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Etiquetas:   La vida desde dentro   -   Sección:   Opinión

Otra más

Santiago González
Redacción
sábado, 2 de abril de 2005, 22:05 h (CET)
Cada maestrillo tiene su librillo y va siendo tradición que cada gobierno traiga bajo el brazo su reforma educativa, como los recién nacidos su pan. La ministra de Educación exponía ayer la suya, que hace la número cinco en los últimos veinte años. Salimos exactamente a reforma por legislatura. Bueno, a más, porque algunas legislaturas se nos han quedado cortas, un suponer, la del 86-89, y otro, la del 93-96. Así fuimos pasando de la LODE (1985) a la LOGSE en 1990, de ésta a la LOPEGCE en 1995, de aquí a la LOCE en 2002 y en 2005 se nos presenta la LOE.

No es serio un país que no encuentra un acuerdo básico estable y duradero en el que se fijen los criterios para la educación. Es de subrayar las tres reformas que el PSOE realizó en diez años durante los gobiernos de Felipe González. El PP intentó hacer su reforma, que no cuajó. La falta de consenso en la aprobación de la LOCE llevó al PSOE a derogarla por el procedimiento de urgencia.

La presentación de la ministra también parecía haber sido hecha con prisa, dicho sea en sentido estricto y sin ánimo de señalar. Ella misma admitió que van a hacer falta recursos para poner en práctica su reforma, pese a lo cual no presentó una memoria económica que explique el cuánto para poder saber de dónde. Sí se ha corregido una de las líneas maestras de la LOCE y se abarata el coste de estudiar a los alumnos en términos de esfuerzo personal, aunque tampoco se vuelve a los términos disparatados de la LOGSE, de promoción automática de un curso a otro. El nuevo proyecto permite pasar de curso en la ESO con tres asignaturas pendientes, que son cuatro si entre los pencos se cuenta la Religión. Se mantiene la Selectividad y la idea de la reválida se sustituye por dos evaluaciones (a los 10 y los 14 años) que serán banco de pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema. Nada es terminante todavía, aunque todo puede empeorar después de que el Gobierno negocie el anteproyecto con sus aliados parlamentarios.

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