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Opinión

Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

Buscando la fórmula de gobierno

Sergio González García

domingo, 24 de abril de 2005, 22:16 h (CET)
El fin de semana pasado nos ha dejado unos resultados electorales tan complejos de analizar que supondrán meses y meses para encontrar la coalición gubernamental pertinente para que se pueda desempeñar una buena labor al frente del Ejecutivo vasco, pero que ya el pasado lunes fueron fruto de profundo análisis y debate. Todas las premoniciones que se habían expresado por parte de los politólogos especializados en hipótesis electorales no tuvieron su confirmación en la urna, puesto que, la irrupción del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y el notable ascenso del Partido Socialista de Patxi López han provocado la importante bajada de los nacionalistas moderados de Ibarretxe. Otro de los grandes perjudicados fue el Partido Popular de María San Gil que ha visto reducida su representación de una manera considerable, de los 19 anteriores a los 15 actuales, debido, entre otros elementos, a la confrontación considerable, permanente y rechazable del programa electoral presentado por una candidata, calificada por todos como ´brillante´, pero demasiado apegada a los postulados de candidatos pasados a la Lehendakaritza, Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz. Otro de los perjudicados es el partido de Esker Batua (EB), que, encabezado por Javier Madrazo, se ha visto frenado en su crecimiento continuo de los últimos años por su apego a un nacionalismo mayoritario en la sociedad, y, probablemente, dejará de ser la muleta necesaria en tal gobierno.

El partido “secreto” de Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, supo movilizar a una parte del electorado radical que había ´prestado´ sus votos al Partido Nacionalista Vasco, y, que al tener la posibilidad de entregar sus votos a una opción constituida para abarcar a un sector social descabezado y sin referente político, lo hicieron sin dudas nada más que el líder de este tinglado político, Arnaldo Otegi, nombró a EHAK como sucesora y heredera directa de los votos de la antigua e ilegalizada Batasuna. El segundo de los partidos políticos de la nueva cámara será el Partido Socialista de Euskadi, que, con el bastón de mando en manos de Patxi López, y una política intermedia entre los polos opuestos nacionalistas, tanto español como vasco, ha sabido contentar a los sectores moderados nacionalistas y a los más alejados del catastrofismo propio de un Partido Popular cercano a lo defendido por José María Aznar y sus acólitos en dicha tierra, consiguiendo llegar a los 18 escaños y a la primacía en muchas de las zonas de la Margen Izquierda del Nervión y de ciudades como Irún o Vitoria. Por tanto, la conclusión sería tanto triunfo de la alternativa vasquista encarnada en la figura del Secretario General de los Socialistas Vascos, y por otro lado el avance de la política de diálogo puesta en práctica por el actual Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por último, el descenso mesurado del partido de Josu Jon Imaz ha provocado la ruptura del denominado “Plan Ibarretxe”, llevado durante la campaña como estandarte oficial del Lehendakari, y ya, defenestrado por el escaso apoyo obtenido en las urnas.

Ante esta coyuntura sólo caben varias posibilidades de pactos post electorales. Por un lado la alianza entre nacionalistas y socialistas, a través de un acuerdo transversal visto con malos ojos por la mayor parte de los votantes del PSE, que tienen en su memoria lo ocurrido durante los ochenta, y la cesión del gobierno de Ramón Jáuregui al otrora líder José Antonio Ardanza, que acababa de venir de una escisión de Eusko Alkartasuna con su cabeza de lista y ex Lehendakari Carlos Garaicoetxea. La otra de las opciones la conforma un gobierno de Partido Nacionalista y Partido Comunista de las Tierras Vascas, en la que, se percibiría una notable radicalización del discurso político, que afrontaría una reforma del Estatuto de Gérnica más independista si cabe de lo que es el mal llamado “Plan Ibarretxe. La última de las posibilidades consiste en la reedición del actual tripartito vasco, al que se le uniría la formación izquierdista de Aralar, encabezada por el ex dirigente de Herri Batasuna, Patxi Zabaleta, que con su unión alcanzarían los 33 escaños y que requerirían de una alianza fuera del gobierno, a través de pactos puntuales con la formación continuista de Batasuna.

