El presidente Donald Trump sigue sin asumir que perdió el voto popular contra Hillary Clinton en las últimas elecciones. Perdió por una diferencia abrumadora de 2.800.000 votos, pero ganó el Colegio Electoral y, por ende, la presidencia. Aun así, ha declarado en varias ocasiones que entre tres y cinco millones de personas votaron de forma ilegal por Hillary Clinton. Esta cifra, de ser cierta, querría decir que también habría ganado el voto popular. El problema es que no es cierta. Entonces, para respaldar sus declaraciones fantasiosas, Trump anunció el 11 de mayo que iba a lanzar la “Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral” para investigar el fraude electoral. Como vicepresidente de la comisión nombró al polémico secretario de Estado de Kansas Kris Kobach, un feroz opositor de la comunidad inmigrante.

El 28 de junio, Kobach envió una solicitud a los 50 estados y al Distrito de Columbia de Estados Unidos con un amplio pedido de información personal sobre cada votante del país. Los datos requeridos incluían detalles como nombre, dirección, número de Seguro Social, afiliación partidaria, y más. La respuesta fue rápida y bipartidista: 44 estados y el Distrito de Columbia se negaron parcial o totalmente a entregar los datos. El secretario de Estado republicano de Mississippi, Delbert Hosemann, respondió que Kobach podía “tirarse al golfo” de México, y sugirió que Mississippi sería un buen lugar desde donde dar el salto.

El secretario de Estado de California, el demócrata Alex Padilla, dijo: “No voy a brindar información delicada de los votantes a una comisión que ya ha determinado incorrectamente que millones de californianos votaron ilegalmente. La participación de California solo serviría para legitimar las acusaciones falsas y ya desacreditadas de fraude electoral esgrimidas por el presidente, el vicepresidente y el señor Kobach”. El mismo Kobach no ha cumplido plenamente con su propia petición. En una entrevista, admitió: “En Kansas, el número de Seguro Social no está disponible de forma pública”.

Lo que es más preocupante para los activistas por el derecho al voto y los derechos civiles es el potencial que tiene esta comisión para aumentar e institucionalizar la supresión de votantes del padrón, que ha sido durante mucho tiempo fundamental para la estrategia electoral republicana. En el otoño de 1980, Paul Weyrich, activista conservador republicano que fundó instituciones de derecha como la Fundación Heritage, la organización Mayoría Moral y el Comité de Intercambio Legislativo Estadounidense, expresó durante una conferencia en Dallas: “No quiero que voten todos. Las elecciones no se ganan con una mayoría de personas, nunca fue así desde el principio de nuestro país, y no es así ahora. De hecho, nuestra influencia en las elecciones, con toda franqueza, aumenta a medida que disminuye la población votante”.

Pensemos en Kris Kobach como el Paul Weyrich de nuestro tiempo. “La ACLU ha demandado a Kobach cuatro veces por supresión de votantes y ganó todos los casos”, escribió la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) sobre la nueva comisión electoral de Trump. “El problema que tenemos en este país no es el fraude electoral: es la supresión de votantes. Y en ese frente, Kobach es el enemigo público número uno”. El periodista Ari Berman ha escrito sobre la supresión de votantes durante años, y tiene un libro de su autoría al respecto.

En una entrevista para Democracy Now!, Berman expresó: “Kobach es realmente el principal artífice de las medidas de supresión de votantes en todo el país. Antes de ser un destacado defensor de la supresión de votantes, fue un destacado defensor de la restricción de la inmigración. La mayoría de la gente piensa en estas dos cosas como temas aparte. Piensan en la inmigración, y piensan en el voto. Pero lo que Kobach ha intentado hacer es combinar estos dos temas. Así, primero redactó todas estas leyes en contra de la inmigración, como la SB 1070 de Arizona, conocida como “presente sus papeles”, con la cual la policía podía detener a cualquiera y comprobar su ciudadanía bajo la sospecha razonable de que estuvieran en el país de forma ilegal. Recorrió todo el país redactando este tipo de leyes. Luego se convirtió en el secretario de Estado de Kansas y comenzó a redactar leyes que atentan contra el derecho al voto. Y básicamente lo que decía era que todas estas personas estaban en el país ilegalmente y que estaban votando de manera ilegal también. Así que combinó su sentimiento anti-inmigrantes con políticas para restringir el derecho al voto”.

El Comité de Abogados Defensores de los Derechos Civiles Bajo la Ley ha presentado una demanda judicial contra Kobach en virtud de la Ley Hatch. Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del grupo, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Esta es una ley que fue aprobada por el Congreso en 1939 y prohíbe a los empleados federales usar su cargo oficial del gobierno para participar en actividades políticas”. Clarke nombra varios casos donde Kobach ha violado la ley. “Hay 200 millones de votantes registrados en nuestro país, y nunca hemos visto una acción semejante para rastrear y recopilar esta extensa y vasta cantidad de datos sobre las personas de nuestro país”.

El Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC, por su sigla en inglés) presentó una moción de emergencia para bloquear la divulgación de la información de los votantes estatales a la comisión. Este centro argumentó que es una violación del derecho constitucional a la privacidad y que la mera transferencia de los datos pone en riesgo la información privada de todo el electorado estadounidense. Sí, Donald Trump perdió el voto popular en 2016. Pero si Kris Kobach y sus aliados republicanos obtienen los datos y logran suprimir electores de los padrones, Trump podría encaminarse hacia una victoria arrolladora en 2020.