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Opinión
Etiquetas | The Wahington Post Writers Group | OPINIÓN | EEUU
¿Cómo podemos acabar con la pena de muerte en los Estados Unidos?

Solo los conservadores pueden acabar con la pena capital

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WASHINGTON -- De vez en cuando, una sentencia recibe atención generalizada y convierte en espectáculo público la maquinaria estadounidense de ajusticiamiento. La pasada semana fue la polémica en torno a Troy Davis, ejecutado en Georgia tras años de apasionado debate, activismo y apelaciones.

Distingo a los que trabajaron tanto por salvar la vida de Davis porque ellos obligaron al país a abordar todas las incertidumbres, defectos y actos brutales en algunos casos del sistema judicial penal.

Pero tras años de derramarse lágrimas y después de que la última vigilia acabe con una oración, la anulación de la pena capital seguirá siendo una cuestión política. ¿Se puede cambiar la política de esta cuestión? La respuesta es abiertamente sí.

Es difícil de imaginar ahora, pero en 1966 había más estadounidenses contrarios a la pena de muerte que partidarios de ella -- el 47 por ciento frente al 42 por ciento. Pero la oleada de delincuencia que comenzó a finales de los 60 y la sensación de que la justicia no era de fiar dispararon el apoyo a la pena de muerte. Hacia 1994, el 80 por ciento de los estadounidenses decían ser partidarios de la pena de muerte y sólo el 16 por ciento ser contrario.

Desde entonces, las cifras han variado ligeramente. Durante la última década, la proporción de estadounidenses que se dicen contrarios a la pena de muerte se ha movido entre el 25 por ciento y el 32 por ciento. La suave reaparición de la oposición -- causada por el descenso de los delitos con violencia y las investigaciones que suscitan dudas en torno a la culpabilidad de ciertos reos en el corredor de la muerte -- ha abierto cancha política a la intervención.

Ya me perdonarán mis colegas de izquierdas, pero nosotros no vamos a ser los que vamos a protagonizar esta lucha. Demasiados políticos Demócratas recuerdan la forma en que se utilizó la pena de muerte en las campañas de los años 80 y los 90, sobre todo por parte de George H.W. Bush contra Michael Dukakis en 1988. Todavía están aterrados ante la idea de parecer "blandos" con la delincuencia.

Además, ganar esta batalla va a exigir el apoyo de estadounidenses que no son de izquierdas. La buena noticia es que muchos de nuestros conciudadanos están receptivos. Las propias cifras de Gallup demuestran que el apoyo a la pena de muerte desciende de forma acusada cuando al entrevistado se le ofrece la alternativa de la "cadena perpetua sin condicional". Cuando Gallup planteó esta opción en su sondeo del año 2010, sólo el 49 por ciento seguía eligiendo la pena de muerte; el 46 por ciento prefería la sentencia de cadena perpetua sin condicional.

Y una encuesta el año pasado encargada a Lake Research Partners por el colectivo Centro de Información de la Pena de Muerte demostraba que si se ofrecían a los entrevistados un amplio abanico de alternativas (incluyendo la cadena perpetua sin condicional con compensación a las familias de las víctimas), el apoyo incondicional a la pena de muerte podía rebajarse al 33 por ciento.

Si la mayoría es receptiva, los que mejor van a convencer van a ser los conservadores -- sobre todo los colectivos de conservadores religiosos y contrarios al aborto superpuestos -- que ponen reparos a que el estado tenga competencias para quitar la vida o que perciben el riesgo moral en juego al ejecutar a un inocente.

Siempre ha habido conservadores contrarios a la pena de muerte, pero a lo mejor ahora sus voces se escuchan. En Ohio este verano, el congresista del estado Terry Blair, Republicano y enemigo acérrimo del aborto, afirmaba rotundo: "No me parece que tengamos vela a la hora de quitar la vida a otro, ni siquiera por lo que llamamos intención legal o lo que podría definirse como razón justificada".

La semana pasada el fiscal Don Heller, que redactó la propuesta que reinstauraba la pena de muerte en California, explicaba al Los Angeles Daily News la razón de haber cambiado de opinión. "La cadena perpetua sin condicional protege la vida pública mejor que la pena de muerte", escribe. "Es mucho más barata, tiene encerrados para siempre a los hombres y mujeres peligrosos, y los errores se pueden subsanar".

El testimonio más conmovedor contra la ejecución de Troy Davis llegaba de un grupo de antiguos funcionarios penitenciarios que, como escribían, "han tenido contacto directo en las ejecuciones".

"Nadie tiene el derecho a solicitar a un funcionario público que se cobre una vida de dudas persistentes, y en el caso de algunos de nosotros, de vergüenza y culpabilidad", dicen. "¿Debería estar causando tanto perjuicio a tanta gente nuestro sistema judicial cuando hay alternativa?"

Vivimos en tiempos irracionales cuando la ideología política ha levantado un grueso muro que nos impide reconocer que parte de las elecciones que hacemos son trágicas. A lo mejor podemos hacer una excepción en este caso y mantener un debate tranquilo en torno a si nuestro sistema de justicia capital dice realmente lo mejor de nosotros. Y doy las gracias a esos conservadores antiabortistas, a los libertarios y a los funcionarios de prisiones que, más que nadie, pueden hacer posible un debate así.

