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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   Justicia   -   Sección:   Opinión

El juicio ciudadano pretende suplantar el de los jueces

¿Se dejaría usted operar un tumor por el fontanero?
Miguel Massanet
miércoles, 16 de agosto de 2017, 09:58 h (CET)
Estamos en unos momentos en los que los cambios que se van produciendo en la sociedad son tan extraños, tan infantiles y a veces tan absurdos que, a los simples ciudadanos de a pie, a los que la edad nos ha enseñado que uno no debe espantarse por nada, tomarse la vida con filosofía y no pretender entender el porqué de muchas de las cosas que inopinadamente, cuando menos lo pensamos o cuando más ensimismados nos encontramos intentando solucionar nuestros propios problemas, se nos presentan para dejarnos pasmados e incapaces de reaccionar ante ellos, por lo estrambótico de su apariencia o lo anormal de su manifestación.

En años pasados los ciudadanos tenían un concepto claro de la diferenciación entre las distintas profesiones u oficios. Uno sabía que un señor ingeniero era una persona que había tenido que estudiar una porrada de años para saber construir un puente sin que, al poco tiempo, se desplomara sobre sí mismo. Lo mismo se puede decir de los científicos que estudiaban el universo y calculaban las magnitudes celestiales o aquellos prodigiosos artistas que tenían el gran don de pintar un cuadro extraordinario o de esculpir el cuerpo de una mujer capaz de dejar admirados a todos aquellos que lo contemplaban. Evidentemente, el hecho de reconocer en los demás unas cualidades, un mérito o unas facultades especiales que los situara por encima de otras personas en determinadas especialidades, profesiones u artes, no significaba que el resto, que no habían sido agraciados con tales dotes, pudieran atribuirse para sí mismos iguales facultades.

Es cierto que siempre han existido intrusos que se han arrogado facultades o conocimientos de los que carecen, para intentar engañar a otras personas con el fin de sacar provecho de ello; pero lo que está sucediendo actualmente tiene una particularidad que lo convierte en más peligroso, más preocupante y, por supuesto, indicativo de una tendencia que elevaría la ignorancia, la temeridad o la egolatría de las masas o grupos de personas a la peligrosa categoría de alternativa a los verdaderos conocimientos de aquellos dotados para ejercer con solvencia, legalmente y con el correspondiente título universitario, la profesión elegida. Cuando se juntan un grupo de personas que, dejándose llevar por las meras apariencias, sin disponer de los datos y pruebas suficientes o la preparación adecuada para sacar conclusiones atinadas, simplemente por lo que les dicta el corazón, lo que les señalan sus percepciones sensoriales o lo que oyen decir a otras personas, que tampoco están capacitadas para juzgar sobre unos determinados hechos; ya se creen en disposición de imponer sus criterios, de juzgar a los expertos que han estudiado los aspectos del caso o, sin conocer las leyes aplicables al tema del que se trata, se creen en condiciones de enmendar la plana a las autoridades, criticar la labor de los juzgados o decir maldiciones de un gobierno, simplemente porque ha hecho aquello que tenía la obligación de hacer.

Cada día determinados grupos de políticos, personas antisistema, progresistas y defensores del anarquismo, intentan, por todos los medios, acabar con las instituciones democráticas, crear la desconfianza del pueblo en las personas a las que eligieron para dirigir la nación o establecer situaciones de inseguridad, de caos o de desconfianza con las autoridades, para sacar provecho de ellas, desprestigiar el sistema y, con ello, conseguir situarse en una situación ventajosa para hacerse con el poder, de modo que les permita conseguir sus objetivos de imponer un determinado sistema de gobierno que, como es natural, no tiene otra intención que la de establecer una dictadura, generalmente de tipo comunista. En España nos encontramos ante una de estas situaciones.

