La nueva dirección del PSOE decidirá el lunes próximo si se abstiene o vota en contra del tratado comercial entre la UE y Canadá, que despierta suspicaciones en ciertos sectores de la izquierda al verlo como una amenaza a los servicios públicos frente a una protección excesiva de los inversores.

La reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva Federal --los 21 secretarios de área que ha nombrado Pedro Sánchez-- del lunes próximo en Ferraz tendrá en su agenda la toma de posición de los socialistas en el Pleno del jueves en el Congreso de los Diputados, donde se votará el acuerdo.

Hasta la fecha, PP, Ciudadanos y PSOE apoyaban el acuerdo y garantizaban su aprobación, pero los socialistas acaban de virar su posición y retiran su apoyo a este tratado, como ha anunciado la presidenta del partido, Cristina Narbona, en una conversación en la red social Twitter.

Según han explicado fuentes del PSOE a Europa Press, este cambio de posición viene como resultado de las resoluciones aprobadas por el partido en su 39 Congreso Federal del fin de semana pasado.

En ese cónclave, los socialistas se posicionaban a favor del comercio internacional, pero "con condiciones y regulaciones que aseguren la universalización de derechos y con las protecciones sectoriales sensibles en cada caso".

"Negar el comercio es cerrar la puerta a la internacionalización, a las exportaciones y a la competitividad. Es negarse al progreso y al crecimiento. Pero hay que hacerlo con acuerdos que respeten los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y tengan en cuenta estándares de dignidad social, laboral, de protección de los consumidores y medioambiental, así como defendiendo los servicios públicos y los intereses nacionales", rezan los textos de la formación.

Con el objetivo de mantener la coherencia en sus planteamientos, el PSOE se ve obligado a revisar la posición que hasta ahora ha mantenido respecto al CETA y que hasta ayer no había cambiado, puesto que votó con PP y Ciudadanos a favor del dictamen sobre este tratado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

El CETA cuenta ya con el visto bueno formal de los Veintiocho y de la Eurocámara, por lo que su aplicación provisional será posible cuando la parte canadiense formalice también su luz verde.

La aplicación formal, sin embargo, no se producirá hasta que se haya cumplido el proceso de ratificación de todos los parlamentos nacionales, algo que puede llevar años. En los socialdemócratas europeos, como en el PSOE, la posición respecto del CETA es un tema que genera división.