Y las máximas autoridades británicas parece que no quieren aceptarlo de ninguna manera. Empezando por la primera ministra Theresa May. El Gobierno español ya está avisando de que el pacto de la UE con Londres no afecta al Peñón. Gibraltar es una colonia y las autoridades inglesas no lo quieren admitir, aunque es un territorio de ultramar.

El documento de May sobre el futuro estatuto de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido no puede pasar por alto que la colonia de Gibraltar posee unas características especiales.

La líder del gobierno británico parece ignorar la posición de la Unión Europea al respecto, que dice muy claramente que “después de que el Reino Unido abandone la UE, ningún acuerdo se aplicará a Gibraltar sin un acuerdo entre España y Reino Unido”. Algo que no admite interpretaciones, ya que es absolutamente rotunda la redacción realizada en las directrices para el Brexit.

Y, si se llega a un pleito judicial, lo lógico es que lo resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no la justicia británica como pretende el Gobierno británico. Es perfectamente coherente y racional que una de las partes afectadas no sea juez en el asunto, porque la decisión o la sentencia ya se sabría que sería el reconocimiento de la validez o justificación legal de las pretensiones británicas.

También es evidente que el negociador del Brexit, por parte de la UE, debe ser neutral y apoyar lo aprobado por el Consejo Europeo el pasado 29 de abril y no salirse del guión establecido en las directrices ya mencionadas. Se espera que Michel Branier realice la negociación respetando, en todo momento, lo establecido por escrito.

Con todo el respeto por el Reino Unido y por sus ciudadanos y políticos estoy convencido de que la situación de Gibraltar es algo inadmisible en pleno siglo XXI. Es un territorio que está en la península ibérica y que pertenece a España por numerosas razones.

Si Gran Bretaña hubiera perdido en una guerra Brighton o Cornualles y por un tratado firmado hace cientos de años fueran colonias españolas supongo que no les parecería justo a los gobernantes y a la sociedad civil inglesa actual.

La firmeza del ejecutivo español debe ser máxima para que no sean atropellados los derechos de España en relación con lo escrito y aprobado en las directrices para el Brexit por el Consejo Europeo.

El derecho tiene que prevalecer sobre los hechos consumados y la fuerza. Y la Unión Europea no debe ceder ante el Reino Unido en ningún caso en esta cuestión y tampoco en otras.

Los gobernantes británicos no querían salir de la Unión Europea, pero al convocar la consulta popular les salió mal y llegó el Brexit. Lo que no vale ahora es que quieran mandar y poner las condiciones que ellos deseen para la salida de la comunidad europea, sin contar con los países miembros de la Unión y con las autoridades de la misma.

Aunque poseen las ventajas comerciales derivadas de la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones no les parece suficiente y quieren imponer sus condiciones a España y a Europa. Ya está bien.

La actitud imperialista ya no es válida y ha pasado a la historia. Las autoridades británicas deben ser razonables y respetar el derecho internacional y lo que han firmado para su salida de la Unión.

Parece increíble que, en el país en el que surgió la revolución industrial, puedan existir actitudes políticas tan cerradas respecto a los derechos de otros países. La justicia europea y los acuerdos firmados deben ser suficientes para que se cumpla lo acordado libre y voluntariamente por las autoridades inglesas.