Cada día son más los casos que, antes de ser debidamente contemplados en los tribunales de justicia, de pasar por todas las etapas exigidas por el procedimiento para, respetando las garantías de las personas, comprobar las evidencias, las pruebas, las testificaciones y los peritajes que, a juicio de los jueces, sean precisos para poder determinar si, los imputados, están realmente relacionados con aquellos hechos punibles y establecer el grado de culpabilidad que les cupiera según su participación o, en su caso, declarar su inocencia. Cada día la calle se convierte en el lugar en el que algunos agitadores, activistas y progres se toman por su cuenta la labor de juzgar a las personas, simplemente porque pertenecen a la derecha, militan en un partido determinado o pertenecen a los que dan por denominar la “casta” en la que engloban, sin otra prueba que lo garantice, a todas aquellas personas que por su riqueza, su fama, su prestigio o por pertenecer a un partido de derechas, consideran que representan un obstáculo que hay que eliminar cuanto antes y sea como sea, para conseguir sus fines espurios de llevar al país a la miseria y a la dictadura “ del proletariado”

Las manifestaciones, cuanto más numerosas y escandalosas mejor, se están convirtiendo en la pesadilla de los jueces que se ven presionados para tomar decisiones que, en ocasiones, no se ajustan a las que, según el ordenamiento jurídico vigente, se debieran tomar. Tenemos en España uno de estos casos de gran complicación legal debido a que entran en colisión determinados derechos y, para enmarañar la cuestión, hay que compaginar las legislaciones de dos países, Italia y España; sobre un caso de custodia de los hijos, disputada por sus padres, en la que concurre un hecho que contribuye a crear una situación especialmente controvertida ya que, el padre fue condenado a tres meses de cárcel por malos tratos a su mujer. Naturalmente el valorar debidamente todos los hechos que han concurrido en este caso, teniendo en cuenta que la mujer huyó de Italia llevándose a sus hijos, para evitar el cumplimiento de la resolución de los tribunales italianos, que decidieron darles la custodia compartida a ambos cónyuges, con el derecho del padre a disfrutar de sus hijos, no contribuye a que el caso sea sencillo.

La madre, ante la posibilidad de que los tribunales españoles decidieran que la causa debiera volver a Italia y, en consecuencia, que le arrebatasen a sus hijos, se ha fugado y, en la actualidad, está en situación de rebeldía, buscada por la Guardia Civil para que comparezca ante el Juzgado que la reclama. Pues bien, este caso se ha convertido en un tema de discusión entre ciudadanos que están a favor y en contra del padre, de manera que las manifestaciones se suceden, los altercados entre unos y otros se repiten y las peticiones de que intervenga el Gobierno se han convertido en una pesadilla, teniendo en cuenta que los abogados de la mujer han vuelto a apelar por segunda vez ante el TC, con la pretensión de que se impida el regreso de los niños a Italia para pasar a depender de su padre. Ésta no es más que una de las múltiples ocasiones en las que la calle intenta interrumpir la acción de la justicia, basándose en las apariencias; algo en lo que la señora Colau, actual alcaldesa de Barcelona, era una experta cuando se trataba de reventar los procedimientos de ejecución de sentencia en los desahucios hipotecarios.

Lo cierto es que, la falta de respeto al ordenamiento jurídico español ya no es sólo cuestión de los nacionalistas catalanes, que ostentan el récord en cuanto al incumplimiento de las sentencias de los tribunales y siguen empeñados en ignorar todo cuanto proceda de los tribunales españoles, en su obsesión por independizarse de España. Partidos como Podemos son verdaderos expertos en aconsejar la desobediencia al cumplimiento de las leyes y, es evidente que, en temas como la seguridad ciudadana o la ocupación de las calles por todo tipo de manifestaciones, muchas de las cuales tienen el carácter de ilegales, estamos cada día más expuestos a que, el desprecio por nuestras leyes y la presión de todos aquellos que quieran manifestarse en contra de las resoluciones de los tribunales o de determinadas normas con las que no están de acuerdo, se conviertan en un freno y un obstáculo para que, en nuestra nación, se siga respetando, como debe ser, la vigencia del Estado de Derecho.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos honda preocupación porque se vaya extendiendo, por toda España, esta indisciplina y falta de respeto por las leyes que nos hemos ido dando a través de nuestro órgano legislativo, el Parlamento, de modo que, ayuntamientos, autonomías, o diputaciones, poco a poco, a medida que sus órganos de dirección vayan cayendo en manos de partidos de extrema izquierda, acaben dejándose influir por todos estos grupos organizados que consigan arrastrarlos al incumplimiento de las leyes estatales, en beneficio de tendencias políticas de tipo anarquista.
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Casas Viejas 16/ago/17    11:08 h.
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