En los actuales tiempos de crisis, en que se trata de cuestionar el conjunto del gasto público para su necesaria reducción, se hace necesario analizar uno de los mayores focos de gasto de las Administraciones Públicas que es el del Sistema Nacional de Salud, que finalmente se desnaturalizó con las transferencias a las Comunidades Autónomas, donde se inició la dispersión del mismo, tanto en su cartera de servicios, su estructura organizativa y su control financiero.

El Sistema Nacional de Salud es producto del “Estado del Bienestar”, pero no hay que confundirlo con un “lujo”, pues cubre de forma solidaria y justa las necesidades de asistencia sanitaria de la población española, y además de forma gratuita. Siendo así un hito histórico que llegó a culminar el proceso de protección de la Seguridad Social ampliándolo a toda la sociedad –cotizante y no cotizante-, evitando el injusto sesgo de la “beneficencia sanitaria”, y dotando al país de un potente sistema de atención y prevención sanitaria, unificando los sectores dispersos de la Administración Sanitaria (salud pública de tipo prevencionista y asistencial).

Naturalmente una obra de esta envergadura tiene sus costos económicos, máxime con el creciente gasto de los productos farmacológicos, biomédicos y del material sanitario, amen de la gran infraestructura de centros sanitarios con sus dotaciones completas (en atención primaria, hospitalaria y de urgencias). Pero ello, era para que la sociedad española estuviera orgullosa de haberse dado este tipo de organización sanitaria pública (de alta calidad, gratuita, generalizada y eficaz), pues países como EEUU ni siquiera tienen nada igual. Pues allí se basa en una sanidad meramente privada, y para los que no pueden pagársela tienen beneficencia sobre mínimos.

Sin embargo, este tipo de organización hay que seguir recreándolo a diario, y sobre todo hay que hacer un análisis sobre su defensa pública, si la sociedad española realmente quiere que se mantenga. Pues la alternativa sería la privatización pura y dura (estilo EEUU), o la “privatización amortiguada” (en forma de gestión privada del sistema público, que necesariamente redundaría en déficit de calidad del producto final, por imperativos del necesario ánimo de lucro empresarial de las empresas concesionarias).

Si bien, lo que no puede mantenerse es en este “estado de ambigüedad” actual, con una creciente y descontrolada deuda, fruto de una compleja y equivocada política de dispersión autonómica del Sistema. Puesto que así, resulta realmente insostenible.

Decimos que se ha realizado una errónea política de dispersión autonómica porque un Sistema Nacional –de porte estatal, por definición ha de ser eso: “estatal”-, y porque además su transferencia a las Autonomías –las mayorías de las cuales no estaban preparadas para esta transferencia- han unido a sus propios problemas organizativos y financieros de origen, los derivados del inmenso gasto como el que representa la sanidad pública. Habiendo sido también rehén de la “política de campanario” en su organización y en sus prestaciones, lo que también ha llevado a desajustar seriamente el mismo; pues ha dado lugar a diverso tipo de prestaciones territoriales, a tarjetas sanitarias incompatibles, a burocratización desmesurada del mismo, y a un aislamiento efectivo entre cada uno de los diversos Servicios Autonómicos de Salud, que han multiplicado exponencialmente sus altos cargos en relación con la anterior organización estatal, sin que ello haya respondido realmente a una necesidad del sistema, sino de “colonización política” de este nuevo e influyente ámbito sanitario.

En consecuencia, no valen “medias tintas”, pues haya o no crisis, la vida sigue y la necesidad de atención sanitaria se demanda. Es el momento de hacer una apuesta por la defensa del Sistema Sanitario Público y defenderlo, reorganizándolo, dotándolo de una estructura más dinámica y eficaz, y sobre todo de financiarlo de modo que sea sostenible. O bien, nos despedimos ya de uno de los mayores logros sociales de finales del S. XX en nuestro país, fruto de haber apostado constitucional y políticamente por un “Estado Social”.

Los profetas del “neoliberalismo” cantarán las bondades de pagar menos impuestos, y que la empresa privada gestione lo público. Pero la realidad es que desmontar un Sistema Sanitario Público es una decisión a la que no debe estar ajena la sociedad, y en caso de apostar por el mismo, habría que poner líneas infranqueables para asegurar su estabilidad y eficacia.

Ahora bien, también habrá que hacer otra opción pública –especialmente en tiempos de crisis- cual es la de determinar los costes alternativos de apoyar la sanidad pública, pues toda decisión económica tiene costes alternativos. Así habría que decidir que otros gastos públicos deberían de sacrificarse para la defensa de la sanidad pública. Acaso gastos corrientes de las Administraciones Públicas, las televisiones autonómicas, las dotaciones para cultura en forma de subvenciones de escasa utilidad social, y por qué no decirlo: “eliminar el pesebre público” de subvenciones inútiles.

Y para que no se diga, que se piden esfuerzos ajenos y se olvidan los propios, sugerimos la reunificación del Sistema Sanitario Público, es decir, la recogida competencial del mismo en manos del Estado –de las que no debió salir-, reducción de cargos públicos, reducción de los equipos directivos con la consiguiente profesionalización de los mismos, autonomía gestora en las Gerencias Sanitarias de Área con control financiero efectivo, previo y diario.

Entre tanto, no se haga un planteamiento claro, valiente, sincero y público sobre lo que tenemos y sus alternativas, costes y procedimientos de gestión, no se dirá toda la verdad del sistema, y nos encontraremos con “ensayos autonómicos” donde se privatiza la gestión hospitalaria –aunque casualmente muchos de sus directivos suelen ser reclutados entre los gestores del sector público, con sustanciales mejoras salariales, en forma proporcional a la debilidad del empleo de las plantillas de los centros-, sin que realmente ello suponga una mejora ni en la calidad, ni en la eficacia.

Por consiguiente, que no se nos distraiga con ocurrencias, o mostrando autosatisfacción de ciertos logros contables puntuales, pues el crecimiento de la deuda sanitaria sigue siendo enorme, y en la situación actual, el Sistema Sanitario Público puede colapsar en España. La solución requiere un planteamiento de base y general, asumiendo una u otra opción, lo demás es palabrería y demorar el problema.