WASHINGTON - En cuanto la administración Obama toca temas relativos a la Iglesia Católica Romana, parece verse atrapada en un fuego cruzado retórico y moral que deja heridos o indignados a todos los aludidos. Eso es lo que está sucediendo en la batalla por la forma de cubrir la píldora dentro de la nueva reforma sanitaria.
En parte por gestionar mal la cuestión al principio, el equipo Obama parece destinado a dejar indignados a los partidarios el derecho a tener medidas anticonceptivas, o bien a dejar a los simpatizantes católicos del presidente en una posición mucho más débil.
Cuando el Congreso promulgó la reforma sanitaria, dejó en manos del Departamento de Salud y Servicios Sociales la labor de determinar los servicios femeninos que los seguros estarían obligados a incluir por ley. En agosto, la administración anunciaba normas interinas exigiendo la cobertura de medidas anticonceptivas sin copagos ni rebajas. Puso una excepción a esta obligación en el caso de "los empleados religiosos", pero la excepción era tan estrecha que dejaba fuera casi por completo a los centros hospitalarios católicos, a las universidades católicas y a las demás instituciones vinculadas a la iglesia.
Aunque era solamente un reglamento interino, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos lo denunció inmediatamente, y los católicos que habían apoyado la reforma sanitaria se vieron sorprendidos. Resulta sorprendente que la administración actuara sin mantener consultas con la hermana Carol Keehan, la valiente presidenta de la Asociación Sanitaria Católica que respaldó el anteproyecto de la reforma a pesar de la oposición que suscitó entre la Conferencia de Obispos. Su apoyo -- junto al apoyo de otros católicos de la justicia social como el Senador Demócrata de Pennsylvania Bob Casey -- fue crucial a la hora de sacar adelante el proyecto de ley.
Si el Servicio de Salud y Servicios Sociales hubiera ofrecido una excepción religiosa más amplia desde el principio, el Presidente Obama todavía habría podido presumir de haber logrado la mayor ampliación de la cobertura de las medidas anticonceptivas en la historia del país. Pero al avanzar ahora sin corregir su error inicial, la administración ha provocado un levantamiento entre los colectivos del derecho a las medidas anticonceptivas, que la acusan de ceder a los obispos católicos. Exigen que la normativa original se mantenga.
Los obispos de derechas no están ayudando a la causa del compromiso con su incesante acusación de que el equipo Obama alberga una animadversión anticatólica. Esta opinión ganó fuerza cuando la administración puso fin a una partida presupuestaria destinada a los obispos a tenor de un programa que ayuda a las víctimas de la trata de blancas, porque no proporcionaba medidas anticonceptivas ni practicaba abortos. Cortar esa financiación fue un error, pero la Casa Blanca tiene fundamento para frenar las acusaciones de anti-catolicismo, teniendo en cuenta lo mucho que ha elevado la financiación a múltiples grupos católicos de referencia.
Las cuentas de la administración muestran, por ejemplo, que la financiación federal a la organización Catholic Relief Services pasó de 198 millones en el año 2007 a 362 millones en 2010. Las filiales de Catholic Charities han visto un incremento del apoyo federal de más de 100 millones desde 2008. La polémica aniquiladora en el ala derecha de la Conferencia de los Obispos no está justificada y sólo alimenta la creencia entre los Demócratas de que el compromiso con la iglesia no tiene sentido porque los obispos más conservadores van a seguir con sus ataques con independencia de lo que haga Obama.
Pero la pregunta es qué aspecto tendría un compromiso justo de elevados principios morales en materia de las medidas anticonceptivas, y la reforma sanitaria no debería de perderse en la marejada política. Hasta una excepción ampliada que abarcara a los centros y las universidades católicas se quedaría corta con lo que han pedido los obispos, como el Cardenal Daniel N. DiNardo, secretario del Comité de Actividades Antiabortistas, que ha dejado claro en una circular de septiembre la oposición a la cobertura por ley de las medidas anticonceptivas de cualquier índole.
Lejos de constituir una "renuncia" a los obispos, en otras palabras, una excepción más amplia sería una concesión modesta que distinguiría los derechos de las instituciones religiosas que izquierdistas y Obama llevan tiempo respetando. Y como destacaba la hermana Carol en una entrevista, "no hablamos de convencer a la mujer de prescindir de nada que tenga", puesto que las instituciones católicas que no cumplen las medidas ahora no las van a cubrir en cualquier caso.
Los obispos católicos tienen que bajar el tono retórico -- como el responsable de la Conferencia, el arzobispo neoyorquino Timothy Dolan, parece estar tratando de hacer. Los defensores de los derechos anticonceptivos tienen que hacer lo propio.
Si la administración se ve presionada a rechazar cualquier acomodo del reglamento, los más perjudicados van a ser los católicos progresistas que quedaron en el aire para apoyar la reforma sanitaria y esos obispos que mantienen las filas contra la derecha católica defendiendo el compromiso de la iglesia con la justicia social. Esto sólo va a consolidar a las fuerzas más conservadoras del seno de la Iglesia Católica. No puede ser lo que quieren realmente los defensores del derecho a disponer de medidas anticonceptivas.
