Estamos en una situación difícil, probablemente de las peores en las que se ha hallado la nación española
desde que, la democracia, se instaló en ella, en el mismo momento en que nos dotamos de la Constitución de
1978. Los ciudadanos, aunque quisiéramos creer que el Gobierno tiene todos los ases en la mano para poder
evitar que las amenazas de los separatistas, el anuncio de la Generalitat de una consulta a todas luces ilegal y
la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas a evitar los controles que, desde el Estado y los
órganos de seguridad de los que dispone, se llevan a cabo para estar a punto de contrarrestar cualquier acción
delictiva que pudiera producirse en relación con el famoso “progres”; tenemos la impresión de que todo lo
que se pueda hacer ahora ya llega con retraso, que se han dejado pasar ocasiones para cercenar de cuajo estos
intentos de desestabilizar el país, que no se han aprovechado y, aún ahora, que parece que ha despertado del
sueño de tolerancia en el que ha estado sumido durante años, sigue manteniendo una actitud de exagerada
contención, de incomprensible pasividad y de, podríamos decir, contemporización con una realidad que se
presenta sumamente amenazadora y que, a nuestro entender, requeriría posturas más enérgicas, decisiones
más rotundas y actitudes más explícitas, que dejaran paladinamente claro que la reacción del Estado, ante la
amenaza de escisión, no va a ser precisamente lo suave, medida, controlada o mojigata, como hasta ahora se
ha venido dando a entender.
Resulta patético que, a esta altura del problema catalán, todavía el Gobierno venga insistiendo en resaltar que
la respuesta a un acto declarado de rebeldía contra la unidad de la nación española, un desafío directo a
nuestra Constitución y una muestra incuestionable de desprecio a las resoluciones de los tribunales de
Justicia españoles, todo lo que tengamos que decir o expresar sea que: los actos contrarios a las leyes van a
ser recurridos ante el Tribunal Constitucional. ¡Es absolutamente ridículo apelar a tanta legalidad cuando, la
parte contraria, ha decidido prescindir de ella para movilizar a un pueblo en contra de todo el Estado
español! Si ya fallaron cuando permitieron los primeros escarceos independentistas ahora, ante la evidencia
de que la cosa va en serio, de que ya existe una fecha para la declaración unilateral de una Ley de
desconexión de Cataluña del resto del Estado, se sigue utilizando munición de fogueo, cuando la amenaza
real de la caída de bombas de verdad ya la tenemos encima. ¿Actuar con mesura cuando ya los separatistas
hablan de “soldados de la democracia”?
Probablemente todos los medios y advertencias del Gobierno, del TS o de cualquier órgano o autoridad del
Estado hayan servido para dejar claro que no se van a permitir aventuras nacionalistas que pongan en
cuestión la unidad de España. Pero lo que viene sucediendo ahora, la forma en la que el señor Puigdemont,
apoyado por Junqueras de ERC y presionados ambos por la CUP, un grupo anarquista que probablemente no
se va a conformar con aceptar, a regañadientes, que se impida la celebración del referéndum sino que, con
toda probabilidad, tendrán proyectado actuaciones, manifestaciones, actos vandálicos y quién dice si,
incluso, ocupaciones de edificios públicos o agresiones físicas a personas que ellos entiendan que se han
manifestado contrarias al intento de independizarse; no parece que se limiten a aceptar con deportividad
cualquier intento de las fuerzas del orden de impedir la instalación de las urnas, los colegios electorales, la
propaganda o las concentraciones que decidan hacer para impedir la actuación de los mossos de escuadra, la
policía o la Guardia Civil; suponiendo que los primeros se presten a colaborar.
Y aquí una mención al Ejército. Ya sabemos que la intención de los separatistas es que los tanques ocupen la
diagonal o que las tropas se instalen en los puntos neurálgicos de la ciudad de Barcelona, por ejemplo. Es
cierto y, dentro de lo posible se ha de evitar recurrir al uso de nuestras fuerzas armadas. Pero y ¿si la
situación se hace insostenible, si se producen atropellos a las fuerzas del orden o se apela a la violencia, los
destrozos, el vandalismo y los incendios, seguirán sin actuar los militares? Normalmente, cuando se habla de
ruido de sables se suele atribuir a que el Ejército está preparando una intervención, no obstante, en estos
momentos, más bien parece ser que, el ruido de sables, procede de quienes parecen dispuestos a apelar a
todos los medios, quizá también a la fuerza, para salirse con la suya. En la última reunión del comité
nacional del PDE-Cat; los miembros volvieron a cerrar filas y fue Marta Pascal la que se puso sublime,
arengando a sus compañeros con las siguientes palabras: “No hay duda de que todos los soldados del Partit
Demócrata están dispuestos a hacer lo que haga falta…” ¿Qué se entiende por hacer lo que haga falta?
