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Etiquetas:   Acuerdos y desacordes   -   Sección:   Opinión

Habemus igualdad

Ana Morilla Carabantes
Ana Morilla
sábado, 23 de abril de 2005, 04:13 h (CET)
Todos somos diferentes. Y únicos. Tanto que “normalidad” aplicado a seres humanos debería ser sustituido por “mayoría”. Así lo constató Albert Kinsey, pionero en el estudio de los hábitos sexuales nada menos que en la Indiana de los años 50, y que tras la entomología, aplicó sus métodos científicos a las pautas de comportamiento sexual para deducir que, la más constante de todas, es la variedad.

La igualdad en la diversidad y el reconocimiento de identidad y derechos de minorías es, junto con la tolerancia a lo plural, la reclamación estrella en los Estados modernos desde el nacimiento del concepto de ciudadanía. La mayoría dominante suele imponer obstáculos remozados por muros de tradición, religión, o supuestas leyes naturales que consagran la discriminación de algún colectivo. Así ha sucedido y sucede desde siempre con la mujer, con los negros, con los homosexuales, con los extranjeros, con los diferentes y, en general, con los grupos más susceptibles de ser sometidos o más proclives a introducir una diversidad alteradora de códigos sociales favorables a los sectores dominantes.

La aprobación ayer por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo, tan en la línea de la imagen de marca ZP y de su concepto de “pedagogía democrática”, significará la efectividad del principio de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 14 de la Constitución y el acceso, en idénticas condiciones, a un derecho que nace del sentimiento más antiguo del mundo y que existe por igual para todos los seres humanos.

El matrimonio es un derecho ( algunos dirán que un pesado deber). Su naturaleza jurídica, más allá de los argumentos esgrimidos por quienes, desde la etimología o el derecho canónico, reclaman la dualidad procreadora, supone el contrato civil basado en el amor erótico entre dos personas para la fundación de un proyecto de convivencia con trascendencia jurídica y/o religiosa.

Esta posibilidad de acceder al contrato amoroso y a sus efectos jurídicos, no puede negarse a ciudadanos que cumplan los anteriores requisitos esenciales del matrimonio; igualmente, desde los mismos, quedan fuera argumentaciones contrarias y aberrantes, como que el matrimonio homosexual podrá “abrir la puerta a uniones entre hermanos o entre personas y animales”.

¿Y por qué no llamarlo simplemente “uniones de hecho”como pretenden sectores conservadores y reservar para las parejas “de verdad”, es decir, las heterosexuales, un concepto asociado a la fecundidad, al nido y a los roles?, porque se consagraría la exclusión a un derecho con una fórmula que no otorga ni la plenitud jurídica, ni la dimensión social, ni el glamour – para quien se lo vea- , ni el logro histórico de una igualdad sin matices.

Desde ésta perspectiva, la adopción es coherente, más allá de su concepción como derecho de los padres, como derecho del niño a vivir una sociedad que no sólo tolera la diferencia, sino que asume el valor de la diversidad. Es muy distinto, pero no creo que Benedicto XVI lo entienda a no ser que el espíritu santo se esmere mucho más.

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Ana Morilla Carabantes es Asesora en Gestión Pública y comunicación política

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