Me parece terrible que con una generación de adolescentes o jóvenes sobradamente formados y, en muchos casos, bastante cualificados se estén dando situaciones de vulnerabilidad que claman al cielo.

Sin unos sueldos o ingresos suficientes las nuevas generaciones no se pueden emancipar. Y aunque haya mejorado, hasta cierto punto, el mercado laboral, según dicen, no se observa una evolución a mejor de muchos datos sobre el desempleo y la precariedad en los trabajos.

Existen demasiadas medias jornadas, excesiva temporalidad y sueldos bajos que no permiten vivir de modo digno y autosuficiente. No es de extrañar que la tasa de emancipación haya caído entre los jóvenes de los 16 a los 29 años en Asturias y de forma general en toda España.

Si el salario interprofesional mínimo es actualmente de 707,60 euros creo que en muchos trabajos que desempeñan los jóvenes no se está cumpliendo la ley, por lo que oigo y dice la gente. Y en los famosos y necesarios contratos en prácticas, según dice la normativa oficial: “En ningún caso el salario será inferior al salario mínimo interprofesional. En el caso de trabajadores a tiempo parcial, el salario se reducirá en función de la jornada pactada”.

Aunque la duración de los contratos en prácticas se extienda desde los seis meses a los dos años, esto no supone que se pague menos de lo establecido legalmente o se exija más tiempo de trabajo del que corresponde por ley. Si a esto se añade que un cierto número de empresarios prefieren contratar a jóvenes con contratos en prácticas, de forma sucesiva, para pagar menos que si contrataran a trabajadores con contrato indefinido, las cosas no van bien, a mi juicio.

Si el Gobierno y el Parlamento toman cartas en el asunto pueden aprobar normas que obliguen a que este tipo de picaresca desparezca por la vía de la reforma de la ley laboral.

Si se prohíbe que estas prácticas empresariales se lleven a cabo se mejorará la calidad de las ofertas de trabajo para los jóvenes y para todos. Y no vale decir que, de esta manera, los empresarios dejarán de contratar a trabajadores como hasta ahora. Porque sin trabajadores las empresas no pueden operar en el mercado.

Al final cederán los empresarios y se verán obligados a no realizar contratos basura a sus empleados, ya que serán descubiertos, si lo hacen por el organismo correspondiente del Estado. O a no obedecer la letra de los contratos e incumplirlos perjudicando con ingresos o sueldos muy bajos a la parte más débil que son los trabajadores. Y con esto no estoy diciendo que no haya muchas empresas que cumplan perfectamente lo que claramente establece la ley.

Se entiende que el acceso a la vivienda es muy difícil para numerosos jóvenes. Por las causas ya mencionadas. Si para alquilar una vivienda o adquirirla muchísimos jóvenes no ganan con sus bajos sueldos dinero suficiente para poder comer y afrontar el resto de gastos vitales se comprende que no puedan emanciparse. Es así de simple y dramático.

Además, aunque haya acabado la crisis económica está aumentado la cantidad de personas que regresan del extranjero a España, porque no consideran que tengan buen futuro laboral a largo plazo en otro país europeo.

Por otra parte, están llegando inmigrantes a nuestro país en busca de oportunidades. Algo lógico, si se piensa que en sus países de origen, lo están pasando muy mal.

España debería ser un país solidario y reducir las desigualdades salariales. Y en esta tarea los políticos que representan los intereses de los ciudadanos son los protagonistas. La inspección laboral, en mi opinión, debe ser mucho mayor para garantizar la obediencia a la ley. Y la normativa laboral debe ser cambiada para defender el derecho a una retribución digna y suficiente para todos los que trabajan sean jóvenes o no.

La calidad de los trabajos que se ofertan debería estar regulada por normas especiales, que no pudieran ser obviadas. Las bonificaciones por contratar con jornadas completas e indefinidas, si son suficientemente elevadas, serían también algo positivo.

Lo que he escrito en el presente artículo puede parecer utópico, pero no lo es. No se trata de traer el paraíso al mundo real. Lo que habría que hacer es afrontar el problema del paro juvenil y los bajos ingresos que perciben los que están empezando la vida y tomar decisiones legales y políticas. Y esto mismo es aplicable a todo tipo de trabajadores, aunque sean mayores. Sería el punto de inicio de un cambio profundo de la sociedad española.