Puede que la política del Gobierno de España no sea todo lo tajante y expeditiva con la que algunos soñaríamos, pero se debe reconocer que ha conseguido poner de los nervios a todos estos políticos catalanes empeñados en conseguir poner de rodillas a la nación española para que acceda a sus disparatadas y anticonstitucionales demandas separatistas. Evidentemente, el método de acción reacción no es el que más rápidamente puede llegar a solucionar este desigual contencioso entre los políticos que dirigen la comunidad catalana y el resto de la nación española; pero tiene un efecto exasperante capaz de descontrolar a quienes lo que están intentando desde un principio, aunque pretendan negarlo, es exasperar al Estado español de forma que pudiera ceder a la tentación de enviar los tanques por la Diagonal de la ciudad condal.

Lo cierto es que lo han intentado desde todos los ángulos posibles, enfrentándose a los organismos militares negándoles su asistencia a diversos actos públicos; renegando del paso de aviones militares por los cielos de Barcelona; desobedeciendo expresamente y de forma desafiante a las resoluciones del TC; desoyendo los requerimientos del Congreso de Diputados; montando verdaderos mítines de apoyo cada vez que, algún cargo público del gobierno catalán o de su Asamblea, haya sido imputado o llamado a declarar ante el TSJC; quemando banderas nacionales o retratos de SS.MM. los reyes de España o instalando banderas ilegales en señal de desacato al gobierno de la nación.

En el paroxismo de la impotencia toda esta pandilla de políticos, periodistas, locutores, tertulianos, actorzuelos y demás miembros de la farándula y de los antisistema que se han constituido en defensores de la independencia de los catalanes de la nación española, no han encontrado otra salida, no han tenido mejor idea y no han sido capaces de urdir un camino más absurdo que el de enfrentarse a toda España, recurriendo a una acción expresamente prohibida por las leyes españolas y la Constitución cuando ni por la materia que se pretende someter a los ciudadanos de Cataluña, como por el procedimiento adoptado o los medios a los que han recurrido, queda completamente fuera de sus competencias, ha sido expresamente condenada por el TC y sólo la testarudez o desesperación de aquellos que se han metido en semejante berenjenal, hace que sigan insistiendo en llevar a cabo el suicidio consistente en convocar, por segunda vez, una nueva consulta popular, al estilo de la del 9N, en la que la pregunta que se les hará a los votantes, sobre si quieren seguir siendo españoles o pasar a pertenecer a una eventual república independiente catalana, está fuera de cualquier posibilidad de ser admitida dentro de un Estado de Derecho, como es el de la nación española.

Lo que ya parece entrar dentro de lo de la más sublime tontería es que, sabedores de los defectos de forma, de las causas de descalificación y de la anulación, por el Tribunal Constitucional de aquella, mal llamada, consulta; no parece que se haya tenido en cuenta para la nueva que se proyecta para el 1º de Octubre del presente año, vuelvan a insistir en cometer los mismos errores. Seguramente será porque, puestos a incumplir la ley, a prevaricar, a rebelarse contra el orden establecido y la misma Constitución ya les da lo mismo incurrir en un motivo de ilegalidad que en mil. En ocasiones llegamos a tener la impresión de que es tanta su obsesión, tan grande su fanatismo catalanista, tanta su cerrazón mental y tan escaso su discernimiento respecto a las consecuencia penales de sus actos, que ellos mismos se han llegado a creer aquellas excusas, argumentos, falacias y majaderías con las que han venido intentando convencer a los catalanes ( la verdad es que ya son bastantes los que han caído en sus redes) de que lo mejor para ellos es, a su criterio, rebelarse contra el Estado, desobedecer la Constitución que nos dimos entre todos; violentar a todos los españoles que tenemos derecho a opinar y crear una nación independiente que, por supuesto, y esto se lo callan, no podríamos seguir dentro de Europa, beneficiarnos de sus ayudas económicas, de la libertad de mercado y tránsito por dentro de toda Europa ( acuerdo de Schengen) y obligados a pagar, como tercera nación fuera del ámbito de la CE, las tasas, impuestos, y gravámenes fronterizos de todas las mercancías y demás transacciones que se lleven a cabo tanto para la importación como para la exportación.

