La defensora del pueblo, María Luisa Cava del Llano, ha tenido la audacia de decir en el Congreso de los Diputados que el despilfarro del dinero público debe ser considerado delito e incluirlo en el Código Penal.

He recordado, en algunas ocasiones, el juicio de residencia que se aplicaba a quienes cesaban en sus cargos en los virreinatos de la América Española y que debería aplicarse a los Presidentes de las Comunidades Autónomas, alcaldes, presidentes de Diputaciones etc. Pero desgraciadamente, creo que los políticos no harán nada que pueda redundar en su perjuicio.

En la América española se decía: las leyes se acatan pero no se cumplen, exactamente igual que aquí y ahora en todas las instituciones centrales, autonómicas y locales. Parece que cumplir y hacer cumplir las leyes, a pesar de continuar jurando o prometiendo tal cosa, no ha sido nunca en España intención de ningún cargo, que seguramente mediante una restricción mental, estaban pensando que lo harían cuando les conviniese.

Nuestro cruel refranero ya nos advierte que “hecha la ley, hecha la trampa” y aún más: cuando el que tiene la mayoría parlamentaria, propia o comprada, no le gusta una ley, pues la cambia y en paz.

La necesidad de establecer controles al poder para evitar el abuso, la arbitrariedad y la corrupción, parece haber desaparecido desde que un diputado, influyente y dicharachero, diera por muerto a Montesquieu y su doctrina de la separación de poderes.

El poder ejecutivo y el legislativo no se contrapesan en absoluto, ya que la misma mayoría que elige al ejecutivo es la que legisla. En cuanto al poder judicial, estoy seguro de que conserva su independencia en los litigios entre particulares, pero si se trata de cuestiones políticas, todos tenemos fundadas dudas de su imparcialidad. Es un escándalo que pueda saberse anticipadamente el resultado de cualquier fallo, con solo conocer la identidad de los juzgadores. Como son nombrados por el legislativo en proporción al peso de cada partido en el Congreso, no existe control ni contrapeso.

Nos creemos democráticos porque votamos una vez cada cuatro años, pero esas votaciones solo sirven para investir de poder a personas que se considerarán autorizadas para ejercer el poder sin limitaciones, controles ni cortapisas. La oposición en cada órgano no pinta demasiado. ¿Es solo cuando sustituyen al anterior cuando se enteran de sus despilfarros? ¿Si lo supieron antes, pudieron hacer algo? ¿Si pudieron, por qué no lo hicieron?

Los controles internos de fiscalización de la legalidad y de intervención del gasto parecen inexistentes y si existen deben servir para poco. Quizás, los funcionarios que estaban encargados de estos menesteres han acabado por aburrirse de hacer informes y notas de reparos inútiles.

Como hay algunas acciones judiciales, promovidas por la acción popular o por asociaciones beneméritas, que han prosperado, el Ministerio de Justicia tenía en elaboración alguna reforma para evitarlo, que ojalá no llegue a cuajar.

Es algo de sentido común que cuanto más poder se tiene y menos controles, la corrupción llega inevitablemente.

Creo que hay en nuestras leyes penales disposiciones suficientes para controlar el poder y exigir responsabilidades, lo que no hay es voluntad de exigirlas.

No cumplir la ley puede ser fatal para el ciudadano de a pie, pero cualquier político tiene medios, especialmente si ocupa el poder, para burlarla. Los Tribunales que juzgan cuestiones políticas son ineficaces y sus sentencias ni siquiera pueden ejecutarse. El caso de Cataluña está a la vista.