La serpiente de este verano han sido los mercados, como llamamos ahora a unas cuantas corporaciones financieras que se dedican a especular con deuda soberana, gestionadas algunas de ellas por inquietantes magnates de las bolsas, como el húngaro-americano Georges Soros, el más famoso de todos ellos, capaz de hacer tambalear por si mismo las financias de Gran Bretaña cuando en 1998 apostó por la depreciación de la libra humillando al Banco de Inglaterra, lo que le reportó unas ganancias de 1.100 millones de dólares.

Ante tanto desmán como en la zona euro se está produciendo debido a los desbocados déficits públicos de ciertos países como España, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy convinieron el pasado día 17 de agosto en una cumbre bilateral, en la necesidad de que los países europeos limitaran constitucionalmente el déficit público.

El déficit público es un instrumento coyuntural de macroeconomía que usan los gobiernos para vivificar la actividad económica en situaciones puntuales en que ésta debe ser relanzada. Lo que no pueden los gobiernos democráticos es cambiar el modelo productivo por ley como aquí se empecinó Zapatero, sino, en el mejor de los casos, incentivar determinados sectores o segmentos económicos para que el sector privado focalice ahí sus inversiones productivas.

El déficit público se enjuga mediante una emisión de deuda pública a un plazo en el que se interpreta que el estado habrá recaudado fondos suficientes debido a la reactivación de la economía para cancelarla. O simplemente, sin emisión de deuda, en la confianza de que en el corto plazo se equilibrarán las cuentas públicas por la mayor actividad económica impelida desde el estado.

El equilibrio presupuestario es una medida de elemental prudencia contable, así se trate de las familias, como de las empresas o el estado, por aquello de no estirar más el brazo que la manga.

Así, a los dictados de Merkel y Sarkozy, Zapatero y Rajoy han visto la ocasión de limitar mediante una reforma de la Constitución la capacidad financiera del Estado para generar déficit y en particular a las autonomías; ese y no otro es el auténtico trasfondo del cambio, pues como es notorio, PSOE y PP son contrarios al estado de las autonomías. Y si bien no les falta razón al considerar que determinados gobiernos autonómicos como el catalán, han dilapidado fortunas en un alarde mayúsculo de despilfarro, como el aeropuerto de Lleida vacío de contenido y vuelos, la construcción de hospitales clientelares y centros asistenciales de salud que no pueden ponerse en funcionamiento por falta de recursos para pagar la asistencia misma, una televisión autonómica que a pesar de la publicidad genera un insostenible déficit pero que es el altavoz del partido o partidos en el gobierno y estandarte del aleccionamiento identitario y tantos ejemplos de mala gestión de los caudales públicos como a diario se producen, no es menos cierto que el Gobierno de Zapatero ha dilapidado más fortunas aún con una proverbial incapacidad para la gestión pública.

Ha quedado manifiesta la intención de PSOE y PP de constreñir el ámbito financiero de las autonomías.

Zapatero y Rajoy han convenido, acogiéndose a algo que les sonaba a estirar la manga pero que en realidad ha sido hacer mangas y capirotes, una reforma de la Constitución en forma tan rápida y opaca que a todas luces ha quedado manifiesta su intención de constreñir en el ámbito financiero a los gobiernos autonómicos. Aunque en realidad, con más del 90% de la representación parlamentaria entre ambos partidos, el resto de los del arco parlamentario han sido barridos de la movida, pues entre todos ellos a penas representan a nadie, así a grandes rasgos.

Como en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña; siempre se ha pensado que el británico es un sistema bipartidista hasta que en las últimas elecciones reapareció con fuerza el partido Liberal Demócrata por la posibilidad de constituir mayoría absoluta con el Partido Conservador, como así hicieron. ¿Pero cuántos saben que en la Cámara hay representados 8 partidos más, además del laborista, el conservador y el liberal? Con 8 diputados el partido Unionista Democrático, el que más tiene de ellos; pero en total sólo representan al 4,46%; insignificante a esta distancia.

Pues algo similar pasa en el Congreso de Diputados y acabamos de tener la demostración palpable: PSOE y PP reforman la Constitución y ni tan siquiera escuchan al resto de partidos; desprecio absoluto a su opinión; no cuentan ni quieren que cuenten.

Es por ello que CiU se siente marginada y en la votación para dar curso o no al proyecto de reforma constitucional, se abstiene de votar (?!). Y es claro: CiU ha necesitado sentirse ignorada para no querer participar del contubernio de reforma.

Idéntica actuación de abstención que no voto en blanco, han tenido a la hora de la votación final del texto de reforma del artículo 135 de la Constitución gran parte del resto de partidos minoritarios, algunos de los cuales han abandonado incluso el hemiciclo para hacer patente su abstención.

Ahora entenderán todos los partidos políticos, por haberlo sufrido en su propia carne, que tantos ciudadanos y cada vez más, se sumen a la abstención porque los políticos ignoran a sus representados, a los que se deben y les sustentan, sin miramiento alguno y absoluto desprecio como han hecho ahora PSOE y PP a la minoría parlamentaria del resto de partidos que suman un minúsculo 8,29%.