Fue el martes cuando conocimos la noticia esperada desde el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, que era el nombramiento de su sucesor al frente del Vaticano, tal responsabilidad caerá en el ex arzobispo de Munich, prefecto de la Congregación de la Doctrina y la Fe y decano del Colegio Cardenalicio, Joseph Ratzinger, de considerable edad, 78 años, representante del sector más conservador de la Iglesia católica y postulante desde el principio para conseguir ser jefe de una de las instituciones que plantean una mayor influencia social a la gran muchedumbre crédula de esta religión. El nuevo pontífice adoptará el nombre de Benedicto XVI, siguiendo la estela de muchos que en los siglos anteriores accedieron a la Santa Sede con esta denominación. Hijo de campesinos, participó en la 2ª Guerra Mundial y se doctoró en Teología por la Universidad de Munich, pasando a ser un sacerdote que impartiría clases de religión y teología en diversas zonas de Alemania. En 1977 fue nombrado cardenal por Pablo VI, y ya en los últimos meses ha velado por el mantenimiento fuerte y cohesionado de la actual Iglesia ante las incertidumbres planteadas por el fallecimiento del anterior Papa. Su rasgo principal ante los temas sociales que hoy en día preocupan a la sociedad se basa en un estricto control de lo defendido por el catolicismo de la Edad Media, es decir, opresión de la homosexualidad, oposición al uso del preservativo y aborto, y la negación de la investigación con células embrionarias con fines médicos, entre otros aspectos. Su candidatura ha estado en boca de todos por la fuerza que presentaba el sector al que representaba, que contenía un apoyo de gran fuerza dentro del Cónclave organizado para determinar la elección del nuevo Pontífice.

Un día más tarde se produjo el cambio en la élite presidencial de Ecuador, país sudamericano cuyo gobierno anterior presidido por el populista Lucio Gutiérrez, hombre que ha tenido una carrera política paralela a la del también militar Hugo Chávez en Venezuela, pero cuyo carisma no ha conseguido calar entre algunos sectores sociales, sobre todo los más marginados dentro de una población por naturaleza indígena y poco sustentada en una economía de mercado. El ex presidente realizó años atrás de su llegada al Palacio Carondelet de Quito un golpe de estado que no culminó en triunfo como el mismo esperaba, sino que tuvo que esperar a las elecciones posteriores a la salida de Abdalá Bucaram primero y del ex presidente Jamil Mahuad como consecuencia de la inestabilidad política existente en este estado latinoamericano. En las elecciones de 2002 obtuvo la victoria sobre el multimillonario Gustavo Noboa, decretando la salida de los militares del poder, pero su actitud altamente autoritaria le ha llevado en los últimos días a quitar de sus puestos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que habían dictado sentencias contrarias a los postulados defendidos por el coronel en el poder, y los supuestos nexos de unión con la oposición. Esto ha provocado la salida a las calles de una multitud de ciudadanos disconformes con la acción de gobierno emprendida por el ex golpista, y, lo que en un principio parecían “pequeñas revueltas callejeras” pasaron a ser una más que considerable contestación social hacia la política gubernamental que ha desembocado en la sustitución de éste por el ex vicepresidente y cardiólogo Alfredo Palacio, que ha pronunciado palabras contrarias a la política del anterior gobierno entre aplausos de los asistentes al Parlamento. Con palabras como “no habrá más dictadura en Ecuador” se presentó como el mejor presidente de gobierno posible ante las inquietudes de un estado que sigue la estela de otros como Bolivia y Colombia en lo referido a la convulsión social, la escasez de la confianza en la clase dirigente y la labor tan nefasta puesta en práctica por la mayor parte de los gobernantes, que proceden en su conjunto del aparato militar.