Solo los conservadores pueden acabar con la pena capital

¿Cómo podemos acabar con la pena de muerte en los Estados Unidos?
E. J. Dionne
miércoles, 28 de septiembre de 2011, 06:56 h (CET)
WASHINGTON -- De vez en cuando, una sentencia recibe atención generalizada y convierte en espectáculo público la maquinaria estadounidense de ajusticiamiento. La pasada semana fue la polémica en torno a Troy Davis, ejecutado en Georgia tras años de apasionado debate, activismo y apelaciones.

Distingo a los que trabajaron tanto por salvar la vida de Davis porque ellos obligaron al país a abordar todas las incertidumbres, defectos y actos brutales en algunos casos del sistema judicial penal.

Pero tras años de derramarse lágrimas y después de que la última vigilia acabe con una oración, la anulación de la pena capital seguirá siendo una cuestión política. ¿Se puede cambiar la política de esta cuestión? La respuesta es abiertamente sí.

Es difícil de imaginar ahora, pero en 1966 había más estadounidenses contrarios a la pena de muerte que partidarios de ella -- el 47 por ciento frente al 42 por ciento. Pero la oleada de delincuencia que comenzó a finales de los 60 y la sensación de que la justicia no era de fiar dispararon el apoyo a la pena de muerte. Hacia 1994, el 80 por ciento de los estadounidenses decían ser partidarios de la pena de muerte y sólo el 16 por ciento ser contrario.

Desde entonces, las cifras han variado ligeramente. Durante la última década, la proporción de estadounidenses que se dicen contrarios a la pena de muerte se ha movido entre el 25 por ciento y el 32 por ciento. La suave reaparición de la oposición -- causada por el descenso de los delitos con violencia y las investigaciones que suscitan dudas en torno a la culpabilidad de ciertos reos en el corredor de la muerte -- ha abierto cancha política a la intervención.

Ya me perdonarán mis colegas de izquierdas, pero nosotros no vamos a ser los que vamos a protagonizar esta lucha. Demasiados políticos Demócratas recuerdan la forma en que se utilizó la pena de muerte en las campañas de los años 80 y los 90, sobre todo por parte de George H.W. Bush contra Michael Dukakis en 1988. Todavía están aterrados ante la idea de parecer "blandos" con la delincuencia.

Además, ganar esta batalla va a exigir el apoyo de estadounidenses que no son de izquierdas. La buena noticia es que muchos de nuestros conciudadanos están receptivos. Las propias cifras de Gallup demuestran que el apoyo a la pena de muerte desciende de forma acusada cuando al entrevistado se le ofrece la alternativa de la "cadena perpetua sin condicional". Cuando Gallup planteó esta opción en su sondeo del año 2010, sólo el 49 por ciento seguía eligiendo la pena de muerte; el 46 por ciento prefería la sentencia de cadena perpetua sin condicional.

Y una encuesta el año pasado encargada a Lake Research Partners por el colectivo Centro de Información de la Pena de Muerte demostraba que si se ofrecían a los entrevistados un amplio abanico de alternativas (incluyendo la cadena perpetua sin condicional con compensación a las familias de las víctimas), el apoyo incondicional a la pena de muerte podía rebajarse al 33 por ciento.

Si la mayoría es receptiva, los que mejor van a convencer van a ser los conservadores -- sobre todo los colectivos de conservadores religiosos y contrarios al aborto superpuestos -- que ponen reparos a que el estado tenga competencias para quitar la vida o que perciben el riesgo moral en juego al ejecutar a un inocente.

Siempre ha habido conservadores contrarios a la pena de muerte, pero a lo mejor ahora sus voces se escuchan. En Ohio este verano, el congresista del estado Terry Blair, Republicano y enemigo acérrimo del aborto, afirmaba rotundo: "No me parece que tengamos vela a la hora de quitar la vida a otro, ni siquiera por lo que llamamos intención legal o lo que podría definirse como razón justificada".

La semana pasada el fiscal Don Heller, que redactó la propuesta que reinstauraba la pena de muerte en California, explicaba al Los Angeles Daily News la razón de haber cambiado de opinión. "La cadena perpetua sin condicional protege la vida pública mejor que la pena de muerte", escribe. "Es mucho más barata, tiene encerrados para siempre a los hombres y mujeres peligrosos, y los errores se pueden subsanar".

El testimonio más conmovedor contra la ejecución de Troy Davis llegaba de un grupo de antiguos funcionarios penitenciarios que, como escribían, "han tenido contacto directo en las ejecuciones".

"Nadie tiene el derecho a solicitar a un funcionario público que se cobre una vida de dudas persistentes, y en el caso de algunos de nosotros, de vergüenza y culpabilidad", dicen. "¿Debería estar causando tanto perjuicio a tanta gente nuestro sistema judicial cuando hay alternativa?"

Vivimos en tiempos irracionales cuando la ideología política ha levantado un grueso muro que nos impide reconocer que parte de las elecciones que hacemos son trágicas. A lo mejor podemos hacer una excepción en este caso y mantener un debate tranquilo en torno a si nuestro sistema de justicia capital dice realmente lo mejor de nosotros. Y doy las gracias a esos conservadores antiabortistas, a los libertarios y a los funcionarios de prisiones que, más que nadie, pueden hacer posible un debate así.

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