Anda el patio catalán un poco revuelto en estos días de celebración del día nacional de Catalunya, la Diada; de reforma de la Constitución y; de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que se cumpla a su vez la sentencia del Supremo en el sentido de que el castellano sea también lengua vehicular en la educación en Catalunya. Lo que se entiende a nivel oficial como una oposición judicial a la inmersión lingüística en la enseñanza o lo que es lo mismo, que se hagan todas las asignaturas en catalán. Se desconoce si las clases de castellano deben ser o no también en catalán.

La llamada ley de inmersión lingüística que se llama en realidad Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística en Cataluña, fue aprobada sin ningún voto en contra porque es impecable en cuanto a su redacción; no así en su aplicación que es de lo que algunos padres se quejan al no poder escoger la lengua para sus hijos como así establece la propia ley.

En efecto, el artículo 14.2 de la citada ley dice: “Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración debe garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o los tutores pueden ejercerlo en nombre de sus hijos instando a que se aplique.”

Esto es lo que corrobora el Tribunal Supremo y ahora el TSJC obliga al Govern a aplicar.

Y esto es lo que ha desatado las iras oficiales y las de siempre por considerar que los jueces se dedican a tomar decisiones que afectan a la política lingüística (?!). Haciendo que se cumpla la ley, claro.

Escribe Salvador Cardús, profesor titular de sociología en la Universidad Autónoma de Catalunya (La Vanguardia 14/09/11): “Los jueces simplemente aplican el orden constitucional establecido, que establece normas que no se basan en absoluto en conocimientos de sociolingüística, sino en un modelo de nación española unitaria y, en consecuencia, que quiere garantizar como sea la supremacía jurídica y social de la lengua castellana.”

Según Cardús, no se trata pues de la aplicación de la ley sino de torticeros criterios imperialistas. Puede que tenga razón, pero el TSJC avala la sentencia del TS en tal sentido. ¿Estarán todos los tribunales de justica conspirados en contra de Catalunya? No parece razonable.

La consejera de enseñanza de Catalunya, Irene Rigau, en un alarde de desfachatez dice al respecto que el Tribunal Constitucional no puso objeciones a la ley, lo que no deja de ser otra demagógica perla más, pues lo que se cuestiona es la forma en la que la ley se aplica. Para estos políticos de vía estrecha, si el TC falla a favor hay que acatarlo y respetarlo; pero cuando falla en contra es lo más pernicioso para el país, como así lo vituperaron, difamaron y denigraron a raíz de su famosa sentencia sobre el Estatut y su encaje en la Constitución.

Cuando se habla también a nivel político-oficial de la inmersión lingüística, se dice que todos los alumnos al finalizar la enseñanza media tienen el mismo conocimiento de catalán que de castellano; mentira. Porque lo cierto es que los exámenes de castellano son tan asombrosamente fáciles que hasta los mismos alumnos hacen mofa de ello frente a las cámaras de los noticiarios. Pero así se consigue que obtengan buena nota de castellano y se acredite esa política.

Está bien que se enseñe catalán y en catalán en los centros de enseñanza de Catalunya qué duda cabe, pero hay que respetar la ley y las sentencias judiciales y en Catalunya, desde entornos paraoficiales y no tan paraoficiales se está llamando a la desobediencia civil; inaudito.

Los sexagenarios no tuvimos oportunidad de aprender gramática catalana en el colegio: estaba prohibido; lo que no impidió que lo hablásemos con naturalidad en el entorno familiar, social y profesional habitual y que aprendiésemos la gramática a nuestras expensas. Todos los extremos son odiosos.

Por razón de esta sentencia sobre la lengua y el apartheid practicado por PSOE y PP en la reforma de la Constitución, Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya, en la Diada dijo que “la transición está en marcha”. No aclaró a qué transición se refería o hacia dónde va esa transición: si hacia la independencia, si hacia una mayor soberanía catalana o si más de lo mismo. Lo cierto es que la fuerza de la realidad de sus acuerdos con el PP deja esas emotivas afirmaciones muy licuadas.

Y mientras todo esto sucede la vida sigue: los recortes en la sanidad y la enseñanza se prolongan, no por un derroche anterior de recursos ni una negligente gestión de los mismos, no, sino porque el déficit fiscal ahoga al país, dicen. Tomamos nota.