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El Gobierno ha destacado la "absoluta normalidad" con que se ha desarrollado el proceso de apertura de los colegios electorales en toda España, donde, una hora y media después de la apertura de las urnas, se encontraban ya constituidas el 99,9% de las mesas electorales.
En una rueda de prensa en el Centro de Datos situado en el Palacio de Congresos del madrileño Paseo de la Castellana, el secretario de Estado de Comunicación, Félix Monteira, ha subrayado que la "normalidad" ha sido la nota característica de la primera hora y media de elecciones generales.
De esta manera, según Monteira, prácticamente la totalidad de las 59.876 mesas preparadas para recibir los votos de los más de 34,2 millones de españoles que pueden acudir a las urnas estaban ya constituidas a las 10.30 horas.
La subsecretaria del Ministerio de Interior, Pilar Gallego, ha explicado que en la apertura de los colegios sólo se habían producido "pequeñas incidencias normales" de todas las citas electorales que "se han solucionado inmediatamente".
Además ha resaltado la velocidad en la transmisión de los datos de la constitución de las mesas electorales con los nuevos dispositivos electrónico, y en concretó citó a Canarias, que "ha superado en rapidez la media de transmisión de datos".
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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