WASHINGTON -- El Gobernador de Texas Rick Perry hizo una interesante elección estratégica en el debate presidencial Republicano del martes en cuanto a la forma de abordar su problema de seguridad social autoinfligido. Perry duplicó las apuestas -- cuadriplicó en realidad -- en un componente polémico: su descripción del programa de jubilación como "un fraude piramidal" y "una quimera monstruosa". Pero Perry se quedó lejos de volver a elaborar públicamente el aspecto aún más volátil de su postura a tenor de la seguridad social -- que el estado tiene que quedarse al margen por completo de la cuestión de la jubilación.

La primera elección es cuestionable como cuestión política e irresponsablemente alarmista en el contenido. La segunda es inteligente pero podría no bastar a largo plazo para permitir que Perry escape a las consecuencias de sus recientes posturas públicas.

En el contenido, la idea de Perry de la seguridad social como fraude piramidal tiene cierto fundamento. Como en los fraudes piramidales, la seguridad social depende del dinero que recibe de los inversores nuevos (los trabajadores que cotizan) para financiar a los inversores anteriores (los trabajadores jubilados). Dado que la relación entre trabajadores y jubilados se está contrayendo a medida que la generación post-Segunda Guerra Mundial se va jubilando, la financiación del programa es cada vez más problemática. El sistema acaba sin el dinero suficiente para pagar todas las prestaciones prometidas.

Pero la palabra clave aquí es "todas". La acalorada retórica de Perry sugiere a los trabajadores más jóvenes que se van a quedar sin nada que justifique sus cotizaciones -- como los inversores que lo pierden todo en un fraude piramidal. En realidad, después incluso de agotarse el superávit de la seguridad social, el sistema puede seguir abonando más de las tres cuartas partes de las prestaciones prometidas. Esto representaría un enorme problema para muchos jubilados, pero tampoco es "una quimera monstruosa". Las volátiles insinuaciones de lo contrario por parte de Perry son una tergiversación monstruosa.

En cuanto al sentido político de las declaraciones del fraude piramidal, la repetición constante de ellas por parte de Perry desde luego conserva sus credenciales de texano que dice las cosas claras en comparación con cierto candidato de Massachusetts que cambia de opinión según le conviene. ¿Pero a qué precio? No es probable que los ancianos de Florida vayan a tomarse de forma contemplativa los ataques de Perry a su apreciado programa social. Sospecho que van a escuchar a Perry y lo del fraude piramidal y se irán de cabeza a votar al apuesto Romney.

Si es así, se trataría de la elección correcta por la razón equivocada. Como he escrito con anterioridad, el aspecto verdaderamente radical de las opiniones de Perry sobre la seguridad social -- y sobre el resto de los programas de pensiones, a esos efectos -- no es que esté convencido de que se financian de forma inadecuada. Es que cree que no deberían de existir en absoluto -- que de hecho, no deberían existir según su interpretación de la Constitución.

Esto plantea el extremo de máxima tensión para Perry -- extremo que evitó hábilmente la noche del miércoles pero que podría no ser tan hábil para evitar en el futuro. Cuando el periodista del Politico John Harris pidió a Perry que explicara su opinión de que la seguridad social está mal montada, Perry puso reparos.

"Me parece que cualquiera que quiera remontarse a cambiar 70 años de lo que viene pasando en este país probablemente lo va a pasar mal", decía. "Perder mucho tiempo hablando de lo que hacía esta gente en la década de los 30 y los 40 es una estupenda conversación intelectual".

Menos porque es justamente la conversación que Perry plantea en su libro -- publicado el año pasado -- "¡Hartos!" Se ceba con la seguridad social por "descartar con violencia cualquier respeto a nuestros principios fundacionales de federalismo y gobierno limitado", denuncia que el programa de jubilación es "algo que hemos sido obligados a aceptar durante más de 70 años ya" y afirma que "se mire por donde se mire, la seguridad social es un fracaso estrepitoso".

A lo mejor Perry puede no desear reanudar esta conversación intelectual, pero sus rivales no van a ser propensos a dejarle salir airoso -- ni deberían. El miércoles, Romney iniciaba la estocada: "Nuestro candidato ha de ser alguien que no esté decidido a abolir la seguridad social, sino que esté decidido a salvar la seguridad social".

Para Romney, centrarse en las opiniones de Perry es cuestión de explotar la vulnerabilidad política del rival. Para los electores, la cuestión es más grave, con repercusiones que van más allá de los detalles concretos de las jubilaciones.

Perry, fiándonos de su libro, quiere supervisar el desmantelamiento del estado regulador post-New Deal y deshacerlo todo, desde las normas de protección medioambiental al reglamento de seguridad alimentaria, pasando por el papel del estado a la hora de proporcionar atención médica a pobres y ancianos.

Que el estado retroceda tanto puede ser, como insinúa Perry, cuestión académica en este momento. Pero los estadounidenses tienen derecho a saber si están eligiendo a un presidente convencido de que esta inversión debería de tener lugar. Los próximos debates Republicanos tienen que zanjar esa pregunta capital.