El jueves se dio a conocer la disolución del Parlamento gallego y la convocatoria de elecciones autonómicas para el día 19 de Junio, suponiendo un adelanto electoral técnico de cuatro meses en relación con la fecha inicialmente prevista para apurar la legislatura actual (octubre de este mismo año). Fue, tras días de rumores, el Presidente de la Xunta, Manuel Fraga, quien tras una reunión del Consejo de Gobierno gallego decidió no hacer frente a las presiones que se cernían sobre su propia figura y aceptó programar las elecciones para el período anterior a la celebración de la Conferencia de Presidentes y a las vacaciones estivales. En esta tesitura se presentan tres partidos que tienen una se presentan en situaciones completamente diferenciadas.

En primer término, el Partido Popular, que ante la escasez de confianza y conocimiento de los vicepresidentes primero y segundo del Consello, Alberto Núñez Feijoó y Xosé Manuel Barreiro respectivamente. La factura que puede pagar un partido excesivamente dependiente de la dirección nacional con sede en Génova, y las convulsiones internas vividas en octubre y noviembre del año pasado a causa de la escisión planteada por Xosé Luis Baltar y Xosé Cuiña, líderes del sector de la boina, caracterizados por su clientelismo política y su visión tradicional en el reparto de los cargos públicos.

En segundo término, el Partido Socialista de Galicia que se presenta en las mejores condiciones posibles después de largos años de travesía por el desierto. Su líder, el ex Secretario de Estado de Fomento, Emilio Pérez Touriño, se encuentra absolutamente respaldado por la estructura orgánica del partido y por el siempre crítico Alcalde de A Coruña y Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Vázquez, y con un gobierno en la sombra eficaz en el que se encuentran personas como el ex Presidente de la Xunta, Fernando González Laxe, o el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, José Luis Méndez Romeu. El hecho de contar con el apoyo del actual Presidente de Gobierno, que destinando importantes partidas presupuestarias para el denominado ´Plan Galicia´ puede consolidar un electorado que hasta hace poco no veía más allá de los conservadores, pero que ahora se prestan a apoyarlo sin objeciones, tal que el Presidente de Caixa Galicia y la Patronal de Galicia, Antonio Fontenla.

Por último, el Bloque Nacionalista Gallego, conglomerado de partidos donde el ex alcalde de Allariz y senador, Anxo Quintana, domina con muchos apuros al no ser parte de la formación dominante en tal coalición, la Unión del Pueblo Gallego (UPG). Tras su llegada al liderazgo político, tras tenerse que enfrentar en unas primarias al ex eurodiputado gallego y experimentado político, Camilo Nogueira, en las que resultó vencer, tuvo que hacer frente a una situación de desconocimiento social de su personalidad política. Los últimos acontecimientos acaecidos dentro de la formación nacionalista, como son la salida de la Presidencia del Consello Político del BNG del ex líder, Xosé Manuel Beiras, y la falta de consenso en la conformación de las listas electorales han provocado un estancamiento e incluso un descenso en las encuestas, lo que ha provocado un desconcierto ante la posible formación de un gobierno progresista entre PSdeG y BNG para liderar el post-fraguismo.

El último día lectivo nos trajo las medidas adoptadas por el Gobierno contra el sector tabaquero, mediante la creación de una Ley antitabaco con la que se pretende “prevenir el consumo, proteger a los fumadores y no fumadores, y facilitar el abandono” según palabras textuales de la Vicepresidenta primera del Gobierno y Portavoz del mismo, María Teresa Fernández de la Vega. La nueva legislación supondrá la prohibición total del consumo del mismo en el trabajo, salvo en lugares al aire libre, al igual que en transportes públicos, como autobuses, trenes y metros, quedando reservado los espacios para fumadores en algunos lugares como aeropuertos, hoteles, teatros y cines. Además, se plantea imponer sanciones, que van desde los treinta hasta los seiscientos mil euros en función de la gravedad de la infracción cometida, contra los padres de menores de dieciocho años y estancos donde expenda tabaco a menores de edad. Esta medida adoptada por el Ejecutivo ha sido duramente criticada desde las empresas del sector (Altadis, Phillip Morris, entre otras), al igual que por los dependientes de estancos, que se ven abocados al paro, mientras que desde las autoridades sanitarias y los consumidores y afectados por consumo de tabaco han dado su visto bueno a la nueva regulación.

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