¿Acaso el término “soldado” quiso ser una advertencia o sólo se trató de una metáfora indicativa de que
todos estaban dispuestos a sacrificarse por la causa? En todo caso, el hablar de soldados en unos momentos
en los que el orden constitucional está en peligro, no deja de ser curioso.
No sabemos cuántos de los miembros de los mossos piensan como los separatistas y, tampoco, podemos
fiarnos de si la disciplina que reina entre ellos es capaz de mantenerlos al servicio de la LEY. Y cuando
hablamos de ley, evidentemente lo hacemos refiriéndonos a las leyes del Estado español, no al simulacro de
leyes que pretende proclamar el Parlamento catalán para darle, a sus locuras independentistas, un simulacro
de legalidad que, como es evidente, nunca lo van a tener. Los altos cargos afectos a la causa
independentistas han empezado a retirarse de la primera línea, convencidos de la inviabilidad del proyecto
que venían defendiendo. ¿Cuántos más les seguirán de aquí al 1 de octubre, fecha del gran Armagedón
independentista? En todo caso, lo que queda por dilucidar y, a mi modesto entender lo más importante, es
saber qué número de los que pertenecen a este 50% de catalanes que se declaran catalanistas, estarían
dispuestos a implicarse directamente en acciones contra el Estado, asumiendo las consecuencias de sus
actos; o cuáles de ellos no llegan a tanto y se quedan en meros espectadores a los que les gustaría una
Cataluña más catalanista. ¿En qué situación quedamos el resto de catalanes que hemos confiado en la
protección del Estado para garantizarnos la libertad de ser españoles, dentro de un ámbito cada vez más
enrarecido por el nacionalismo?
Volvamos a las FF.AA. ¿Se les ha dado orden a las radicadas en Cataluña para que estén preparadas para el
caso de que la situación se hiciera insostenible?, ¿qué sucedería si algunos terroristas o exaltados de la CUP
o de cualquier otra formación extremista, decidiera armar un tiroteo en plena ciudad de Barcelona? Esto
señores no se soluciona con recursos ante el TC, como tampoco serviría para evitar destrozos que se
pudieran producir en entidades bancarias, iglesias, supermercados o mobiliario urbano. ¿Se sabe cuál sería la
actitud de la alcaldesa, una rescatada de los antisistema, cómo se comportaría o lo que ordenaría hacer a la
guardia urbana en el caso de altercados públicos? O acaso ¿dejaría que los hechos se produjeran impidiendo
actuar a la guardia urbana, como ha hecho con los manteros? ¿Si se produjeran acciones violentas y hubiera
algún herido grave dentro de los cuerpos de la policía o, acaso, llegara a producirse algún fallecimiento en
los enfrentamientos y la situación fuese a peor, intervendría el Ejército?
¿Qué ocurrirá con los que no piensan tomar parte en semejante comedia y no vayan a votar? Si no hay
votación es evidente que nada, pero si, a pesar de todo la hubiera, ¿no sería un medio para que los
independentistas, por exclusión, tuvieran los nombres y direcciones de los que consideraran sus potenciales
enemigos? Son muchas preguntas las que se nos ocurren y, por desgracia, tenemos pocas o ninguna
respuesta a la mayoría de ellas. Podemos imaginarnos muchas situaciones trágicas y no somos capaces de
evitar recordar los acontecimientos en Barcelona, cuando el señor Companys decidió armar al pueblo
catalán, abriendo las puertas del cuartel de San Andrés para que se entregaran armas a todos aquellos que las
pidiesen. Los crímenes que tuvieron lugar en las fechas siguiente por un populacho enfebrecido, dan fe de
las consecuencias insospechadas de la flaqueza de las autoridades ante situaciones extraordinarias.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, expresamos lo que pensamos de un
Gobierno que, ante una situación tan peligrosa, no parece tener previsto más que acudir a la vía judicial,
cuando es muy posible que los acontecimientos derivados de lo que suceda el día 1 de octubre, pudieran
acabar de una forma imprevista que desbordara a las fuerzas del orden. Un estado de pre-alerta, un
acuartelamiento de la tropa o un nivel de vigilancia y atención superior al normal, suponemos que sería lo
que requería la más mínima prudencia ante una situación que nadie sabe en lo que pudiera derivar. En todo
caso, esperemos que todo sean meras conjeturas y que, como está previsto, este referéndum de los
separatistas, acabe, como debe ser, en agua de borrajas.