El hecho de que existan más de un millón de personas en España que están recibiendo dos pensiones tiene su justificación lógica. Que el 72% de los pensionistas las perciban es lo justo y racional por muchas razones. Las pensiones de jubilación y viudedad son prestaciones para poder vivir con dignidad.

Aunque son consideradas también como prestaciones de supervivencia, algo perfectamente entendible, si pensamos en lo que suben los precios de los productos anualmente. En efecto, las subidas de las pensiones son simbólicas y se está causando a los beneficiarios de las mismas una bajada muy considerable del poder adquisitivo o de compra.

En consecuencia, no es justo ni coherente pretender reformar la pensión de viudedad. Está bien como está. Ya que propicia e impulsa, de un modo decisivo, la justicia social y aporta una asistencia económica y social imprescindible.

Aunque el sistema de pensiones se encuentre con un déficit de más de 18.000 millones de euros el año pasado, esto no supone que en el futuro haya que limitar o suprimir la prestación de viudedad. Existen soluciones viables como subir un poco los impuestos u otras medidas complementarias a través de tributos indirectos o con el Presupuesto del Estado.

Más del 90% de quienes reciben la pensión de viudedad son mujeres en nuestro país. Ya que tienen mayor esperanza de vida que los hombres desde un punto de vista estadístico. Además, la tasa de empleo femenino era menor hace unos años.

Ahora bien, pensar que la solución al enorme gasto de la Seguridad Social en pensiones pasa por la limitación del cobro de la prestación de viudedad durante un número reducido de años me parece mezquino y completamente injusto. A mi juicio, incumple los principios constitucionales y los derechos humanos entendidos e interpretados de modo correcto, desde un planteamiento jurídico profundo.

Y considerar que la pensión de viudedad se pudiera capitalizar en un pago único, al igual que se puede hacer con el seguro de desempleo, es otra propuesta política indefendible, si se quiere vivir en un estado social de derecho.

En el territorio español Galicia, Cataluña, Islas Baleares y Asturias son las Comunidades Autónomas en las que existe mayor proporción de pensionistas que perciben dos pensiones.

Por otra parte, el número de mujeres trabajadoras está aumentando, lo que está muy bien y es algo a celebrar. Esto significa que al incrementarse la longevidad y también el gasto en pensiones también habrá con el paso de los años más prestaciones de viudedad y de jubilación durante más tiempo.

Esto no supone que deba eliminarse el pago por viudedad, que es una prestación contributiva, en el futuro próximo, por una decisión política. Estoy convencido que, si algo funciona razonablemente bien, no hay razón para reformarlo o cambiarlo. La pensión de viudedad está perfectamente justificada y es esencial e insustituible para muchas personas y familias. Habría que pensar en aumentar el poder adquisitivo de todas las pensiones para que los ciudadanos puedan vivir con dignidad y con un cierto bienestar.

Y, si toda la sociedad civil tiene que realizar algo más de esfuerzo económico a través de impuestos, el beneficio será para todos, porque todos podemos llegar a mayores. Y la convivencia en un estado se fundamenta, al menos teóricamente, en la justicia y la solidaridad respecto a todos los ciudadanos. Por tanto, el Gobierno y los partidos políticos, en mi opinión, deben apoyar sin vacilación y sin ninguna duda el derecho a cobrar la pensión de viudedad hasta que la persona que la percibe fallece. Es lo mínimo que se debe hacer.