La política exterior española de los últimos años, no tiene ni pies ni cabeza. Nos retiramos súbitamente del conflicto de Irak –so pretexto de guerra ilegal, con el enojo de los aliados implicados en la misma, especialmente EEUU-, y nos implicamos hasta las “trancas” en el conflicto armado de Afganistán –so pretexto de guerra legal, o por mejor decir, de intervención humanitaria-. Algo, que después de la “espantada iraquí” no nos agradecerán jamás los aliados, y además el interés geoestratégico en la zona de España no es superior al que pudiera tener Suiza, que no se ha implicado en el conflicto-.

Eso sí, la contribución económica para soporte de dicho conflicto armado nos sitúa en el décimo lugar de los países intervinientes según el número de soldados enviados (1550 efectivos), con un coste de unos 2000 millones de euros, de gasto en el ámbito militar, desde el año 2002 hasta la fecha.

Pero en el plano de cooperación internacional, referido a ayuda a la reconstrucción del país, nos hemos gastado 160 millones de euros hasta la fecha, teniendo comprometidos otros 60 millones de euros hasta el 2012, que llevan a posicionar a España como uno de los países más comprometidos en la reconstrucción del país.

A título meramente comparativo hemos de indicar que EEUU ha llevado a cabo proyectos de cooperación y desarrollo en Afganistán por importe de unos 200 millones de euros, Alemania unos 50 millones de euros, y Noruega 40 millones de euros.

Todo lo anterior, nos lleva a considerar inapropiado por exorbitante la cantidad gastada en dicho conflicto, e incluso en cooperación en tan lejano lugar. Pero resulta especialmente inadecuado en tiempos de crisis económica y escasez, en los que la deuda pública y privada asfixia a la ciudadanía española, por imperativo del sistema económico en que nos encontramos inmersos, y que está obligando a dramáticos recortes del gasto público, que está afectando al salario de los empleados públicos, y a la prestación de servicios públicos en España, como hacía años no se daban, llegando al límite de la “quiebra del propio Estado del Bienestar”.

Sencillamente nos parece una incoherencia y una profunda injusticia, que se dedique dinero público español a reconstruir un lejano país en conflicto bélico de varias décadas, mientras que la Universidad de Murcia ha hecho público que no podía garantizar la nómina de sus trabajadores más allá del mes de septiembre, como ocurre en cientos de ayuntamientos españoles, empresas públicas, y alguna Comunidad Autónoma.

Ante ello, nos quedaría preguntar al gobierno actual, o al próximo que salga de las elecciones si ¿piensa cuestionar esa ingente cantidad de millones pendiente de ejecución en Afganistán, habida cuenta de la importante contribución ya realizada, y del estado económico de España?.

Y de igual manera, que hemos puesto el ejemplo de Afganistán, existen otros casos de cooperación internacional de España, que han quedado desmesurados, dada la crítica situación económica del país, y que requieren una urgente revisión con su consiguiente recorte.
¡Esperemos que se imponga la sensatez, en este ámbito y en los demás del gasto público, que eviten la precipitación de nuestro país, y su modelo de socioeconómico que tanto trabajo ha costado laborar…!.