La decisión final sobre su ilegalización recae sobre el próximo gobierno presidido por Rajoy. Mientras tanto, ya son varios los partidos y muchos los políticos que critican la presencia de los abertzales en el Congreso.

El ex presidente de la Cámara, José Bono, reconoció el lunes en TVE que si por el fuese, Amaiur no tendría presencia en el Parlamento. También dijo que legalmente tienen derecho a grupo parlamentario. Sin embargo, lo que UPyD y Foro de Ciudadanos empiezan a plantear, es directamente su ilegalización.

Rosa Díez, ante la evidencia de que el PP “no se atreve” a tratar a Amaiur “como se merece”, dice que la primera iniciativa parlamentaria de UPyD será una proposición no de ley en la que instará al Gobierno de Mariano Rajoy a iniciar el procedimiento de ilegalización de Bildu y Amaiur.

El PP, concluye, deberá demostrar si cree que Amaiur es una formación “homologable” a las demás o pretende un “fraude de ley” para en la práctica ser continuidad política de las que antes han sido ilegalizadas por su vinculación con ETA.

El Foro Ermua sostiene que es viable afrontar en estos momentos la ilegalización de Bildu y Amaiur por su vinculación con Batasuna, formación que fue disuelta por la Justicia por su dependencia de ETA.

Fernando García Capelo, abogado y portavoz del Foro, valora que la líder de UPyD, Rosa Díez, haya pedido la ilegalización de Amaiur y haya anunciado que su partido presentará una proposición no de ley para que el Congreso se pronuncie sobre este asunto.

A este respecto, García Capelo señaló que está “acreditado” que Bildu y Amaiur son una “continuidad de Batasuna” y están dirigidos y controlados por “las mismas personas”.

A su juicio, “dado que ETA sigue existiendo, que Batasuna sigue siendo ilegal, estamos ante un caso evidente de continuidad en la actividad del partido ilegalizado”. Reiteró que Bildu y Amaiur son “un caso evidente de ilegalidad”.

Insistió en que “hay motivos” para ilegalizar estas fuerzas políticas, de manera que lo que queda es ver si hay “voluntad” por parte de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía de iniciar los procedimientos legales oportunos.