que los soviéticos invadieran Europa Occidental", y serían la fuerza aliada que permanecería detrás de las líneas soviéticas para facilitar el contraataque.

El diccionario es permisivo, incluye la rigidez en la delimitación de las entradas y salidas; al tiempo que acoge la pérdida de los formatos cerebrales a la hora de regular las ideas entrantes o las emitidas tras elucubraciones varias. A veces no está tan claro si apreciamos más los desajustes o seguimos fieles a ciertos límites establecidos.

 
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