Resulta incomprensible que, estos señores que tanto presumen de tener calculado al milímetro sus pasos hacia la independencia de Cataluña, que tanto se empeñan ( con tan pocos resultados, en realidad) en internacionalizar el conflicto catalán para involucrar a otros países en el empeño; no hayan previsto que los funcionarios que deberían ser los que le diesen validez al proceso, que garantizasen la limpieza de las votaciones o que dieran fe de los resultados de la consulta no van a colaborar debido a que ya han sido advertidos de que si lo hacen corren el riesgo de quedar inhabilitados. Se van a valer de trucos, en fraude de ley, para soslayar los requisitos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pensando que el Gobierno se está chupando los dedos y no va a ser capaz de parar cualquier intento de poner las urnas en marcha. Van a incurrir en el mismo error del 9N, consistente en buscar voluntarios para formar las mesas, para ocuparse del reparto de urnas, etc. poniendo en manos de personas incapacitadas, de desconocidos o de posibles miembros de partidos interesados en dar un pucherazo, falseando ilegalmente los resultados de los comicios; aunque en realidad, desde el principio al fin ya estarán invalidados por el propio TC.

Sin embargo, a los ciudadanos y, especialmente, a los españoles que vivimos en Cataluña, lo que nos inquieta es la reacción del Gobierno del Estado, ante las múltiples posibilidades que se puedan presentar durante la jornada electoral del 1 de octubre. Una cosa que nos ha tranquilizado ha sido la negativa a la Generalitat a conceder el acceso a las bases de datos judiciales que intentaban conseguir los del Govern para obtener los datos personales para proceder a la evaluación del funcionamiento de la Administración de Justicia. Nos siguen preocupando el control de los datos del censo electoral en cuanto permita a la Generalitat controlar a los que no acuden a votar para establecer quienes los apoyan y quienes no. La intención resulta evidente.

Existen, en todo este tema, puntos poco claros. Por ejemplo, los de Podemos que, a nivel nacional no parecen estar dispuestos a apoyar un referéndum vinculante, mediante el cual le dieran potestad a la Generalitat, en caso de que la pregunta avalara los de la república catalana, a declarar sin más la independencia de la “nación catalana” de la monarquía española; desde el punto de vista de la alcaldesa de Barcelona, señora Colau, parece que, finalmente, se ha decidido, por evidentes intereses electorales, a darles el visto bueno a los independentistas con su apoyo, de principio, aunque ha mantenido la condición de que no tenga efecto vinculante. Falta saber, de aquí a la fecha de la consulta prevista, cuántos cambios pudiera experimentar la decisión de Podemos, según sean las circunstancias que en cada momento les puedan condicionar el apoyo previsto.

Nos estamos jugando nuestro futuro cuando, en las cámaras de representación popular, aquellos que debieran ser los primeros en valorar debidamente la situación actual de nuestra nación, amenazan, como ocurre con los de Podemos y el PSOE, en crear una nueva entente, sin otro fin que el de acabar con el PP; sin que, al parecer, les importe ni poco ni mucho lo que ello puede representar para el destino de los españoles, para su nivel de vida y para el progreso de nuestro país. La irresponsabilidad y el revanchismo de Sánchez junto a la obsesión de Pablo Iglesias de convertir a España en una cabeza de puente del comunismo bolivariano internacional de cara a Europa, son un peligro que, en modo alguno, se puede despreciar cuando van a contar con el apoyo de los separatistas catalanes y falta saber si también con otros grupos extremistas dispuestos a dinamitar, entre todos, todas las conquistas que se han conseguido por los españoles. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no dejamos de maravillarnos de que, en pleno siglo XXI, cuando todo aconseja que España siga manteniendo su estabilidad; cuando, nuestras relaciones con el resto de Europa, recomiendan que sigamos respetando sus directrices y cuando, más que nunca, es preciso generar confianza en nuestros socios europeos, en el sentido de que no les vamos a fallar, que seguiremos siendo merecedores de todas sus ayudas y que estamos dispuestos a mejorar nuestra deuda pública y nuestro déficit fiscal, dentro de los límites que nos comprometimos a respetar. Lo demás es meramente suicida.